La Junta de Gobierno de la Comunión Tradicionalista Carlista quiere hacer pública su honda preocupación por las últimas actuaciones y resoluciones judiciales que han vuelto a poner de manifiesto la quiebra del sistema judicial español como administrador de‘Justicia’, esto es, de aquello que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde.
Hace apenas unas semanas la Audiencia Nacional absolvió a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, por el asalto a la Capilla de la Universidad Complutense al entender que con su acción (interrumpir la celebración de la Santa Misa con el torso semidesnudo y vociferando proclamas blasfemas) no tuvo lugar ninguna profanación ni se cometió ningún delito. Misma suerte corrieron el pseudo-artista Abel Azcona, al archivarse la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona, por entender, igualmente, que componerla palabra ‘pederastia’ con hostias consagradas no era tampoco constitutivo de delito, o los anarquistas chilenos que colocaron un explosivo en la Basílica de El Pilar de Zaragoza, que vieron rebajada su condena a solo 4 años de prisión por entender el Tribunal Supremo que no habían cometido dos delitos (de lesiones y de daños terroristas) sino uno solo. Sorprendentemente, no corrieron la misma suerte aquellos que, como los jueces Antonio Sala, Fernando Ferrín Calamita y Francisco Serrano – condenados los dos últimos a 10 años de inhabilitación- osaron enfrentarse a la llamada ‘ideología de género’, impuesta desde el poder político a todas las esferas de la vida social. Como tampoco han corrido la misma suerte los detenidos por el asalto a la librería Blanquerna durante la celebración de la ‘Diada’ en el año 2013 y que fueron condenados por el Tribunal Supremo a 4 años de prisión. La severidad de esta última pena evidencia que hay una diferente vara de medir según quien sea la víctima y el victimario.
Esta evidente falla del sistema judicial español alcanza también a otras muchas causas abiertas como el caso de los ERE’s (PSOE), en el que presiones políticas consiguieron apartar a la juez Mercedes Alaya de la investigación; el caso Gurtel/Bárcenas (PP), en el que se produjeron presiones políticas al juez Ruz para que abandonara la instrucción del caso; el caso Nóos, en el que las presiones al juez Castro y la actuación del Fiscal Anticorrupción mostraban unas indebidas injerencias externas; o las diferentes causas abiertas al clan Pujol, acusado de los delitos de cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales, entre otros, y sin ninguna consecuencia penal hasta el momento.
Los casos expuestos, junto a otros muchos, ponen de manifiesto que nuestro sistema judicial no funciona, y no ya porque no se respete la ‘presunción de inocencia’, la Administración de Justicia sea lenta, no disponga de los recursos humanos y materiales necesarios y los Juzgados y Tribunales estén saturados, sino porque no cumple con el principal papel de un sistema judicial: impartir y hacer ‘justicia’. Por todo ello, la Junta de Gobierno de la Comunión Tradicionalista exige que, con carácter de urgencia, se adopten las reformas legales y constitucionales necesarias en aras a conseguir que la Justicia española sea:
– Imparcial, despolitizada e independiente, esto es, sin intromisiones externas de ningún tipo, especialmente del Poder Ejecutivo. Dicha independencia pasan por la ‘despolitización’ del cargo de Fiscal General del Estado, hasta ahora nombrado directamente por el Gobierno, y del Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros son elegidos por los partidos políticos con representación parlamentaria.
– Rápida, disponiendo de los medios humanos y materiales necesarios para desarrollar eficientemente su labor, pues una justicia lenta no es justa;
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– Económica y accesible a todos, eliminando y/o reduciendo las tasas judiciales y promoviendo el acceso a la justicia gratuita de las personas con menos recursos económicos;
– Y ‘justa’ o en palabras de Santo Tomás de Aquino, que tenga la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido.
Junta de Gobierno de la Comunión Tradicionalista Carlista
Madrid, 23 de enero de 2017
