Mañana el Parlamento Balear tiene previsto derogar la Ley Autonómica de Protección a la Maternidad y de esta forma consumar un ataque más, no sólo a la familia, sino a las mujeres baleares.
El Pleno de mañana del Parlamento Balear incluye el último trámite para la derogación definitiva de la Ley de Protección a la Maternidad con la votación del dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales y de Derechos Humanos del Proyecto de Ley para su derogación. El gobierno del Partido Socialista contará con el apoyo de sus socios de izquierdas para perpetrar un ataque a todas las mujeres de las islas baleares.
Según el Gobierno Balear la Ley de Apoyo a la Maternidad era una «ley ideológica» por lo que se siente legitimado para legislar en perjuicio de las mujeres, y legislar para reducir los derechos de la ciudadanía.
Desde el Centro Jurídico Tomás Moro recuerdan al Parlamento Balear que la protección a la maternidad y a la familia no es simplemente un mandato constitucional, ni una obligación democrática, sino que ante todo es una obligación natural y consustancial a cualquier gobierno sea cual sea el régimen político del mismo. Es necesario recordar que la protección de la maternidad goza de una amplia tradición en España ya que incluso las leyes de Indias del siglo XVI establecían especiales derechos y protección para las mujeres embarazadas.
En este sentido el Gobierno Balear está empezando a explorar una peligrosa senda social consistente en la privación de derechos elementales a parte de la ciudadanía y la instauración de estructuras ideológicas sumamente discriminatorias para con las mujeres.
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Efectivamente, con la derogación mañana de la Ley de Protección de la Maternidad el Parlamente Balear está contribuyendo a instaurar estructuras discriminatorias hacia la mujer, pues la experiencia jurídica demuestra que toda la discriminación real hacia la mujer, no lo es tanto por su condición de mujer, como por su condición de madre o de potencial maternidad. Así tanto en el ámbito laboral como social las mujeres sufren discriminación real no por su condición de féminas sino por su condición de madres, lo que debería obligar al legislador balear no sólo a no derogar la norma de protección de la maternidad, sino a seguir desarrollando normativa jurídica para convertir en realidad la protección de la maternidad y apoyar a todas aquellas mujeres que no pueden ver cumplidos sus deseos de maternidad por no tener el apoyo social y económico suficiente para llevar adelante una maternidad responsable.
Con políticas regresivas como la que pretende desarrollar el Parlamento Balear se está produciendo de facto el «desahucio jurídico de la condición de madre» y se está instaurando una peligrosa concepción social y política que trata de violentar el deseo natural de miles de mujeres a ser madres, reduciendo los legítimos derechos de las mujeres. Con esta decisión derogatoria el Partido Socialista está estableciendo recortes sociales y de derechos inasumibles por una sorprendida ciudadanía que no acaba de entender por qué desde las instituciones públicas no se está considerando la maternidad como un bien social digno de protección, y se está privando a las mujeres sin recursos económicas del derecho a su maternidad.
