Asegura Preston[1] que “el alzamiento militar, con el pretexto de combatir una trama revolucionaria comunista que en realidad no existía, provocó el desmoronamiento de las estructuras sobre las que descansaban la ley y el orden”. Tan categórica afirmación contiene varias inexactitudes. La primera cuando niega la existencia de “una trama revolucionaria comunista”; la segunda al afirmar que el alzamiento fue la causa de la alegalidad y desorden en que se sumió la República, cuando lo cierto es que más bien fue al revés, al no ser causa sino consecuencia y medio de defensa del terror. Veamos:
En 1919, había nacido la III Internacional o Comintern (Internacional Comunista), con el fin de aplicar el marxismo revolucionario y desbancar a la socialista II Internacional. El suceso había conmocionado a los medios obreristas hispanos, y en el PSOE brotó una corriente pro comunista, acabada en escisión. Con todo, el PCE sólo asentó entonces unos núcleos en Vizcaya, y luego en Sevilla. Al llegar la república, en 1931, Moscú prestó atención a España, donde maduraban condiciones revolucionarias, pero el PCE siguió aislado. En 1932, la Comintern decidió cambiar la dirección del PCE, encabezada por José Bullejos: sin el menor respeto a los estatutos, impuso un nuevo equipo que después hizo refrendar al partido. El jefe (secretario general) pasó a ser José Díaz, procedente del anarquismo sevillano, hombre íntegro, modesto, no muy culto, pero de verbo contundente y claro. Junto a él destacaban Dolores Ibárruri, La Pasionaria, como oradora de masas, antes adicta a Bullejos, a quien dejó oportunamente en cuanto vio que decaía de su posición preeminente; Vicente Uribe y Jesús Hernández, venidos, como la anterior, del comunismo bilbaíno, donde habían participado en actos terroristas, uno de ellos contra Prieto; Antonio Mije o Mitje, llegado, como Díaz, del anarquismo andaluz, y proclive a la corrupción; y Pedro Fernández Checa, organizador eficiente, quizás la persona más capaz del grupo, pero sin ambición de líder. Con ellos aumentó la agitación, pero el partido no salió de su gueto. Todo iba a cambiar tras la insurrección en octubre de 1934, momento clave en el que los comunistas entran realmente en la historia de España. A partir de entonces el PCE pesaría más y más en la política, al punto de que los siguientes cinco años no podrían explicarse sin él. A los comunistas se les exigía «temple de acero», y entrega total a la causa sobre cualquier consideración personal o sentimental. Los partidos, destacamentos de la revolución mundial, seguían a la URSS, centro y guía, «patria del proletariado». Defender a la URSS, por encima y aun en contra de los intereses nacionales, era el primero y fundamental deber de esos partidos, la «piedra de toque» de su «internacionalismo proletario», pues la clase obrera «no tiene patria», al menos patria burguesa.[2]
Malefakis y Cibrián estiman que sólo entre el 31 de enero y el 17 de julio de 1936 se produjeron en Madrid, 273 homicidios. Payne calcula que desde 1931 hasta la Guerra Civil hubo 2.225 asesinatos. A ninguno de los mencionados historiadores se le considera franquista, sino todo lo contrario. Este exterminio de gente inocente e indefensa removió la conciencia de algunos militares y les motivó a levantarse en armas para cortar la sangría, lo que supuso por parte de las izquierdas que una oleada de fervor revolucionario desencadenara una furia asesina, lo que, junto a la distribución de armas tras el fracaso del alzamiento militar en Madrid, desempeñó un papel fundamental en la avalancha de violencia que vino a continuación. Los primeros días después del golpe, la llamada “justicia popular” se ejerció de manera espontánea e indiscriminada contra cualquiera que fuese denunciado por derechista o religioso. Se quemaron varias iglesias y conventos y asesinaron a sus moradores, bajo el pretexto de que habían disparado a los obreros. Preston da su conformidad a este mantra tan repetido por las izquierdas y sigue mintiendo cuando afirma que “los tesoros artísticos pudieron salvarse”. Debe desconocer los tesoros que sacaron en el “Vita” o todo lo apropiado por García Atadell, y tantos otros; en ambos casos había objetos pertenecientes a la Iglesia, a particulares, museos, como la colección de monedas que atesoraba el Arqueológico, pinturas y esculturas; todo aquello de que pudieron apropiarse y tuviera valor. Se contradice también el citado autor cuando tiene que admitir que todos los partidos políticos y sindicatos de izquierda crearon sus propios escuadrones para eliminar a los presuntos fascistas. Organizaron también sus propias cárceles en los edificios requisados, allí, siguiendo el modelo soviético, torturaban a sus prisioneros. Eran las terribles checas que adoptaron las variadas denominaciones de Agrupaciones Socialistas o Republicanas, Radios del Partido Comunista o de las Juventudes Socialistas Unificadas, Ateneos Libertarios, Sindicatos de la C. N. T. o de la U. G. T., Cuarteles de Milicias, Comités de Investigación o de Control, Comités de Vecinos, etcétera. Incluso llegan a establecerse «checas» que pueden ser calificadas de semiprivadas, a cargo de comunes malhechores, rivalizando todos estos centros en su actuación sanguinaria y en su avidez por el botín, el cual pasa a engrosar los fondos de cada entidad política o sindical, o el patrimonio privado de los chequistas, siendo entregado en ocasiones a los organismos de incautación creados por la Hacienda pública roja.
Celdas psicotécnicas. Iglesia de Vallmajor. Barcelona.
Puede afirmarse que sólo en Madrid funcionaron bastante más de doscientas veintiséis checas, plenamente comprobadas. Estaban inspiradas en el modelo soviético con la esencial diferencia de presentar cada una de ellas carácter autónomo, actuando según su capricho y gozando del apoyo de las Autoridades oficiales rojas, a cuyo efecto fueron dotados de carnets de agentes de la Autoridad numerosos chequistas, sin que las «checas» estuviesen por su parte jerárquicamente subordinadas a dichas Autoridades ni obligadas a dar cuenta a las mismas de su actuación ni de la suerte corrida por sus detenidos, sin perjuicio todo ello del mutuo auxilio que se prestaban estas «checas» entre sí, especialmente las pertenecientes a un mismo partido u organización sindical. De este extraordinario número de «checas» diseminadas por toda la capital madrileña puede inferirse la situación de ésta durante los tres años de guerra y la seguridad personal de que disfrutaban sus vecinos. Con frecuencia aparecían cadáveres con notas prendidas donde se leía el mensaje “Justicia del Pueblo”. Y es que hasta cierto punto, tales actos respondían al acicate de una parte significativa del liderazgo anarcosindicalista. A finales de julio, el principal diario anarquista de la capital iba encabezado con el siguiente titular: “JUSTICIA POPULAR. CAIGAN LOS ASESINOS FASCISTAS. DESTRUYAMOS AL ENEMIGO, SEA QUIEN SEA Y ESTÉ DONDE ESTÉ AGAZAPADO”.
Política, el período de Izquierda Republicana, el partido de clase media de Azaña, se mostró indignado porque miembros del Frente Popular hubieran mediado en la liberación de derechistas, arguyendo que ni la amistad ni los lazos familiares debían interponerse en la purga de la retaguardia. El diario amenazó con publicar los nombres de futuros implicados en casos similares. Los comunistas y los anarquistas se mostraron implacables y unidos en su afán por erradicar al “enemigo” interno.
La destrucción de las iglesias y el asesinato de los representantes del viejo orden, ya fueran clérigos, policías o terratenientes, eran para muchos anarquistas de la capital pasos hacia la creación de un mundo nuevo. Aunque a muchos anarquistas les horrorizaban los “paseos”, muchos otros creían que la eliminación inmisericorde de quienes apoyaban al enemigo era la única vía para construir ese cambio tan radical. Esta era la situación de Madrid. Veamos los responsables, considerando la necesidad de hacer dos grupos: 1) los que lo fueron hasta el 6 de noviembre de 1936 y 2) Los que actuaron bajo la protección de la Junta de Defensa gubernamental.
El padre dominico José Gafo Muñiz, (uno de los católicos más comprometidos con el movimiento obrero) muerto por el terror rojo en 1936
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Responsables hasta el 6 de noviembre de 1936:
Desde que fue proclamada la II República, se sucedieron los incendios de iglesias y conventos, los saqueos y asesinatos, pero la situación empeoró a partir del 18 de julio. Tuvo su importancia la actitud del grupo “caballerista” que desde 1934 venía atacando a Prieto, por su discurso de intentar imponer el orden y dar un rumbo al titubeante gobierno de Giral, así que su discurso de moderación radiado en agosto, fue rápidamente contestado por uno de los más destacados y antiguos seguidores de Largo Caballero, Carlos Baraibar[3], director del periódico “Claridad”, en el que se negaba a que cesaran atropellos y muertes, señalando, sibilinamente, en su escrito a las futuras víctimas: los terratenientes feudales, el clero belicoso (que consideraban lo eran todos) y los bárbaros militares que lideraban la campaña, los presuntos intelectuales que los justificaban, y los banqueros que los financiaban, asegurando que estaban comprometidos a construir una nación sobre la base del trabajo, la justicia y la cultura.
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Para entonces, en las primeras setenta y dos horas siguientes al 18 de julio, fueron saqueadas en la capital de España 46 iglesias, es decir, el 34,8% de las existentes. En paralelo con la destrucción de los templos, comenzaron en Madrid los asesinatos de sacerdotes y religiosos. Según Gonzalo Redondo[4] el número de sacerdotes diocesanos asesinados en Madrid-Alcalá fue de 438, el 38,8%; en números absolutos fue la que sufrió la mayor cantidad de sacerdotes asesinados.
En respuesta a la violencia generalizada y a tantas muertes, el 8 de agosto de 1936, el socialista Indalecio Prieto pronunció un discurso radiofónico que tuvo gran repercusión. En él pedía que la fuerza y la violencia no la emplearan para realizar muertes alevosas sino para luchar en el frente, pero la mayor parte de la izquierda desoyó estas advertencias, especialmente los llamados “bolchevizantes” y más en concreto de los jóvenes socialistas, cada vez más cercanos al Partido Comunista como era la línea del grupo de Largo Caballero, el conocido como “Lenin español,”.
Otra voz replica a Prieto en términos parecidos a los expresados por Baraibar. Dolores Ibarruri en el periódico del Partido Comunista, incitaba: ¡Hay que exterminarlos! Hay que terminar en nuestra Patria con la amenaza constante del golpe de Estado, de la militarada! Sentimientos similares nacían de la milicia comunista, el Quinto Regimiento. Bajo el titular ¿Piedad? ¿Misericordia? ¡No!, el periódico Milicia Popular, que le servía de tribuna, declaraba:”La lucha contra el fascismo es una lucha de exterminio. La piedad sería un aliento para los bandidos fascistas”.
La Pasionaria
Preston afirma que las masacres son consecuencia de la actuación del bando nacional porque representaban los intereses de la Iglesia, el Ejército, la clase alta y la burguesía conservadora que, según el escritor, pretendían exterminar a la clase obrera y la burguesía liberal. Afirma también que el odio al clero se basaba en las riquezas que decían atesoraban burgueses y clero, como si eso fuera justificación suficiente para los miles de asesinatos cometidos. En Madrid, como en el resto de lugares, la judicatura quedó reemplazada por los Tribunales Revolucionarios, que de manera espontánea crearon los partidos políticos, los sindicatos y las milicias a título individual y sin formación alguna, pero que no tenían ningún pudor en firmar sentencias de muerte, de manera que, dada la frecuencia de los “paseos”, ya el 28 de julio José Mendes de Vasconcelos, vizconde de Riba Támega y agregado comercial portugués, informó de que los cadáveres que se abandonaban en las calles de Madrid hacían temer una epidemia. Por lo general, las víctimas eran presuntos partidarios del alzamiento militar, oficiales del ejército y todos aquellos no partidarios de la ideología ni métodos anarco-comunistas.
La desconfianza sobre los que no fueran afiliados de izquierda, les llevaron a crear de forma apresurada el Gabinete de Información y Control para someter a investigación a los oficiales. Estuvo presidido por el capitán Eleuterio Díaz-Tendero Merchán[5] , socialista y masón, fue uno de los fundadores de la Unión Militar Republicana Antifascista, que acabó presidiendo. A lo largo de la primavera de 1936 elaboró un fichero del cuerpo de oficiales para decidir en quién se podía confiar. Apoyándose en esas fichas y entrevistas, el Gabinete de Información y Control clasificó a los oficiales según fueran A (antifascistas), R (republicanos), I (indiferentes) o F (fascistas). Los considerados fascistas y los indiferentes que se negaron a luchar por la República fueron arrestados. En prisión, con frecuencia se les daba la oportunidad de mantener su juramento de lealtad hacia la República, retractarse de sus opiniones reaccionarias y luchar contra los sublevados. Pocos eran los que aceptaban la oportunidad de vivir y, por consiguiente, eran considerados culpables de insurrección y prácticamente firmaban su sentencia de muerte.
La noche del 30 de julio, 48 derechistas habían sido linchados por una multitud armada en un asalto a la cárcel de Úbeda. Con cerca de 800 prisioneros hacinados en las diversas naves y capillas de la catedral de Jaén, el gobernador civil, Luis Ruiz Zunón, deseaba a toda costa impedir un baño de sangre similar, de modo que a través de Pedro Villar Gómez, también jienense, entonces director general de Prisiones en Madrid, obtuvo el permiso del Ministerio de la Gobernación para trasladar a varios cientos de reclusos a la cárcel de Alcalá de Henares. Cuando los trenes llegaron a la estación de Santa Catalina en Vallecas, al sur de Madrid, fueron detenidos por milicianos anarquistas y ametrallados a continuación los prisioneros. Entre ellos se encontraba el obispo de Jaén, monseñor Basulto, su hermana, su cuñado y su secretario. Pedro Villar quedó conmocionado por esta masacre y por las atrocidades que se cometían en las cárceles de Madrid, de modo que al no ver solución a sus reiteradas quejas por la actitud de los milicianos en las cárceles, renunció al cargo y se exilió en Francia.
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En opinión de Juan García Oliver, el anarquista que pasaría a ser ministro de Justicia en noviembre de 1936, atrocidades como las cometidas con los prisioneros de Jaén estaban justificadas porque “el espíritu de justicia había revertido a su origen más remoto y puro: el pueblo vox populi, suprema lex”. Y el pueblo creó y aplicó su ley y su procedimiento, que era el “paseo”. Tratando de poner orden ante tanta anarquía, es nombrado Miguel Muñoz Martínez, un comandante retirado del Ejército.
Los republicanos no respetaban ni los lugares sagrados.
Cuando éste se hizo cargo de la Dirección General de Seguridad se encontró con que todos los partidos y sindicatos disponían de sus propios escuadrones para llevar a cabo los registros domiciliarios, arrestos y ejecuciones. Entre ellos, los más numerosos y peor organizados eran los anarquistas. El control de los grupos de la CNT, tanto en las milicias del frente como en las checas de la retaguardia, lo ejercía desde Madrid el Comité de Defensa de la CNT-FAI, cuyo secretario y principal organizador era un camarero de 28 años oriundo de Jaca (Huesca) llamado Eduardo Val Bescós quien controlaba a los milicianos que ejercían la vigilancia de las carreteras que salían de Madrid y, junto a Amor Nuño Pérez, secretario radical de la Federación de la CNT en Madrid, controlaba también las checas anarquistas. Mejor organizada estaba la milicia de la Agrupación Socialista Madrileña (ASM), con sede en Fuencarral 103, conocida como la CIEP, puesto que utilizaba el fichero de la Comisión de Información Electoral Permanente de la ASM. La lideraban Julio de Mora Martínez (quien más tarde dirigiría el DEDIDE, Departamento de Información del Estado) y otros dos socialistas, Anselmo Burgos Gil (luego jefe de los guardaespaldas del embajador soviético) y David Vázquez Baldominos que se convirtió en el comisario general del Cuerpo de Investigación y Vigilancia.
Conscientes de su propia impotencia y tratando de recuperar algo de control, el general Pozas y Muñoz crearon el Comité Provincial de Investigación Pública (CPIP), el 4 de agosto, con el objetivo, según el propio Muñoz, de controlar tanta anarquía, al tiempo que Enrique Castro Delgado,[6] comandante del Quinto Regimiento, arengaba: “Matar… Matar… seguir matando hasta que el cansancio impida matar más… Después… Después construir el socialismo.” No era casual que dos de sus batallones compartieran las instalaciones con una de las checas comunistas más importantes, la llamada “Radio 8” o checa de San Bernardo, sita en la calle Ancha de San Bernardo, frente al convento de Montserrat, en el monasterio de las religiosas de la Orden de San Francisco de Sales. Su secretario general era Agapito Escanilla de Simón[7]. Su hermano Carlos, pianista, dirigía los interrogatorios de los prisioneros.
Con la creación del CPIP, formaron una comisión de 30 miembros entre los que predominaban los de CNT-FAI, representados por Benigno Mancebo Martín y Manuel Rascón Ramírez y el representante de las JSU, Arturo García de la Rosa, que tendrían un papel destacado en las sacas de prisioneros poco después. Operaron en un principio en la checa del Círculo de Bellas Artes. El comité designó seis tribunales, que funcionarían día y noche, de dos en dos, por turnos de ocho al día. Bajo la supervisión general de Benigno Mancebo, esos tribunales estaban compuestos por hombres sin formación ni experiencia jurídica, incluso a veces criminales, que asumieron la tarea de arrestar, juzgar y sentenciar a los sospechosos. Los grupos responsables de los arrestos llevaban documentación de la DGS, aunque entre ellos había delincuentes comunes, como el notorio asesino Felipe Emilio Sandoval Cabrerizo[8], un anarquista de cincuenta años al que apodaban “el Doctor Muñiz”, y Antonio Ariño Ramis, “el Catalán”[9]. Sandoval estuvo al mando de un escuadrón dedicado a eliminar a los “pacos” y los saboteadores. Su grupo, entre cuyos miembros había criminales recientemente liberados, recorría Madrid a toda velocidad en un Rolls Royce negro apodado “el Rayo.
Tenían su centro operativo en la checa del Cine Europa y fueron responsables de numerosos asesinatos. Otros componentes de la citada cárcel fueron Santiago Aliques Bermúdez[10], responsable de la ejecución de prisioneros, junto con Bartolomé Martínez, un antiguo torero apodado “el Bartolo”. Aliques dirigía también el llamado “Grupo de Defensa” al que se le imputan cientos de asesinatos de hombres y mujeres, cometidos sobre todo en lugares de los alrededores de Madrid como Aravaca, la Dehesa de la Villa y Hortaleza. Entre las ejecuciones que llevó a cabo su grupo hubo las de numerosas mujeres, varias de las cuales fueron previamente violadas. Su único crimen era ser esposas e hijas de derechistas. Su crueldad llegó al extremo de hacer cavar a una víctima su propia tumba para luego matarla con el mismo pico que había utilizado.
Entre multitud de crímenes análogos realizados por el Comité de Investigación Pública, puede citarse el asesinato colectivo de cincuenta detenidos que se encontraban en los calabozos de la «checa» y que en las primeras horas del día 31 de octubre de 1936 fueron conducidos en autobuses al pueblo de Boadilla del Monte, en cuyo término municipal fueron asesinados y enterrados en una gran zanja previamente abierta. Entre estas víctimas—exhumadas después de la liberación de Madrid—figura identificado el cadáver del joven de veinte años Antonio Morales Antuñano.
Escuadrilla de «Los Linces de la República» Constituye una de las escuadrillas que con carácter oficial y ejerciendo la autoridad delegada por el Gobierno rojo, se dedicaron al terrorismo en Madrid, por su cuenta y provecho, como las demás «checas», pero diferenciándose de éstas en su directa subordinación a las autoridades del Frente Popular, cuyas órdenes obedecieron, manteniendo con las autoridades referidas estrecha relación y sirviendo sus designios. En los primeros días del mes de agosto de 1936, la Dirección General de Seguridad ordenó la incorporación a dicho Centro de determinado personal de Seguridad y Asalto, que había de formar en el expresado edificio un retén bajo la dependencia de la Secretaría particular del Director General de Seguridad Manuel Muñoz, a fin de realizar los registros, detenciones y demás servicios que la Inspección de Guardia o la Secretaría particular del Director ordenasen, en virtud de confidencias o noticias recibidas. Compusieron este grupo, entre otros individuos, Felipe Marcos García Redondo y Virgilio Llorente, ejerciendo el mando el entonces Teniente Juan Tomás Estalrich y un Capitán de Milicias, Emilio Losada, socialista y empleado temporero de la Sección de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.
La principal dedicación de la escuadrilla era la realización de asesinatos, detenciones y saqueos, siendo muy frecuentemente elogiadas sus actuaciones en sueltos publicados por la Prensa de Madrid durante los primeros meses de la subversión roja. Según declaración prestada por el miembro de la escuadrilla de «Los Linces», Felipe Marcos García Redondo, ante la Causa General, el 2 de febrero de 1943, las alhajas y objetos de mayor valor habían de ser llevados al despacho del propio Director de Seguridad Manuel Muñoz, y entregados a éste en persona, recordando el declarante haber sido mandado llamar por dicho Director de Seguridad, a fin de que le entregara un cáliz y una custodia procedentes de un registro realizado en una casa de la calle del Barquillo. Entre otros domicilios asaltaron el del abogado César de la Mora en la calle de Alcalá 66 del que obtuvieron pingües beneficios, a pesar de que este señor era tío de Constancia de la Mora, futura jefa de la prensa republicana. La escuadrilla se relacionaba de un modo preferente y constante con la «checa» oficial establecida en la calle de Fomento (Comité Provincial de Investigación Pública) y con la «checa» socialista dirigida por Agapito García Atadell, bajo la dependencia de la Dirección General de Seguridad.
A mediados de septiembre de 1936, fue agregada al Cuartel general del Teniente coronel Mangada, que tenía su puesto de mando en la Casa de Campo; a las órdenes del Teniente coronel Julio Mangada, y como escolta personal suya, siguió actuando la escuadrilla del mismo modo que hasta entonces lo había realizado a las órdenes del Director de Seguridad, corriendo a su cargo las detenciones y asesinatos que la política represiva de aquella unidad militar roja imponía. Entre los desmanes cometidos por «Los Linces de la República» figuran los asesinatos de D. Hipólito Gete García y D. Luis Gete Hernández y la detención de D. Eusebio y D. Tomás Merás del Hierro, que después de ser conducidos al puesto de mando de Mangada, en la Casa de Campo, fueron entregados para su ejecución a la «checa» de Fomento, que los asesinó seguidamente.
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Los chequistas tratados con más confianza por el Director General de Seguridad, Manuel Muñoz, y que visitaban a éste con mayor asiduidad, eran Tomás Carbajo, el comunista Arturo García de la Rosa y el correligionario de Manuel Muñoz, Leopoldo Carrillo Gómez. Pero quien visitaba al Director de Seguridad casi diariamente en el edificio de la Dirección, para hacerle entrega de la mejor parte de las alhajas u objetos de valor producto de los saqueos realizados por la «checa de Fomento» en los domicilios de sus víctimas, era el miembro de Izquierda Republicana, Virgilio Escámez Mancebo, que ejercía en la «checa» el cargo de tesorero.
Otro grupo es la “Brigadilla o Escuadrilla del Amanecer”, cuyo nombre obedece a que practicaban los arrestos y registros domiciliarios desde la una de la madrugada hasta el alba. Al Igual que “Los Linces” se componía básicamente de guardias de asalto, aunque respondían también ante el director Manuel Muñoz. Tenía su sede en la misma Dirección General de Seguridad y era tan pública que el ABC los calificó como «héroes de la retaguardia» y afirmaba que entre sus servicios destacaban «500 detenciones en un par de semanas» (ABC 9/8/36). Sus principales miembros eran el guardia de asalto Valero Serrano Tagüeña, Eloy de la Figuera, León Barrenechea, Francisco Roig y Carmelo Olmeda (alias Tarzán). Los grupos mandados por funcionarios cometían normalmente los asesinatos en la zona de la Ciudad Universitaria de Madrid. Incluso actuaron como asesores en la depuración en Albacete. Llevó a cabo importantes detenciones, como la del político Melquíades Álvarez y la del doctor Albiñana, fundador del Partido Nacionalista Español, pero el caso más notorio fue el de María Dolores Chicharro y Lamamié de Clairac, la hija de diecinueve años de Jaime Chicharro, que había sido diputado tradicionalista en las Cortes monárquicas y había muerto en abril de 1934. La joven no destacó por sus ideas políticas, pero sí por su belleza. Tras ser arrestada, la sometieron a violaciones en grupo y posteriormente la asesinaron en la Casa de Campo.
Uno de los grupos más activos de la «Escuadrilla del Amanecer» era dirigido por un empleado de Hacienda, encartado por malversación, llamado Luis Pastrana Ríos, bajo cuyo mando se realizaron numerosos saqueos y asesinatos, entre ellos el del vecino de Las Rozas, Blas Riaza Bravo, de veintisiete años, detenido en dicho pueblo el 25 de septiembre de 1936 por el grupo de Luis Pastrana y asesinado en la noche del mismo día en la Ciudad Universitaria, en el curso del viaje de regreso de la Escuadrilla a Madrid. Entre otras víctimas de las que en gran número cayeron asesinadas por la «Escuadrilla del Amanecer», pueden mencionarse a D. Luis Naranjo Calero, D. Julio González Gil, D. José María Sánchez Valero, D. José Luis Toca Mozo, D. Domingo Soria Andrés y doña María Mercedes García Vallejo. Tres de los miembros de la «Escuadrilla del Amanecer» fueron enviados, en octubre de 1936, a Albacete, por no estar satisfechas las Autoridades rojas del celo mostrado por aquella Policía en la represión; allí asesinaron a doña Consuelo Flores.
En la barbarie que desarrollaron estos grupos destaca Elviro Ferret Obrador del Partido Sindicalista, dirigente de la checa del Marqués de Cubas instalada en un piso incautado de la calle del Marqués de Cubas, 19, propiedad del Marqués de Corpa, del que sustrajeron valores y alhajas, así como un juego de cubiertos de oro, que no fueron recuperados. Saquearon también la vivienda particular del administrador de dicho Marqués, D. Manuel Miguel González. En esta checa se practicaron numerosas torturas e incautaciones. Entre otros muchos, fueron asesinados Emilio Llopis Roig, Manuel Lagunillo Bonilla, Juan Vázquez Armero, Carlos Pajares Bectas y José Sureda Hernández, del General D. Fernando Capaz, del político republicano D. Manuel Rico Avelló y del ex Jefe Superior de Policía de Madrid, D. Pedro Rivas. Incluso “eliminaron” a Manuel Espasandín Bouza, militante del Frente Popular que acudió a interesarse por un detenido y que por ello, lo consideraron sospechoso de confraternizar con las derechas y también fue asesinado. Hizo sufrir registro y saqueo a los presos de la Cárcel Modelo poco antes de la matanza organizada por el Frente Popular en dicha prisión el 22 de agosto de 1936.
En el mes de agosto de 1936 el Gobierno del Frente Popular nombró 48 Agentes de Policía, que recayeron casi exclusivamente en antiguos afiliados al partido socialista, como elementos de confianza para el régimen. Un numeroso grupo de estos improvisados Agentes de la Autoridad fue agregado a la Brigada de Investigación Criminal, funcionando dentro de ella de manera autónoma, bajo el mando del antiguo militante socialista Agapito García Atadell, tipógrafo, personalmente adicto a Indalecio Prieto, como segundo Jefe Angel Pedrero García, y como Jefes de Grupo, Luis Ortuño y Antonio Albiach Chiralt. Este grupo socialista se trasladó a un hotel incautado en la calle de Martínez de la Rosa, número 1, asumiendo la denominación de Milicias Populares de Investigación de García Atadell la cual gozaba para la realización de sus tropelías no sólo de autoridad oficial, sino de la plena asistencia de la Agrupación Socialista Madrileña y de la minoría parlamentaria del partido socialista, cuyos miembros—e incluso algún Ministro socialista, como Anastasio de Gracia—acudían a visitar la «checa» y a alentar a sus componentes. La Prensa marxista publicaba continuas informaciones de elogio para la Brigada de Atadell, así como fotografías del Jefe de la misma y de la visita de personalidades políticas y parlamentarias socialistas a la «checa».
Por orden del Ministro de la Gobernación rojo, Angel Galarza, fue detenida y asesinada por la Brigada de Atadell la periodista, de nacionalidad francesa, Carmen de Bati, y detenido el periodista don Luis Calamita y Ruy-Wamba, adversario político de Angel Galarza, habiendo sido extraído luego de la cárcel, por orden expresa del Director de Seguridad y asesinado dicho Sr. Calamita. Son muy numerosos los asesinatos cometidos por la «checa» de Atadell; pero principalmente se dedicaba esta «checa» a robos de importancia, acumulando un verdadero tesoro, buena parte del cual se llevó consigo en su huída Agapito García Atadell.
La clave de los éxitos que en su campaña persecutoria alcanzó la «checa» de Atadell se encontraba en la asidua información que sobre la ideología política y religiosa, y muy especialmente sobre la posición económica de sus futuras víctimas, le suministraba la organización sindical socialista de los porteros de Madrid, cuyos diarios informes acerca de los inquilinos eran recogidos en la propia «checa» por un Comité de miembros de la misma, también porteros de profesión. Los detenidos por la Brigada de Atadell que eran condenados a muerte por el Comité de la «checa» eran conducidos en automóvil por los propios Agentes de la Brigada a la Ciudad Universitaria y otras afueras de Madrid, donde se les asesinaba.
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Entre las muchas víctimas de la «checa» de Atadell pueden mencionarse a D. Luis Chico Montes, D. Luis Rodríguez Villar, don Agustín Corredor Florencio, D. Francisco Gonzalo Herrera, D. Miguel Fermín Imaz, D. Julián Apesteguía Urra, D. Pedro Fernández Molina, D. Rafael Benjumea Medina, D. Pedro Sáinz Marqués, D. Aurelio García Contento, D. Simón Serrano Benavides, doña Emiliana Castilblánquez Amores, doña Dolores Flores Castilblánquez, D. Doroteo Céspedes Marañón, D. León López de Longoria y Morán, D. Diego Benjumea Burín, D. Antonio y D. Bernardo Vidal Díaz, D. Víctor Delgado Aranda, D. José Agulló Lloret, D. Luis García Dopico, D. Carlos Bartolomé Capelo, D. Antonio Cumellas Alsina, D. Ricardo Beltrán Flores, D. Mariano Carrascosa Jaquotot, D. Mariano Poyuelo Pollán, don Emilio Picón Hernández, D. Julio Martínez Jaime, D. Juan Galduch Guerra, D. Rafael Calvo de León y Torrado y D. José Villanueva Tormo.
A fines de octubre de 1936 Agapito García Atadell, acompañado de dos secuaces de su confianza llamados Luis Ortuño y Pedro Penabad, pretextando un servicio de contraespionaje, abandonaron Madrid con cuanto dinero y alhajas de fácil transporte obtenidas en sus saqueos pudieron llevarse, y embarcaron para Marsella, donde vendieron los brillantes que llevaban, reembarcando a continuación para América ; pero habiendo tocado el barco que los conducía en el puerto de Santa Cruz de la Palma, afecto al Movimiento Nacional, fueron aprehendidos Agapito García Atadell y Pedro Penabad, que sometidos a proceso, fueron ejecutados por virtud de sentencia dictada en la ciudad de Sevilla por un Tribunal militar. Desaparecido el jefe de la «checa», ésta se disuelve al poco tiempo, en noviembre del año 1936; pero Indalecio Prieto atribuyó la jefatura del nuevo organismo represivo en Madrid, a Ángel Pedrero, antiguo subjefe de la «checa» de García Atadell.
Otros personajes no menos importantes en el desencadenamiento del terror que envolvió a Madrid fueron: Enrique de Francisco, diputado y dirigente de la checa de la Agrupación Socialista Madrileña a partir de la preexistente Comisión de Información Electoral Permanente, un departamento de la Agrupación encargado del estudio del censo electoral dirigido por Julio de Mora Martínez, por lo que le facilitaba abundante información.
Luis Omaña y su segundo al mando, Santiago García Imperial, quien se caracterizó por abusar sexualmente de las mujeres cuyos familiares eran detenidos, dirigieron la checa de la comisaría de Buenavista.
Mariano García Cascales de la checa Narváez y Eulogio Villalba Corrales de la checa de la estación de Atocha, completan la lista de los más señalados personajes causantes de la situación sufrida en Madrid hasta el seis de noviembre de 1936.
Se aprecia que en un primer momento los causantes de asesinatos, saqueos, incendios, profanaciones, etc. fueron milicianos anarquistas, para inmediatamente después, con la excusa de controlar tanto desmán, participar en gran medida miembros socialistas con la aquiescencia del Gobierno. Con la llegada de las tropas nacionales a las puertas de Madrid y la consiguiente huída del Gobierno a Valencia, la situación cambiará, los desmanes seguirán produciéndose, incluidos los asesinatos. La única diferencia es que éstos se harán en masa y colaborarán en ello de alguna manera asesores soviéticos. De ello tratará el próximo artículo.
[1] Paul Preston:”El holocausto español”, capítulo: “Terror Revolucionario en Madrid” El actual artículo se orienta en el referido capítulo.
[2] Pío Moa: “LOS ORÍGENES DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA”, Capítulo VII: Los comunistas entran en la historia de españa (I) 2001-01-05
[3] Fue uno de los intelectuales que, habiendo comenzado a militar en el PSOE tras la instauración de la Segunda República, forjaron el discurso revolucionario característico de la facción caballerista del PSOE a través del semanario Claridad. Baraibar participó en la polémica que enfrentó a los «bolchevizadores» socialistas con los partidarios de Prieto. se exilió en Chile, país al que arribó octubre de 1939. En 1941 abandonó el PSOE. En 1941 abandonó el PSOE. También impartió conferencias en países de Europa, África y América como especialista en política internacional. De acuerdo con informes del Ministerio de Asuntos Exteriores español, citados por el historiador Ángel Viñas, Baraibar se ofreció al embajador español para espiar entre la colonia de exiliados españoles. En 1954 fue delegado en Chile de la organización anticomunista Congreso por la Libertad de la Cultura. Volvió temporalmente a España en febrero de 1971, pero regresó a Chile, donde murió en 1972.
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[4] Historia de la Iglesia en España, 1931-1939, La Guerra Civil p.20
[5] Eleuterio Díaz-Tendero Merchán (1882-1945) Inicialmente fue un seminarista pero poco después pasó al Ejército, en 1900, como soldado voluntario. Pasó por numerosos destinos, en especial en el destacamento militar de La Línea (1904-1905), Los Barrios (Cádiz) y Marruecos. Estudió latín, lo que le permitió poder impartir la docencia en algunas ocasiones. También era miembro de la Masonería, en la que ostentó importantes puestos. Cuando se proclamó la II República se trasladó a Madrid, donde recibió la gran cruz de la Orden de San Hermenegildo por sus anteriores actuaciones en Marruecos. Un año más tarde participaría en la represión de los militares que se habían sublevado en el intento de golpe conocido como Sanjurjada. En las semanas previas al verano de 1936 cuando la actividad de la UMRA iba a alcanzar su clímax, especialmente con la llegada de informes de que se encontraba en curso una conspiración militar entre amplios sectores del Ejército visitó junto a otros militares al presidente Casares Quiroga para hacerle llegar la preocupante información que la UMRA manejaba en torno a la conspiración y en la que prevenía a Quiroga sobre ciertos militares, como Francisco Franco, Goded, Mola o Yagüe. No obstante, esta tentativa no sirvió de nada ante las evasivas de Casares, que no parecía ser consciente de la situación. Reorganizó algunos mandos militares antes de la caída de la República y en los últimos momentos de la guerra, con la caída de Cataluña, hubo de salir hacia el exilio en Francia, contando por entonces con el grado de coronel. Se aseguró de destruir el fichero de la UMRA estando en Toulouse. Fue detenido por la Gendarmería, encarcelado en el castillo de Colliure y, un año después, apresado por la Gestapo fue enviado al campo de concentración de Dachau, donde murió sin que se sepan las causas y acabó en un horno crematorio.
[6] MILICIA POPULAR – Diario del 5º Regimiento de Milicias Populares”, Año I Nº4, 30 de junio de 1.936)
[7] Escapó con nombre falso tras la guerra y llegó a Rusia, donde alcanzó a ser alguien de la Radio España Independiente, alias la Pirenaica. Casaría allí con una rusa profesora de hindi. A Carlos le detuvieron nada más caer Madrid. Su hermano Nicolás del PC fue docente de Historia de la Pedagogía en la Escuela Normal de Maestros de Salamanca entre 1920 y 1934. En 1936 es nombrado Inspector provincial de primera enseñanza en Madrid.
[8] Según algunos historiadores, comenzada la guerra, dirigió dos checas madrileñas, especialmente la que funcionaba en el Cine Europa de Cuatro Caminos. También se le atribuye la preparación del asalto y quema de la cárcel Modelo de Madrid el 22 de agosto de 1936, que acabó con la matanza de conocidos políticos (Melquíades Álvarez, Jose María Albiñana, Fernando Primo de Rivera, etc.), aunque él siempre negó esta acusación. Para muchos fue un auténtico verdugo de la revolución, además de ladrón y esquilmador. Terminada la guerra, intentó huir por Alicante, pero detenido, se suicidó tirándose por una ventana.
[9] Emigró a Francia y el 28 de octubre de 1925 fue detenido en Trouville-sur-Mer (Baja Normandía, Francia), junto con François Lay, bajo la acusación de haber robado una semana antes 8.000 francos y joyas en una finca de Villermille (Baja Normandía, Francia). Parece que fue juzgado, condenado y enviado a la colonia penitenciaria de la Guayana francesa, de donde consiguió escaparse. De nuevo en la Península, militó en la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y en la Federación Anarquista Ibérica (FAI). Durante la Guerra Civil, en Madrid, fue agente del cuerpo de seguridad y estaba considerado uno de los «duros». Según algunos, comandó un grupo anarquista del Puente de Vallecas que acabó al comienzo de la guerra con la vida de muchos potentados de pueblos de Madrid, Toledo y Cuenca. Con el triunfo franquista, fue detenido y encerrado en el campo de concentración alicantino de Albatera. Posteriormente fue trasladado a la cárcel madrileña de Porlier. Juzgado en consejo de guerra (Sumario 48.310) el 8 de abril de 1940 en Madrid, fue acusado de haber asesinado a miles de personas en Madrid y pueblos de la zona (Vallecas, Fuentidueña del Tajo, etc.), Así como de haber pertenecido a las Milicias de Vigilancia de la Retaguardia y de haber formado parte de la «Checa de Fomento» y del «consejillo de Buenavista» encargado también de tareas represoras. Antonio Ariño Ramis fue fusilado, con otros 47 compañeros, el 27 de abril de 1940 en las tapias del cementerio de la Almudena de Madrid.
[10] Santiago Aliques Bermúdez, conocido malhechor, de quien obran los antecedentes fehacientes y oficiales que siguen : Reclamado por la Autoridad judicial desde el año 1920, nueve veces por hurto, tres por estafa, dos por atentado, dos por usurpación de funciones, uno por lesiones, uno por malos tratos, uno por abusos deshonestos y uno por robo a mano armada, habiendo sido condenado en el año 1925 a ocho años, cuatro meses y ocho días de presidio. Posteriormente, durante la Guerra Civil asesinó a multitud de personas, incluidos prisioneros de la cárcel Modelo.
