El presidente del Gobierno acaba de presentar ante el Congreso de los Diputados un paquete de medidas para frenar la corrupción entre las que destacan dos proyectos de ley, que afectan a los partidos políticos y a los altos cargos de la Administración del Estado, y una serie de enmiendas al proyecto de modificación del Código Penal.

La aprobación de este paquete legislativo ha dejado patente que todas las medidas anticorrupción aprobadas con anterioridad han fracasado estrepitosamente y que nuestra clase política sigue lucrándose a costa de la sociedad cuyos intereses dice servir.

Por ello, y con el fin de evitar los abusos de la clase política, los carlistas proponemos la aprobación y aplicación práctica de dos instituciones jurídicas que nos ha legado nuestra Tradición y que nunca debieron ser abolidas por el sistema liberal:

1. El ‘Mandato imperativo’, para que los políticos sirvan realmente a sus vecinos y estén obligados a cumplir las promesas fijadas en su programa electoral.

2. El ‘Juicio de residencia’, para que los políticos rindan cuentas ante sus vecinos cuando concluya el tiempo de desempeño de su cargo y sean auditados por el ejercicio de su función.

Desde la Comunión Tradicionalista Carlista reivindicamos que contra la corrupción, ¡Tradición!