La Gloriosa: ¡Viva España con honra!
En abril de 1868 falleció el general Narváez. La reina, Isabel II, nombró para sustituirle al ultraconservador Luis González Bravo quien continuó con la política autoritaria y represiva de su antecesor tratando de controlar la situación de anarquía y desconcierto, pero el desprestigio de la Corona había llegado a un punto culminante.
A principios de septiembre de ese año todo estaba preparado para el pronunciamiento militar que se acordó se iniciaría en Cádiz con la sublevación de la flota por el almirante unionista Juan Bautista Topete. Allí llegó en la noche del 16 de septiembre desde Londres, vía Gibraltar, el general Prim, acompañado de los progresistas Práxedes Mateo Sagasta y Manuel Ruiz Zorrilla, antes de que recalaran desde Canarias en un vapor alquilado con dinero del duque de Montpensier los generales unionistas allí desterrados con el general Francisco Serrano a la cabeza. Los generales masones Pierrad, Moriones y Contreras, además de Malcampo, Dulce y Méndez Núñez, movimiento en el que colaboró la práctica totalidad de la flota, entre cuya oficialidad había gran numero de hermanos de la secta. Miembros también de la Masonería, Antonio Arístegui, Federico Rubio, Francisco Díaz Quintero, Manuel Carrasco, Antonio Machado Álvarez[1], Tomás Arderíus, Manuel Sánchez Silva y el general Peralta, firmaron el manifiesto de Sevilla, ante lo que Prim y Topete decidieron no esperar, de modo que este último se sublevaba el 18 de septiembre al frente de la escuadra. Al día siguiente, tras la llegada de Serrano leyó Topete el escrito redactado por el unionista Adelardo López de Ayala en el que se justificaba el pronunciamiento y que acababa con un grito —“¡Viva España con honra!”— que se haría célebre, aunque según algunos, Josep Fontana entre ellos, el manifiesto “era un auténtico prodigio de ambigüedad política”.
La historiografía liberal del siglo XIX explicó la revolución de 1868 por motivos políticos. Según esta visión, a lo largo del reinado de Isabel II se produjo un enfrentamiento entre dos ideologías: una casi absolutista, reaccionaria, clerical y oscurantista, representada por el Partido Moderado y por la Corona y su camarilla; y otra liberal, reformista, anticlerical (que no anticatólica en ese momento) y progresista. Así la revolución de 1868 significaba el triunfo de la segunda sobre la primera, como lo demostraba el grito que resonó fuertemente durante “La Gloriosa”: “¡Viva la Soberanía Nacional! ¡Abajo los Borbones!”.
Isabel de Borbón y Borbón (II)
Después, el movimiento revolucionario se achacó a la crisis financiera a la que algunos añadieron la de subsistencias. Josep Fontana publicó en 1973 un libro en el que reflexionaba sobre las causas de esta revolución en el que señalaba que buena parte de los políticos y militares que protagonizaron la revolución tenían intereses en las compañías ferroviarias cuyas crecientes pérdidas habían desencadenado la crisis financiera de 1866. El general Serrano, por ejemplo, era el presidente de la Compañía de los Ferrocarriles del Norte, que atravesaba graves problemas que sólo una subvención del Estado podría solucionar. Además había que considerar la importancia de otra crisis de raíz económica, paralela a la financiera, la crisis de subsistencias de 1867-1868 resultado de las malas cosechas de aquellos años que provocó una grave escasez y carestía de productos básicos como el pan que afectó muy duramente a las clases populares.
Gregorio de la Fuente retoma la tesis de que la “La Gloriosa” se había producido como resultado del conflicto entre dos sectores de las élites políticas de la era isabelina: un sector “revolucionario” encabezado por el Partido Progresista aliado con el Partido Demócrata, y liderado por el general Prim; y un sector conservador que apoyaba a Isabel II y que estaba integrado inicialmente por el Partido Moderado liderado por el general Narváez y por la Unión Liberal del general Leopoldo O`Donnell, y que fracasó en su intento de volver a integrar en el régimen a los progresistas. Y añade que precisamente la muerte de estos dos líderes (el primero en abril de 1868 y el segundo en noviembre del año anterior) fue un elemento decisivo en la caída de Isabel II, pues con el fallecimiento del primero el régimen perdió a su principal bastión defensivo por la influencia que tenía en el Ejército y con el fallecimiento del segundo desaparecía el último obstáculo que impedía que la Unión Liberal se pasara al campo “revolucionario”, lo que selló la suerte final de la monarquía de Isabel II.
El 28 de septiembre tuvo lugar la decisiva Batalla de Alcolea (Córdoba) en la que la victoria fue para las fuerzas sublevadas al mando del general Serrano que contaron con el apoyo de millares de voluntarios armados. Al día siguiente el levantamiento triunfaba en Madrid y el día 30 Isabel II abandonaba España desde San Sebastián en medio de la indiferencia general, acompañada de su familia (el rey consorte la abandonaría muy pronto, para irse a vivir con Meneses).
El Sexenio democrático
*Influencia de la masonería
Esa revolución, conocida popularmente como “La Gloriosa”, destronó a la reina Isabel II y permitió a la masonería, en palabras de Galo Sánchez Casado[2], reanudar sus actividades y comenzar una etapa de libertades públicas para la Orden. A partir de ese momento, la masonería española conoce un periodo, aunque corto, de auge e influencia en la vida nacional. Los responsables más directos de la revolución pertenecían a las logias, civiles o militares; por ello, en la Constitución de 1869 se cree percibir claras huellas del espíritu masónico español que le dio vida.
Las logias españolas habían actuado con efervescencia en los medios políticos, educacionales, intelectuales y militares, adquiriendo un fuerte matiz anticatólico entre 1854 y 1868. Entre los masones que ocupaban grandes cargos en el Supremo Consejo estaban el duque de Monpensier, Pedro González de la Serna, Vicente Moreno de la Tejera, Francisco Javier Parody y los generales Serrano, duque de la Torre, Prim, conde de Reus y marqués de los Castillejos y el general Izquierdo, así como políticos Manuel Becerra, Práxedes Mateo Sagasta (“hermano” Paz), Nicolás María Rivero, Juan Moreno Benítez y Juan Álvarez Lorenzana.
Masones destacados del período entre 1868 y la Restauración fueron: Presidentes del Consejo de Ministros: Prim, Malcampo, Manuel Ruiz Zorrilla (“hermano” Cavour) y Sagasta. Ministros: Romero Ortiz, Segismundo Moret y Prendergast (“hermano Cobden), Cristino Martos Balbi (“hermano” Catón), presidente del Congreso; Eleuterio Maisonnave, Gran Comendador; Eduardo Chao, José Cristóbal Sorní, Jacobo Oreiro, Gran Comendador; Francisco Salmerón, Victor Balaguer y Cirera (“hermano” Tamarit), Joaquín Bassols, Eugenio Gamindez, José Pieltain, José Beránger, almirante; José Muro, Ramón Nouvilas y José Echegaray. Diputados y Senadores: José Abascal, alcalde de Madrid; Jose María Orense marques de Albaida, presidente de las Cortes Constituyentes de 1873; Agustín Albors, Pablo Alsina, Mariano Alvarez Acevedo; José Toribio de Ametller, general; Gabriel Baldrich, general; Roque Barcia, escritor; Ramón Cala, periodista; Luis Blanc, escritor; Manuel Becerra, Gran Comendador; Manuel Cantero, ex ministro; Manuel Carrasco; José María Carrascón, periodista; Juan Contreras, general; Rafael Coronel y Ortiz, director de administración; Salvador Damato, militar; Francisco Díaz Quintero, abogado y periodista; Domingo Dulce y Garay, general director de Caballería; duque de la Victoria, general; José Fantoni y Solís, abogado; Ruperto Fernández de las Cuevas, ingeniero; Ángel Fernández de los Ríos, escritor; Miguel Ferrer y Garcés, catedrático; Santiago Franco Alonso, abogado; Francisco García López, abogado; Gregorio García Ruiz, periodista; Rafael Guillén y Martínez; Bernardo García, periodista; Francisco González User, industrial; Simón Gris Benítez, abogado; Pedro Gutiérrez Agüera; Juan Manuel González Acevedo; Santos de la Hoz y Sánchez; Adolfo Joarizti Lasarte; José Lagunero, general; Manuel Llano y Persi, secretario del Congreso; Baldomero Lostau; Romualdo la Fuente; Ricardo López Vázquez, secretario de la Presidencia del Consejo; Lorenzo Miláns del Boch, general; Domingo Moriones, general; Pascual Madoz, ex ministro; Manuel Merelo, catedrático; Luis de Moliní, Marqués de Montemar; Juan Moreno Telinge; Vicente Morales Díaz, abogado; Juan Moreno Benitez, gobernador de Madrid; Ricardo Muñiz, director de la Casa de la Moneda; Pedro Muñoz Sepúlveda, actor; don Pedro Mateo Sagasta, director de Administración; don Cesáreo Martín Somolinos, farmacéutico; don Juan Martínez Villegas, poeta satírico; don Narciso Monturiol; José Navarrete, comandante de Artillería y Salustiano Olózaga, ex ministro; los generales Palacios, Peralta y Rosell; Manuel Ortiz de Pinedo, abogado; Eusebio Pascual Casas, periodista; José Paúl y Anulo; Víctor Pruneda, escritor; Zoílo Pérez, médico; Florencio Payela, abogado; Antonio Pedregui Guerrero; Antonio Ramos Calderon, director de la Deuda; Ignacio Rojo Arias, Gran Comendador y gobernador de Madrid; Federico Rubio y Galí, cirujano; Facundo Ríos Portillo, gobernador y secretario de las Cortes; Francisco Rispa y Perpiñá, Gran Comendador; Roberto Robert, ministro plenipotenciario; Roldán del Palacio, abogado; Manuel Regidor Jurado, periodista; Marqués de Santa Marta, Gran Maestre; Gonzalo Serraclara, abogado; Juan Pablo Soler, escritor; Prudencio Sañudo, abogado; Salvador Salaute, abogado; Salvador Sampere y Miguel, académico e historiador, y Miguel Uzuriaga.
Y otros como: Clemente Fernández Elías, catedrático; Rosendo Arús; Amable Escalante, general; Ricardo Díaz Rueda, magistrado del Supremo; Nicolás Calvo Guasti; Felipe Picatoste, publicista; Francisco José Barnés, catedrático; Antonio Pirala, historiador; Mariano García, ministro plenipotenciario; Ramón Escandón, astrónomo; Juan Téllez Vicens, catedrático; Bernardo Orcasitas, alcalde de Madrid y Vicente Moreno de la Tejera. La abundancia de miembros de la Orden en puestos de máxima relevancia rebate la idea que con tanto empeño tratan de convencer a la sociedad, de la falta de interés de la secta por imponer sus criterios en política.
Durante este período del Sexenio, los masones pudieron darse a conocer y expresar públicamente sus opiniones. El 1 de mayo de 1871 comenzó a publicarse el Boletín Oficial del Gran Oriente de España y al año siguiente veía la luz el Diccionario Masónico de bolsillo, de Pertusa. En esta última obra se decía que la francmasonería era: “una asociación de hombres libres y de buenas costumbres, que tiene por único y exclusivo objetivo el mejoramiento social de la humanidad”. Según Pere Sánchez, «esta fue una masonería con una muy poco disimulada vocación política en la que no pocos personajes utilizaban su estructura e influencia para escalar al poder y al prestigio, a lo que no hacía ningún asco la institución siempre que el político en cuestión favoreciese sus intereses. No es exagerado afirmar que a algunos de ellos se le concedieron los 33 grados en tres días y que muchos otros, que ostentaban cargos importantes, difícilmente sabían algo de la masonería y no asistían a los trabajos masónicos. De ideología progresista y composición burguesa, era entonces el prototipo de masonería latina, de características bastante diferentes de la anglosajona, como el anticlericalismo militante o el apoyo a determinadas revoluciones políticas. Esta masonería, propia de la Europa latina, se convirtió al positivismo científico y al sufragio universal en la segunda mitad del siglo XIX y alguna de estas obediencias incluso eliminó de sus estatutos la obligatoriedad de reconocer la existencia del Gran Arquitecto del Universo (Dios)«.
También proliferaron las obras antimasónicas. Algunas expresaban con mucha lógica, su desconcierto ante el hecho de que «una asociación de carácter civilizador, benéfico y moral» tuviera que «estar velada tras el misterio«, y que «para hacer el bien necesite envolverse en las tinieblas”, por lo que concluía: “La masonería se oculta sistemáticamente a los ojos de todos, y la asociación que así obra no puede representar el bien y la verdad”.
*En busca de un rey
A partir del triunfo de la revolución y durante seis años conocidos como el Sexenio Democrático (1868-1874) la coalición de liberales, moderados y republicanos se enfrentaba a la tarea de encontrar un mejor gobierno que sustituyera al de Isabel. Al principio las Cortes rechazaron el concepto de una república para España, y Serrano fue nombrado regente mientras se buscaba un monarca adecuado para liderar el país. Previamente se había aprobado una Constitución de corte liberal que fue promulgada por las Cortes en 1869.
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La búsqueda de un Rey apropiado demostró finalmente ser más que problemática para las Cortes. Juan Prim, el eterno rebelde contra los gobiernos isabelinos, fue nombrado dirigente del gobierno en 1869 . De él es la frase: “¡Encontrar a un rey democrático en Europa es tan difícil como encontrar un ateo en el cielo!”. Se consideró incluso la opción de nombrar rey a un anciano Espartero, aunque encontró el rechazo del propio general, quien, no obstante, obtuvo ocho votos en el recuento final. ¿Por qué tanto afán en buscar un rey y no proclamar la República? Prim lo dijo con claridad: España no era republicana y la rivalidad entre los líderes políticos creaba el temor a que nuestro país se convirtiera en una de estilo hispanoamericano, es decir, en una nación sojuzgada por un militar.
Se buscaba ante todo, que la dinastía del aspirante tuviera un perfil liberal, lo que por aquel entonces significaba que no se hubiera opuesto a un régimen constitucional. En cuanto al propio aspirante, tenía que ser católico, aunque no necesariamente vaticanista –en Roma estaba Pío IX, enemigo declarado del liberalismo impregnado de masones–, y no debía identificarse con partido alguno, lo que excluía directamente a Antonio de Orleans, cuñado de Isabel II, inductor de la revolución, intrigante sin tregua, que mostraba su simpatía hacia la Unión Liberal del general Serrano. Por último, en la designación había que respetar el delicado statu quo europeo, y tener muy en cuenta la susceptibilidad de Napoleón III.
Muchos propusieron al joven hijo de Isabel, Alfonso (que posteriormente sería el rey Alfonso XII de España), pero la sospecha de que éste podría ser fácilmente influenciable por su madre y repetir los fallos de la anterior reina, le convertía en alternativa poco viable. Fernando de Sajonia-Coburgo, antiguo regente de la vecina Portugal, fue considerado también como una posibilidad.
Otra de las posibilidades era el príncipe Leopoldo de Hohenzollern, el rey que hubiera querido el general Prim: culto, bien casado, con descendencia, católico pero no vaticanista, que hubiera aliado España a la potencia emergente en Europa: Alemania. Sin embargo, la propuesta de Otto von Bismarck provocó abiertamente el rechazo de Francia, hasta el punto de que el ministro de Asuntos Exteriores francés envió el llamado Telegrama de Ems, que posteriormente sería el detonante (o la excusa) para la Guerra Franco Prusiana.
El Italiano Amadeo de Saboya
El conflicto fue aprovechado por Víctor Manuel III para que su hijo Amadeo aceptara la corona que tiempo atrás había rechazado. La elección lo fue por carambola. No fue el único de los Saboya al que se ofreció la corona, pues también se sondeó a su hermano mayor, Cavagni, y al sobrino de Víctor Manuel II, Tomás, duque de Génova, un niño de 13 años. La opción de Amadeo salió adelante por dos factores:
- porque fracasaron todaslas demás: las de Fernando Coburgo, Leopoldo de Hohenzollern, Antonio de Orleáns, Alfonso de Borbón, Espartero, Carlos de Borbón, el ruso Constantino Nikolaevich Romanov, el danés Hans de Glücksburg y el alemán Federico de Hesse-Kassel y
- porque Amadeo encontró el apoyo fraternal de sus hermanos de Orden, pues ostentaba el grado 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Quizás por ello, nada más llegar a Madrid, fue a rendir homenaje a su “hermano” y gran valedor Prim, quien, asesinado, estaba de cuerpo presente en la Basílica de Nuestra Señora de Atocha[3].
El asesinato fue producto de una conjura. Los autores, masones en su mayoría los materiales, y, desde luego los intelectuales (Antonio de Orleáns, duque de Montpensier y el general Serrano), se sentían amenazados con el cambio de dinastía que había procurado Prim, la cual podía provocar la pérdida de su posición privilegiada. Últimamente una comisión de investigadores en distintas disciplinas ha retomado el estudio de las causas de la muerte del reusense llegando a conclusiones llamativas: encontró en el antiguo sumario la lista original con los doce presuntos asesinos, (presuntos por cuanto no es posible ya celebrarse el juicio), los cuales “fueron contratados prácticamente todos los asesinos a sueldo disponibles en España en aquel tiempo, a los que se les ofrecía un cantidad diaria de diez pesetas, un premio de cinco mil duros (mucho dinero para la época) y la garantía de seguridad de permitirles escapar“, pero la más importante de las conclusiones fue la afirmación de que según las autopsias practicadas, no murió por los disparos de los que resultó herido, sino que fue ayudado por estrangulamiento.
¿En todo el asunto aparecen implicados miembros de la secta, ¿dónde quedó la fraternidad que estiman uno de sus valores fundamentales? Prim se había alejado de la masonería y poco antes al haberse negado a participar en reuniones con altos grados masónicos, éstos le habían amenazado. Podría ser también el resultado de la lucha entre las dos corrientes masónicas de líneas perfectamente definidas: de un lado los de ideología progresista inclinados a la República; y los del otro, los de ideología moderada, partidarios del conservadurismo y la restauración monárquica, aunque NUNCA en la persona de la derrocada Isabel II.
Hasta este momento no había salido la masonería a la calle; ahora, reconocida públicamente, asisten los miembros de las logias con sus insignias y símbolos a los entierros del brigadier Escalante, del infante don Enrique y del general Prim (1870).
La inestabilidad política española causó grandes dificultades a Amadeo. La coalición de gobierno que había levantado Juan Prim se había fraccionado tras su muerte. La Unión Liberal, salvo Francisco Serrano y un pequeño sector, abrazó la aún expectante causa borbónica. Los progresistas se habían escindido en radicales, dirigidos por Ruiz Zorrilla, y constitucionalistas, encabezados por Sagasta[4]. Hubo seis ministerios en los poco más de dos años que duró su reinado, creciendo cada vez más la abstención, Tras un intento de asesinato contra su persona el 19 de julio de 1872, Amadeo I declaraba su angustia ante las complicaciones de la política española “Ah, per Bacco, io non capisco niente. Siamo una gabbia di pazzi — No entiendo nada, esto es una jaula de locos, (de grillos, diríamos)”. La situación no parecía mejorar, debido al estallido de la Tercera Guerra Carlista y del recrudecimiento de la Guerra de los Diez Años en Cuba. Además, al empezar 1873, la coalición gubernamental, presa de fuertes fricciones entre los partidos que la conformaban, se separó definitivamente, presentándose por separado a las elecciones.
Con el asesinato de Prim, Amadeo perdió su mejor apoyo, pero intentó seguir adelante tratando de que España tuviera con él un gobierno estable, aunque las tensiones no se lo permitieron. La guinda la puso un conflicto entre Ruiz Zorrilla y el Cuerpo de Artilleros. El presidente había manifestado su decisión firme de disolver dicho organismo militar, bajo amenaza de dimitir, y, en contestación, el ejército propuso a Amadeo I que prescindiera de las Cortes y gobernara de manera autoritaria a lo que el de Saboya se negó. La tradición madrileña asegura que al mediodía del 11 de febrero de 1873 al rey Amadeo I le comunicaron su “despido” mientras esperaba su comida en el restaurante del Café de Fornos[5]. De inmediato, anuló el pedido, recogió a su familia, renunció al trono y, sin esperar la autorización de los diputados (según exigía el artículo 74.4 de la Constitución de 1869) se refugió en la embajada italiana.
Escribió su mensaje de renuncia dirigido a la representación de la Nación porque le merecía mayor respeto que el propio Presidente del Consejo de Ministros, pero se negó a leerlo. Tuvo que hacerlo su esposa. Fue un rey con mala suerte. Desde el primer momento de su corto reinado, contó con el sistemático rechazo de carlistas y republicanos, cada uno por razones inherentes a sus intereses; pero también de la aristocracia borbónica, que lo veía como un extranjero advenedizo; de la Iglesia, por apoyar las desamortizaciones y por ser el hijo del monarca que había clausurado los Estados Pontificios; y por el pueblo, que le echaba en cara su escaso don de gentes y dificultad para aprender el idioma español.
*La República federal
El 9 de febrero de 1873, el rey Amadeo, harto ya de la corona de España, abdicó. Varios grupos de federales armados sitiaron el Congreso y exigieron la proclamación de la República. Detrás de esta maniobra estaban el general Contreras y el propagandista Roque Barcia, ambos reconocidos masones. Al tiempo, llegó al Congreso un telegrama en el que los federales catalanes anunciaban una revuelta si no proclamaban la República. Los radicales y los republicanos formaron mayoría y votaron la proposición de Pi y Margall para proclamar la República. Tras un receso de tres horas, se anunció que Figueras formaría Gobierno, lo cual hizo contando con José Echegaray, Fernández de Córdoba, Beránger, Manuel Becerra, Francisco Salmerón, Castelar y Pi y Margall.
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Caricatura de la revista satírica La Flaca del 3 de marzo de 1873 sobre la pugna entre los radicales, que defienden la república unitaria, y los republicanos federales que defienden la federal
En esta situación, las Cortes proclamaron la primera Republica federal en España, sin un periodo de reflexión transitorio, ni un estudio calmado de las fórmulas federalistas históricas vigentes entonces, como la de los EEUU o la Helvética, ambas con un fuerte sentimiento de unidad nacional. En aquel federalismo autóctono ocurrió todo lo contrario. En lugar de cómo reza el lema americano “E Pluribus Unum”(de muchos, uno), adoptó “E uno, plures” (de uno, muchos). Las Cortes, muy divididas entre moderados, revolucionarios y extremistas, debatieron sin llegar a establecer acuerdos estables en la fórmula de cómo desarrollar ese federalismo, situación que hizo posible la fórmula radical del cantonalismo, animado por los diputados llamados “intransigentes”, movimiento responsable de un gran desorden interno, animando los peores instintos secesionistas y poniendo en riesgo la unidad nacional.
El 12 fue proclamada la República. En sesión permanente eligieron como presidente del Poder Ejecutivo (que incluía la jefatura del Estado y la del Gobierno) al abogado catalán Estanislao Figueras y Moragas, del partido de Rivero. En ninguno de los casos participa el pueblo, a no ser que consideremos pueblo a la chusma republicana que rodeó el Congreso al comienzo de la sesión y que fue disuelta por la Milicia Nacional. Arreciaba la guerra carlista, la economía se hundía y sólo dos potencias, otras dos repúblicas, habían reconocido al nuevo régimen: Suiza y Estados Unidos. La joven república francesa, en cambio, no. La anarquía crecía ante un Figueras que tenía pánico a ser considerado autoritario o represor. Inmediatamente, estalló en las Provincias Vascongadas un nuevo levantamiento carlista.
Figueras quedó sobrepasado por los acontecimientos, trufados de revolución y golpismo. Tocado en lo personal, y agotado en lo político, entre tres intentos de golpe de estado de radicales y conservadores, y otros tantos de los federales, el 10 de junio de 1873, después de una discusión con su amigo Pi, salió del Congreso, enfiló hacia la estación de Atocha cogió un tren a París y desde allí mandó a los dos días un lacónico telegrama diciendo adiós. El primer presidente había gobernado 119 días.
Reunidas en sesión secreta, las Cortes escogieron como sustituto a Federico Pi y Margall, a quien todo el mundo, salvo sus partidarios, consideraba un intransigente. El programa, de Pi se articulará en torno a cuatro ideas centrales:
1) instauración de una República federal en España, frente a los intentos de mantener una monarquía constitucional pero también frente a los partidarios del republicanismo unitario;
2) implementación de un amplio programa de reformas sociales, que se traducirá en la asunción de un socialismo reformista y democrático y en la defensa de los intereses de la clase obrera;
3) postulación de una vía legalista y no insurreccional para la consecución de este objetivo, que lo llevará a condenar y enfrentarse al cantonalismo y al militarismo de algunos sectores del republicanismo;
4) abandono de la caótica estructura organizativa previa de movimiento político plural del republicanismo y apuesta decidida por la construcción de un moderno partido político republicano federal en toda España, dotado de programa único y organización disciplinada.
5) Mantiene una cerrada defensa de la laicidad, la secularización y el desencantamiento del mundo: “El misterio es el alma de las religiones, quitádselo y sucumben”[6]
En esta coyuntura, donde las superpuestas tensiones entre gobierno y posición, liberalismo y carlismo, unitarismo y federalismo, benévolos e intransigentes etc. estallan en mil conflictos políticos y militares, Pi no abandona ni sus convicciones democráticas y constitucionales, ni sus preocupaciones sociales. Postulará un programa de reformas sociales, algunas de las cuales reaparecerán años más tarde en el programa federal de 1894: restricción del trabajo niños y mujeres, jurados mixtos, venta de bienes nacionales en favor de las clases obreras etc. Bajo su gobierno empezaron las sublevaciones de los cantones. Pi pidió poderes dictatoriales a las Cortes, de los que no supo hacer uso; además añadió que los usaría para reprimir a los carlistas, pero no a los federales rebeldes, a los que bombardeaba con proclamas y reprimendas. Los monárquicos le llamaron Rey Pi. El 17 de julio, a instancia de las Cortes, dimitió. Gobernó 37 días defendiendo contra propios y extraños la convocatoria de un poder constituyente y una Constitución federal, frente a la federación de cantones.
El tercer presidente fue el catedrático de Metafísica Nicolás Salmerón Alonso de la Logia del Gran Oriente de España, quien tenía prestigio como orador y persona de intachable moral, cercano a la intransigencia. Tras el corto reinado de Amadeo I de Saboya fue ministro de Gracia y Justicia. En su mandato preparó el proyecto de separación entre la Iglesia y el Estado, reformas penitenciarias e inmovilidad de funcionarios. Más tarde nombrado presidente del Congreso y finalmente del Poder Ejecutivo. Durante su breve mandato (18 de Julio al 7 de Septiembre de 1873), reprimió los numerosos desórdenes que se estaban produciendo en todo el territorio: consiguió vencer las sublevaciones cantonalistas salvando la importante plaza militar de Cartagena. Dimitió al negarse a firmar algunas sentencias de muerte dictadas para restablecer la disciplina. Le sucedió Emilio Castelar. Su negativa a apoyar a Castelar el 2 de enero de 1874 -fecha en la que ya había dimitido como presidente de la República- abrió paso al golpe de Manuel Pavía, que le desprestigió como político. Gobernó 51 días.
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Emilio Castelar Ripoll, masón también de origen krausista, fue el cuarto presidente. Tenía entre sus virtudes (energía, patriotismo, prudencia…) la de ser uno de los poquísimos políticos españoles que en esos años no había cambiado de partido. Para tratar de salvar el régimen disolvió las Cortes y actuó con la diligencia de un dictador, movilizando hombres y recursos y encargando el mando de las operaciones a militares profesionales, aunque de dudosa fidelidad a la República. Prosiguió la represión de los cantonalistas y carlistas, y para evitar la inestabilidad parlamentaria suspendió el 20 de septiembre las Cortes hasta el 2 de enero de 1874. En ese tiempo gobernó por decreto para controlar la situación.
Los anteriores presidentes del Poder Ejecutivo, Figueras, Pi y Salmerón, se unieron para conspirar contra él. Salmerón, al que Castelar le había ofrecido gobernar conjuntamente, lo rechaza, según algunos, por envidia. El golpe de los federales consistía en hacer caer el Gobierno de Castelar cuando se reanudasen las sesiones y tomar los puntos estratégicos de Madrid con los voluntarios de la República. Mientras los diputados peroraban y negociaban la elección de un quinto presidente, Manuel Pavía y Lacy, marqués de Novaliches, que nunca perteneció a la Guardia Civil, ordenó al ejército como jefe del mismo en toda Castilla la Nueva, que entonces englobaba a Madrid, que cerraran la asamblea. El suspiro de alivio en España y en el resto de Europa fue inmenso. Uno de los elementos de estabilidad en los años posteriores fue el recuerdo del manicomio que había sido la I República.
Cantonalismo
El federalismo salvaje significó en la práctica, la partición de España porque los partidarios del cantonalismo, lanzados a la insurrección en julio de 1873, pasaba porque cada aldea, pueblo o ciudad de España, pudiera constituirse como una especie de mini Estado casi independiente, si así lo decidían sus ciudadanos (derecho a decidir ̶ ése que ahora vuelven a propugnar ̶). Estos postulados, aunque no deseados por muchos republicanos federalistas moderados, hicieron posible que el Ayuntamiento de Sevilla proclamase su particular República Social. Continuaron declarándose cantones independientes Cartagena, Valencia, Málaga, Alcoy, Algeciras, Almansa, Andújar, Bailen, Cádiz, Castellón, Granada declara la guerra a la de Jaén y la de Jumilla amenaza a la de Murcia; Motril, Salamanca…Da idea de las minúsculas particiones de España el hecho de que en un pequeño pueblo de Toledo, su alcalde Luis Villaseñor y de Oliva[7], declaró el cantón independiente de Camuñas, donde incluso, dicen, se pretendió emitir moneda[8]. Otra región en pretender la independencia fue Galicia, quien solicitó su unión con Inglaterra.
Alegoría de España deshecha por el cantonalismo federal.
Cataluña aprovecha la situación y el 21 febrero de 1873 se produce un motín federalista en Barcelona, proclamando el Estado Catalán y exigiendo la disolución de las tropas de Cataluña. La República Catalana, se proclama el 8 de marzo una vez ha huido de la ciudad el Capitán General, Eugenio de Gaminde y los federalistas nombran a Baldomero Lostau Prats,[9] presidente de esa república. El Ayuntamiento de Barcelona, principal impulsor de la insurrección, llegó a izar la bandera separatista, con dos franjas coloradas llenas de pequeñas estrellitas. El 10 de marzo el Gobierno central atiende a las exigencias separatistas y decide disolver el Ejército de Cataluña. El 20 de septiembre, Emilio Castelar asume la presidencia del Gobierno de España y envía al general Martínez Campos a Barcelona a restablecer la autoridad del Estado y con ella, la normalidad.
Con todo, el peor de los movimientos cantonales fue el de Cartagena. El 12 de julio de 1873, los revolucionarios se hacen con el gobierno civil, el militar y entran en el Ayuntamiento nombrando una Junta que en nombre del Cantón Independiente, toman el control del arsenal y del puerto donde estaba amarrada la mayoría de la flota española, la cual se une a la sublevación. En el Castillo de Galeras se iza la bandera cantonalista, una bandera turca que una vez pintada de rojo la media luna, que, según ellos, representa la sangre derramada, se identificará con el Cantón. Con el armamento del arsenal y su flota, resisten el contraataque de las tropas gubernamentales. La armada cantonalista, al mando del militar progresista Antonete Gálvez, de Torreagüera, “Tonete” para los amigos, con 500 hombres del Batallón de Cazadores de Mendigorría a bordo, llegaron a bombardear con la fragata Victoria el puerto de Alicante. Recaudan allí 8.000 duros y se incautan del vapor de guerra Vigilante. También organizó una marcha sobre Madrid, llegando hasta Chinchilla (Albacete). El objeto de estas incursiones por mar y tierra era incorporar localidades al cantón, y recaudar fondos o contribuciones de guerra para mantener su independencia. Como tal tenía moneda propia, el Duro Cantonal, y editaba un periódico titulado «El Cantón Murciano«. Se puso en contacto con el de Estados Unidos llegando a solicitar su ingreso en la Unión y le pide ayuda para mantener su independencia frente al poder centralista de Madrid. Después de seis meses de asedio, Cartagena se rinde el 12 de enero de 1874 al general López Domínguez.
El 18 de julio dimitió Pi y Margall y fue sustituido por Salmerón, quien inmediatamente lanzó a las tropas contra los insurrectos que fueron vencidos a los pocos días, tras ligera resistencia. El 26 de julio, con la caída de Cádiz, quedó restaurado el poder del Gobierno en toda Andalucía y, casi al mismo tiempo, fueron sometidas Murcia y Valencia. Castelar dijo que el movimiento cantonalista fue “una amenaza insensata a la integridad de la Patria y al porvenir de la libertad”.
La I República federal finalizó, como sabemos, con el golpe militar de Pavía el 3 de enero de 1874, manteniéndose como republica unitaria con la dictadura de Serrano, que tuvo que hacer frente al secesionismo, a la guerra carlista y a la cubana, hasta fin de año. En once meses se habían sucedido cuatro presidentes masones y varios gobiernos, casi todos formados con miembros de distintas fraternidades. El régimen político vigente se movía entre dos alternativas: una consistía en consolidar un régimen de carácter republicano unitario, bajo la dirección de Serrano, que permitiera recuperar, desde posiciones moderadas, los principios de la revolución de 1868. La otra posibilidad era preparar la restauración de la Monarquía en la dinastía borbónica, proyecto auspiciado por los alfonsinos de Cánovas del Castillo desde varios años antes y que fue la que consiguió imponerse. La cobertura ideológica y doctrinal la logró Cánovas con la difusión del Manifiesto de Sandhurst que apelaba a la necesidad de restaurar una monarquía hereditaria y constitucional, acorde con la tradición histórica española. El ejército hizo lo restante, poniendo final al régimen de Serrano, mediante un pronunciamiento, dirigido desde Sagunto por el general Martínez Campos, el pacificador de Barcelona el año anterior.
[1] Padre del famoso poeta, fue Venerable masón de la logia sevillana Fraternidad Ibérica
[2] GALO SÁNCHEZ CASADO: “Los altos grados de la masonería” p 223
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[3] Prim ostentaba el grado 18 de Caballero Rosa Cruz, (hermano Washington) por ello, don Benito Pérez Galdós aclara que la excesiva permisividad de la Basílica de Atocha con los masones al consentir la ceremonia fúnebre en el templo católico, produjo la destitución del Prior, don Leopoldo Briones, a quien presenta como “un varón docto y un tanto hereje (…): liberal y sin careta, muy dado al libre pensar y a la libre crítica de personas y cosas eclesiásticas”. La descripción presenta a un eclesiástico ciertamente volteriano. JOAN-FRANCESC PONT CLEMENTE: Prim-Faceta Masónica:I NSTITUTO MASÓNICO DE ESPAÑA, 19 de mayo de 2014.La basílica recibió una “limpieza” antimasónica.
[4] Tanto Ruiz Zorrilla como Sagasta, enemigos políticos irreconciliables y jefes de diferentes y enfrentados partidos, fueron con escaso margen de tiempo Grandes Maestros de la misma obediencia masónica.
[5] Estaba situado en la esquina de la calle de Alcalá con la de Peligros y era el más famoso de Madrid en la época. Pinturas de Emilio Sala Francés y de Antonio Gomar Gomar, adornaban este lujoso café inaugurado en la década de los años setenta del siglo XIX y del que hoy, como de tantos edificios notable de Madrid sólo queda una placa indicativa.
[6] Quizás por ello la Masonería, en cualquiera de sus ramas, mantiene férreamente el misterio, el secreto y la ocultación.
[7] Republicano federal y anticlerical, ingredientes masónicos, pero no he encontrado su filiación dentro de la Orden.
[8] ABC.es, edición Toledo, 07/12/2014
[9] Perteneció a la Logia Redención de Barcelona.
