Los defensores de los derechos LGBT en la ONU se están preparando para el voto más importante en su agenda desde el 2008.
En noviembre, la Asamblea General de la ONU debe decidir si aprueba o no un nuevo puesto controversial en la ONU para imponer nuevos derechos especiales que se basan en la orientación sexual y el comportamiento de los individuos que se identifican como lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgénero (LGBT).
Literalmente, pavimentaron el camino para la apertura del debate del presente año, el paso de peatones que atraviesa la 1ra avenida de la misión estadounidense en la sede de la ONU fue pintado la semana pasada con una bandera del arco iris para que los líderes mundiales lo crucen en su camino hacia la sede de la ONU para la apertura de la Asamblea general de este año.
El Consejo de Derechos Humanos estableció este mandato sin ningún precedente de “experto independiente sobre la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género” a través de una resolución que apenas fue aprobada en el mes de junio.
El mandato ya ha aumentado la tensión dentro de las Naciones Unidas sobre la promoción de los derechos LGBT en la ONU y se espera que sea desafiado.
“Ustedes no tienen idea de lo mucho que me han criticado y estoy luchando con los Estados Miembros (sobre los derechos LGBT)”, dijo el saliente secretario general, Ban Ki-moon mientras que elogiaba la “difícil victoria” en el Consejo durante un evento promocionado como el evento LGBT de más alto nivel jamás antes celebrado en la sede de la ONU.
El Grupo Africano, que normalmente presenta el trabajo del cuerpo de Ginebra en la Asamblea General, tiene la oportunidad de bloquear la resolución impugnada e impedir el establecimiento del mandato, pero hay varios obstáculos para lograrlo.
Los Estados Unidos, los países europeos y los nórdicos que dirigen millones de dólares cada año a África a través del sistema de la ONU y la asistencia bilateral han estado presionando a los países africanos para evitar el bloqueo del mandato, con el argumento de que el Grupo Africano no puede impugnar la acción del Consejo de Derechos Humanos.
Si la resolución es bloqueada, los países que se oponen al nuevo mandato es probable que argumenten que la Asamblea General tiene la autoridad a través de la Carta de las Naciones Unidas para revisar las decisiones de los órganos inferiores de la ONU. Este argumento puede encontrar un amplio apoyo.
El Consejo de Derechos Humanos, integrada solamente por 47 de los 193 Estados Miembros de la ONU, es un órgano dependiente de la Asamblea General y la Carta de la ONU da la autoridad de la Asamblea General para hacer frente a “cualquier asunto” que implique a la organización.
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Existen preocupaciones legítimas sobre la base legal del mandato.
Ningún tratado de la ONU menciona la orientación sexual o identidad de género, o puede interpretarse objetivamente a que los incluya, como afirman los Artículos Familiares (Family Articles), la plataforma oficial de la ONG, Sociedad Civil por la Familia (Civil Society for the Family).
Existe un precedente en la labor de la Asamblea General para poner fin a una resolución del Consejo de Derechos Humanos. Ello ocurrió en el caso de una resolución sobre represalias cuando el consejo intentó crear un nuevo y controvertido mandato de la ONU en el 2014. Los mismos argumentos que se utilizaron en contra del mandato del 2014 que eran demasiados vagos y que no estaban fundamentados en el derecho internacional, se aplican en el caso actual. Los expertos señalan que las preocupaciones de fondo que subyacen en la acción en el 2014 son similares al caso actual, ya que ambos llegaron a un punto focal en el sistema de la ONU para un tema en particular.
