Como uno de los pocos países europeos con sólidas leyes que protegen al niño por nacer, Irlanda ha sido objeto de reiterados ataques por parte de instituciones internacionales como las Naciones Unidas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La constitución irlandesa sigue siendo provida; pero a raíz del reciente bombardeo de críticas, hay signos de que la determinación del país puede estar debilitándose.
A mediados de mayo, le tocó el turno a Irlanda para el Examen Periódico Universal (EPU), sistema por el cual los países son evaluados por otros estados miembros de la ONU en lo relativo a su registro de derechos humanos. Las recomendaciones que efectúan no son jurídicamente vinculantes y pueden ser aceptadas o los países receptores meramente pueden «tomar nota» de ellas. En el informe final que contiene todas las recomendaciones para Irlanda, quince países (de 193) le pidieron explícitamente que avanzara en la legalización del aborto. Otros tres, entre ellos Estados Unidos, le instaron a proteger los «derechos reproductivos», lo cual a menudo se considera que incluye el aborto.
Es segunda vez que Irlanda se presenta al EPU. En 2011, recibió seis recomendaciones para que liberalice su legislación de aborto, entre ellas una de Noruega que insinuaba equivocadamente que un tratado de la ONU incluía el derecho a él. Todas fueron rechazadas. Pero en este último ciclo, Irlanda accedió a «examinar» las recomendaciones relacionadas con el aborto, aunque admitió que aceptarlas era imposible por el momento, dadas las leyes que rigen en el país.
No obstante, la viceprimer ministra irlandesa y ministra de Justicia Frances Fitzgerald dijo que el aborto es un «tema de actualidad» y habló de planes de conformar una asamblea de ciudadanos para debatirlo, además de prometer una respuesta para el mes de septiembre.
Pese a que ningún tratado de la ONU menciona el aborto, Irlanda ha sido criticada por los comités que supervisan el cumplimiento de tratados de la ONU sobre la tortura, la discriminación de la mujer y los derechos civiles y políticos.
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Cuando el Comité de Derechos Humanos de la ONU llevó a cabo debates el otoño pasado para definir el «derecho a la vida», excluyó a los niños por nacer. Su opinión no es vinculante, pero intensifica la presión en contra de los países cuyas leyes afirman normas más altas.
Amnistía Internacional ha apuntado particularmente a Irlanda por su legislación provida. El vocero de la rama irlandesa de esa organización recibió con agrado la respuesta abierta a la presión proabortista.
Las agrupaciones provida instan al gobierno a no dar marcha atrás. «Por supuesto que no existe tal cosa como el “derecho humano” al aborto», escribe Cora Sherlock, de Pro-Life Campaign. «Una noción de esta clase sería escandalosa porque el aborto contraviene el derecho humano más fundamental: el derecho a la vida… Esperamos que la ONU actúe como protectora de vidas humanas».
Sherlock atribuye a la Octava Enmienda de la Constitución del país, que protege tanto a la madre como al hijo por nacer, el haber «salvado las vidas de miles de personas en Irlanda». Pro-Life Campaign realizará una concentración el 4 de junio para «Celebrar la Octava» y escuchar las «historias de familias que jamás hubieran existido si no estuviera nuestra protección constitucional del niño por nacer».
Otro de los temas que no tocan los tratados de la ONU es la orientación sexual y la identidad de género (OSIG), pero muchos países ratificaron en el EPU la reciente aprobación del matrimonio homosexual en Irlanda, acontecimiento sobre el que Fitzgerald manifestó que «podría decirse que se trata del avance más importante en derechos humanos, en Irlanda» desde la última ronda del Examen.
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Las recomendaciones que presionan a los países a incluir la OSIG superan ampliamente en número a las relativas al aborto en el EPU, pero muchos están manifestando rechazo. Hasta mayo de 2015, menos de un cuarto de las sugerencias en esa materia que solicitaban modificaciones en las leyes nacionales fueron aceptadas.
