Este semana el consistorio presidido por la superabuela Carmena nos vuelve a sorprender con sus propuestas contradictorias fruto de una mente errática o de una improvisación preocupante.
A principios de semana el Ayuntamiento prometía que en el 2016 tomaría el control total de los tanatorios y los cementerios (ya estamos acostumbrados a la afición necrófila de la izquierda universal); según los cualificados portavoces del gobierno municipal este cambio en el modelo de gestión (de gestión semiprivada a gestión pública) se debe al deseo de mejorar la sostenibilidad y eficiencia en la gestión de los servicios funerarios.
Hasta aquí poco tendríamos que decir sin conocer más a fondo la propuesta global del Ayuntamiento, y sin saber si efectivamente el actual consistorio está suficientemente capacitado para la gestión y administración de los servicios funerarios madrileños. Por otro lado poco nos puede sorprender esta noticia en un Ayuntamiento liderado por aquellos que pretenden desterrar la iniciativa privada del solar patrio, y poco nos puede sorprender que los comunistas sospechen de la gestión privada y apuesten por la gestión pública, pues al fin y al cabo los últimos 40 años de la historia española nos han demostrado que desde los gobiernos locales y regionales no se practica la corrupción ya que este vicio solo es predicable de las empresas privadas y de los desaforados ciudadanos.
Pero lo que sí resulta sorprendente es que a los pocos días nos enteremos que el mismo Ayuntamiento está negociando con colectivos okupas la posibilidad de ceder el uso de un palacete situado en el centro de Madrid.
Así según informa la web del colectivo autodenominado Patio Maravillas el Ayuntamiento está estudiando la posibilidad de ceder el uso de un inmueble de 2.700 metros cuadrados situado en la céntrica calle Alberto Aguilera y compensarles de esta manera por el desalojo que este colectivo sufrió el pasado mes de agosto de su sede okupa de la calle Divino Pastor.
Es decir que la gestión de los servicios funerarios no pueden estar a manos de empresas privadas que cumplen una labor social y generan trabajo a mas de 500 empleados, pero la gestión de espacios públicos si puede encomendarse a colectivos humanos sin identificar jurídicamente, que ni cumplen una clara función social, ni son capaces de generar ni un sólo puesto de trabajo.
Como siempre la señora Carmena es capaz de sorprendernos defendiendo una cosa y la contraria, y después dirá que somos los medios de comunicación los responsable de la confusión.
