Podemos decir que la democracia actual es una forma de resolver los conflictos sociales y políticos. En este artículo ni vamos a entrar en la valoración de si la democracia es la mejor forma de gobierno, ni entraremos a considerar si la democracia de partidos es el mejor cauce para solventar los conflictos de intereses que se producen en cualquier sociedad.
Nuestro único objetivo es comparar la eficacia en la resolución de conflictos entre la democracia institucionalizada por los partidos políticos, y la democracia deliberativa o democracia directa defendida por los partidos emergentes como solución de todos los conflictos sociales.
En este sentido se hace preciso realizar algunas precisiones.
La sociedad actual, como todas las sociedades que nos han antecedido en la historia, es una sociedad plural donde existen numerosos intereses contrapuestos, intereses contrapuestos que pueden estar representados por personas individuales, por colectivos concretos, por grupos de presión, por entidades profesionales, o por cualquier grupo de personas asociadas más o menos organizadamente en torno a un conjunto de ideas, o en torno a una idea concreta con respecto a un problema concreto.
Esta circunstancia nos lleve de pleno a valorar la existencia o no del llamado interés general. En este sentido nuestra posición es clara: no existe ningún interés general, en todo caso existen intereses mayoritarios que por ello deben ser tutelados para poder garantizar la paz social, pero lo que es interés general propiamente dicho no existe ni puede existir, dado que su existencia determinaría la inexistencia de conflicto y por tanto determinaría la inutilidad de arbitrar ninguna forma de resolución de un conflicto inexistente.
Por tanto como interés general debemos entender simplemente un agregado de intereses personales que en el caso de ser mayoritario no constituye per se un interés general, sino simplemente un interés mayoritario.
Con esta precisión ya estamos facultados para poder entrar en la comparación entre la democracia de partidos y la democracia directa como forma de resolución de conflictos.
Hasta la fecha estamos acostumbrados que los partidos políticos con representación parlamentaria sean los encargados de la resolución de los conflictos colectivos mediante la elaboración de normas jurídicas encaminadas a resolver las pretensiones enfrentadas entre colectivos o grupos de presión.
Partiendo de la suposición que dichos partidos representan los intereses de sus electores, y que dichos partidos, o algunos representantes de los mismos, están instruidos de la extensión y profundidad de los temas debatidos (instrucción que en teoría proporcionan las comisiones creadas al efecto, los informes elaborados por expertos en la materia y las consultas a los organismos e instituciones que algo puedan aportar al debate concreto generado), se producen los debates parlamentarios entre grupos políticos que, volvemos a decir supuestamente, han invertido su tiempo en instruirse profundamente de los temas debatidos y de los pros y contras de las posibles soluciones.
Desde esta perspectiva las aritméticas parlamentarias se encargarán de tomar las decisiones oportunas (mediante la aprobación de normas jurídicas) capaces de resolver el conflicto existente. En este sentido la norma jurídica aprobado no dejara de suponer el refrendo de las tesis apoyadas por algunos y la imposición jurídica al resto de una solución que necesariamente no comparten.
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Es decir la democracia de partidos no deja de ser un instrumento de imposición, tras la supuesta existencia de un debate racional. Esta imposición sólo triunfará si representa el interés mayoritario de la población (que no el interés general dado que ya hemos referido que dicho interés no existe) o si la población es los suficientemente pasiva para aguantar la imposición jurídica de una postura minoritaria.
Sin embargo la democracia participativa o democracia directa no asume como propio este sistema de resolución de conflictos, dado que según sus representantes se ha hurtado al pueblo la posibilidad de entrar directamente en el debate. Es decir, según los partidarios de la democracia directa el sistema representativo liderado por los partidos políticos no constituye un sistema de gobierno eficaz por no poder recoger directamente los intereses de los grupos en conflicto.
La democracia directa defiende por tanto una forma de deliberación en que la voz de los partidos resulta silenciada por la intervención directa de los ciudadanos, quienes a priori tienen un conocimiento directo del conflicto y por tanto están capacitados para la toma de decisiones de forma directa.
Pero estos defensores de la democracia directa tratan de esconder una realidad insoslayable: la resolución de cualquier conflicto necesariamente determina la imposición de una solución, dado que salvo que todos los intervinientes (es decir todo el pueblo en caso de decisiones que afecten al total de la población) estén de acuerdo en la solución al problema concreto planteado, siempre habrá un grupo de ciudadanos que serán sometidos al no haber triunfado sus propias tesis o sus propuestas.
Aunque la democracia directa haciendo uso de argumentos demagógicos quiera ocultar esta realidad, el hecho cierto es que cualquier sociedad se basa en la posibilidad de imposición del criterio de unos sobre otros. No es objetivo de este artículo desarrollar la idea de imposición y la configuración de la misma como forma de gobierno, siendo suficiente decir ahora que la imposición para ser lícita tiene que guardar un perfecto equilibrio entre varios elementos como es la racionalidad del criterio que se quiere imponer, el apoyo mayoritario del mismo, y el respeto intrínseco al orden natural de las cosas.
Creo que es criterio común la consideración de que la democracia solo se puede argumentar desde la existencia de un nivel de formación/información alto de los sujetos activos en la toma de decisiones, y que además es necesario que los sujetos activos supongan un porcentaje aceptable con respecto al total de la población afectada.
Estos dos problemas están teóricamente, y digo sólo teóricamente, resueltos por la democracia representativa, dado que los partidos políticos teóricamente representan a los ciudadanos que les han elegido y teóricamente poseen un nivel alto de formación/información al poder invertir su tiempo en el estudio de las diferentes propuestas contando además con la ayuda de órganos técnicos y consultivos.
Sin embargo la democracia directa, participativa y deliberativa no tiene ninguno de estos problemas resueltos ni en el nivel teórico ni en el nivel práctico, añadiendo un nuevo problema a la cuestión como es el de la dificultad de llegar a acuerdos.
Efectivamente, y empezando por este tercer problema, parece razonable pensar que si reconocemos la existencia de un conflicto de intereses, el incremento de la discusión política y la suma de más sujetos intervinientes no permitirá de forma fácil llegar a un acuerdo y por tanto llegar a una solución. La realidad constata que a mas elementos participativos mayor nivel de desacuerdo.
No obstante lo anterior los dos puntos débiles de la democracia deliberativa son los constituido por la formación/información y por la participación. Así, resulta evidente que cuando el conflicto planteado afecte sólo a preferencias el sistema deliberativo puede funcionar pues el ciudadano sólo tendrá que decidir sobre aquello que más le gusta o aquello que prefiere.
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Pongamos un ejemplo, si al ciudadano se le proponen tres posible letras para el himno español, es evidente que la elección por mayoría de una de las letras si respondería a las expectativas del pueblo, pues el ciudadano sólo tendría que elegir aquella letra que más le colma; sin embargo cuando el conflicto planteado tiene un fuerte componente técnico la ausencia de formación/información del ciudadano hace prácticamente ineficaz su participación; así en caso de plantearse una serie de alternativas para la reducción del efecto de los gases invernadero, o en el caso de plantearse un conflicto sobre la forma de gestión de los desechos nucleares, la democracia directa se muestra completamente ineficaz.
Es un mito pensar que el ciudadano tiene el tiempo, los recursos y el conocimiento suficiente para alcanzar altos niveles de instrucción. En este sentido la democracia participativa o deliberativa estaría manifestando una vez más su profunda hipocresía, dado que el ciudadano no decidiría conforme a sus información/formación sino que decidiría en función de la confianza que tenga en cada uno de los líderes defensores de cada una de las posibles soluciones. En este sentido no se dotaría de mayor efectividad a la solución del conflicto y únicamente se reforzaría la necesidad de líderes carismáticos capaces de convencer al pueblo sin necesidad de aportar razones (es decir, se estaría apoyando la existencia de líderes populistas).
Con respecto a la participación es fácil concluir que ante conflictos técnicos (y debido a la fuerte barrera que supone la formación cualificada en la materia de que se trate) se estaría incentivando la no participación directa de los electores en el sistema democrático, por lo que la democracia quedaría controlada por los grupos minoritarios fuertemente politizados que convertirían el gobierno de la mayoría en un gobierno de minorías altamente ideologizadas y escasamente formadas, es decir, que otra vez llagaríamos a dar carta de naturaleza a la existencia de populismos capaces de mantenerse en el poder aún sin gozar del apoyo mayoritario con el único recurso de tener aleccionada a una minoría muy activa políticamente.
No es objeto de este artículo dar solución a los problemas de representación de los actuales regímenes políticos (problemas que sólo encontrarán su solución integrando en la toma de algunas decisiones a elementos técnicos, reduciendo el campo de acción de los políticos, alejando del debate político y partidista muchas de las materias que afectan al núcleo más personal de los ciudadanos y las familias, incluyendo algunos mecanismos de participación directa en materias de preferencias personales, y fomentando la creación de cuerpos intermedios entra la sociedad y la política) sino denunciar la falacia de la democracia directa, deliberativa o participativa como solución a todos los problemas de representación política que actualmente padecemos.
La solución a nuestro deficit democrático no consiste únicamente en el falaz argumento de defender la participación directa de la ciudadanía, pues en el plano practico dicho participación directa supondría la entrega del poder directamente a minorías sectarias y a élites políticas que harían de la violencia y el populismo las únicas herramientas de representación popular.
Hoy por hoy el primer paso para mejorar la representación política sería la devolución de competencias a la sociedad, excluyendo de las decisiones políticas todas aquellas materias que afectan únicamente a la esfera personal de las personas y las familias, y construir un sistema político más cercano al ciudadano mediante el fomento de las competencias locales y la reducción de las competencias nacionales y supranacionales.
