El periódico LA RAZÓN lanza la campaña «Sacrificio Cero» para instar al Congreso a elaborar una ley estatal que evite el sacrificio de los animales de compañía. Cada año se matan decenas de miles de perros y gatos en España. La petición, que ha sido secundada por otros medios de comunicación, ha conseguido el apoyo de 1.599 personas.
Es un loable proyecto. Conozco un perro con comportamiento más humano que el de muchos hombres, como por ejemplo el de esos excelentísimos señores que decían llegar a la política española con el ánimo de acabar con la casta y defender al débil. Pues bien lo que han hecho ha sido constituirse ellos en nueva casta, indocta maleducada y soez y en vez de defenderlos lo que procuran es finiquitar al débil.
Me refiero al proyecto que presentó Podemos en el Congreso pretendiendo regular la eutanasia con el eufemismo de “muerte digna”. Fue rechazado por 131 votos del PP en contra, 86 síes de Podemos y 122 abstenciones del PSOE y C,s; de modo que si se hubieran sumado los votos de estos últimos grupos, hubiera sido ya aprobada. Sin embargo, el debate volverá de nuevo al Pleno a propuesta de Ciudadanos que ha introducido en el orden del día su Proposición de Ley sobre «derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida». Igualmente, el PSOE también ha presentado una iniciativa similar que afecta a «los derechos de la persona ante el proceso final de su vida».
Esta proposición podría salir adelante porque todos los grupos, en el fondo, están de acuerdo. Incluso el Partido Popular rechazó que oponerse a la eutanasia «sea por una imposición de poderes religiosos y señaló que la propuesta de Podemos «no es oportuna, ni prioritaria», a pesar de lo cual, en la Asamblea de Madrid contribuyó a que fuera aprobado por unanimidad el texto definitivo de la ley que regula el derecho a morir con dignidad, presentado por el PSOE. Se trata de regular los derechos de las personas en situación terminal y de agonía, que podrán recibir cuidados paliativos integrales en un hospital (público o privado) o en su propio domicilio, si así lo desearan. El marco legal contempla también los deberes de los profesionales sanitarios y su seguridad jurídica.
El diputado socialista José Manuel Freire, ha destacado el reconocimiento del derecho a la sedación paliativa. Tras agradecer la presencia de los representantes de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, presidida por el doctor Luis Montes, ha recordado que la Ley es consecuencia de los hechos que motivaron el cese (este diputado habla de persecución) del doctor Montes en el Hospital Severo Ochoa[1].
Existe otra asociación, de la cual apenas se dice nada, quizá porque en vez de hablar de muerte, defienden la vida. Se trata de la asociación Vida Digna que considera que esta Ley «abre la puerta a la eutanasia encubierta», porque advierten que «permitirá retiradas inadecuadas de hidratación o nutrición, cuidados básicos ordinarios no definidos como tales en el texto legal recientemente aprobado, amparadas en un entendido supuesto ‘derecho a la toma de decisiones’, abriendo la puerta a prácticas eutanásicas encubiertas». Asimismo, consideran que «no concilia la defensa y garantía de la autonomía -mediante las preferencias del paciente- con la lex artis o buena práctica, exigible a todo médico«. En este sentido, afirman que «presiona a los médicos mediante sanción por infracción grave por vulnerar los ‘derechos de los pacientes’, lo que favorece el abandono de la lex artis al final de la vida». De hecho, aseguran que «obliga a las instituciones sanitarias y socio-sanitarias públicas y privadas a acatar la voluntad del paciente (o de sus parientes) de manera absoluta». Además, creen que «otorga poder a los profesionales para actuar amparados en la ‘seguridad jurídica’ del procedimiento legal, al poder incapacitar de hecho a la población más vulnerable, poniéndolos en situación de riesgo de eutanasia encubierta».
Cuando se consigue salir de la perplejidad que produce ver como se pone todo el empeño para evitar la muerte de perros y gatos mientras se induce la de las personas, uno se pregunta por las causas que lo motivan y le viene a la mente la imagen de la pirámide de población de España. La pirámide de población o pirámide demográfica es un gráfico de barras dispuestas horizontalmente cuya longitud es proporcional a la cantidad de personas que representa la edad y sexo de la población en cada una de dichas barras. Toma el nombre de la forma que debe adoptar en las sociedades con una población equilibrada. Tiene una amplia base debido al gran número de nacimientos y se estrecha paulatinamente por la mortalidad creciente a medida que aumenta el intervalo de edades considerado.
Puede adoptar distintas formas según las circunstancias demográficas de un momento y un lugar determinados. Los países desarrollados suelen presentar una pirámide de población en forma de bulbo o urna, es decir, más estrecha por abajo, en las edades jóvenes, debido al descenso de la natalidad y engrosada hacia arriba por el aumento de la esperanza media de vida. Así es, en estos momentos la pirámide de población española.
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Según el Informe Pulso Demográfico Allianz hecho público en enero de 2011, España tendrá un problema, ”tsunami” lo califican, por las jubilaciones que se producirán cuando llegue el momento de su retiro a la generación del “baby boom”, que es la expresión inglesa utilizada para definir la explosión de natalidad que se produjo tras la Segunda Guerra Mundial.
En España se intensificó en los años cincuenta y se prolongó hasta 1979, momento en el que la natalidad comienza un declive muy acentuado, que se ha visto favorecido por la política de los poderes públicos de proteger y fomentar el aborto. La situación demuestra que España tendrá en torno al 2020 una crisis por razones demográficas de una gravedad nunca vista que cuestiona la viabilidad del país. La cumbre de la pirámide será excesivamente ancha por arriba; por decirlo de manera gráfica, tendrá una cabeza muy gorda para una base tan pequeña y endeble, de modo que será difícil poder sustentarla.
Los distintos gobernantes que desde entonces (1979) no solo no se han preocupado de favorecer políticas natalistas, sino que, por el contrario han promovido con todo tipo de argucias y falacias el asesinato de nasciturus, se encuentran ahora con una situación de difícil solución. La inmigración, aun siendo más prolíficos, no es remedio suficiente para paliar la tasa de fecundidad tan baja que se da en España.
Por otra parte, siguiendo el mencionado informe de Allianz, la retirada de la generación del baby boom junto al aumento de la esperanza de vida harán que la sociedad española cuente con un 8% de jubilados, más del doble que en 1950. Para compensarlo se han buscado fórmulas prolongando la vida laboral, pero quizás no pueda ser aplicado a todas las profesiones.[2]
La llegada del baby-boom español a edades de jubilación no debería ser motivo de alarma. Ésta debería saltar por los actuales y futuros niveles de ocupación. Si no mejora la ocupación de toda la masa laboral existirá un problema de sostenibilidad del sistema de protección social, problema que no podrá resolver el Fondo de Reserva de la Seguridad Social que ya se ha gastado. La ocupación futura debería ser incluso mayor que la de los mejores tiempos pasados: a) para compensar unos efectivos menguados con respecto a las anteriores generaciones, y b) para ampliar la cobertura de unas generaciones pensionables de mayor tamaño (las del baby-boom) y con aumento de la esperanza de vida. La inquietud no debe depender del tamaño de las generaciones futuras de mayores, con sus efectivos crecientes y su mayor esperanza de vida, sino del nivel de ocupación de las personas en edad laboral.[3]
A pesar de estos informes técnicos, los poderes públicos se plantean qué hacer con una población donde cada vez nacen menos niños para poder renovar la base de la pirámide. Pero Rajoy ha encontrado una gran idea para fomentar la natalidad: crear una comisión, (no crean que esa broma, que es muy cierto). Para agravar la cuestión de la pirámide poblacional, tenemos en España un grupo de gente cada vez más numeroso que cobra pensiones de una caja que, por distintas razones, está exhausta, gasta dinero en sanidad (atención médica, fármacos, prótesis, etc.), consumen poco (por lo que no son un motivo reactivador de la economía) y con esto del aumento de la esperanza de vida, cada vez duran más. De modo que en vez de crear más y mejores empleos que puedan cotizar más a la caja de las pensiones, deciden dedicar todo su empeño en lo que podríamos llamar “nivelar la pirámide poblacional”. Y llegado a este punto cabe preguntarse dónde establecerán el corte: en los 71, en los 80? O quizás empezarán por arriba, por aquello de que los últimos, los más mayores, serán los primeros?
Con el suicidio de José Antonio Arrabal, enfermo de ELA, reivindicando su derecho a “una muerte digna”, la gente empieza a clamar por la aprobación de la ley, pero no defienden que el enfermo tiene el derecho de que se vele por la seguridad de su vida en todo momento, evitando de esta forma que determinadas personas utilicen la eutanasia para deshacerse de las personas que molestan. Todos los expertos consultados opinan que la libertad individual está por encima del poder del Estado. Se impone que el Estado proteja las libertades. El Estado está al servicio de la libertad individual. El ejercicio de la libertad exige respeto, regulaciones, evitar situaciones conflictivas, obrando con tolerancia respeto y diálogo. Por lo tanto tiene límites.
Se considera lícito que un médico deje de aplicar tratamientos desproporcionados a un paciente en coma irreversible, estaría aplicando la eutanasia pasiva ya que la situación es irreversible. La eutanasia pasiva se ha utilizado y se utiliza, significa dejar que la naturaleza actúe. No es el médico quien decide aplicar la eutanasia sino el enfermo, en caso de no decisión previa, el equipo y familiares y quizás ahora, políticos desaprensivos, podrán tomar decisiones al respecto. Es un derecho inalienable y exclusivo del enfermo. El médico es el que mejor conoce la situación clínica del paciente y deberá poner los medios técnicos y legales a disposición de su paciente. Todos opinan que la legalización de la eutanasia puede crear conflicto social siempre y cuando no se controle adecuadamente, porque puede considerarse un atentado a la vida humana. La aplicación de la eutanasia no puede controlarse al cien por cien, sobre todo la pasiva.
Ningún problema social puede controlarse al cien por cien. Podría convertirse en algo incontrolable. Podría darse esta situación de desconfianza ante la falta de información, situaciones de miedo por defender los intereses que no son los del enfermo. Algunos expertos dicen por ello que hay que tener mucho cuidado con la letra pequeña de la ley.[4]
A los ancianos españoles les han quitado hasta el tradicional lamento “morir como un perro” puesto que aquellos a quienes pagamos para que gobiernen, decidirán que aquéllos, sólo por ser viejos, no son merecedores de la misericordia que tienen con los animales. Sacrificio cero con perros y gatos, pero sí para los hombres? ¿Lo aplicarán también a sus familiares?.
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[1] Luis Montes Mieza (Villarino de los Aires, Salamanca, 1949) , médico anestesista español, fue coordinador del Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés, Madrid del que fue Director y, desde el año 2000 Coordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa, cargo que desempeñó hasta el 2005.
En mayo de 2005 los doctores Montes y Miguel Ángel López Varas son investigados por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a causa de dos denuncias en las que se les acusaba de sedaciones en dosis elevadas en enfermos terminales en el Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa que coordinaba. Según informaciones de prensa, en ese momento las muertes en las urgencias del Severo Ochoa triplicaban porcentualmente la media de los restantes hospitales madrileños. El informe presentado por la Consejería de Sanidad identifica 73 casos de sedación realizados de forma incorrecta entre el 1 de septiembre de 2003 y el 8 de marzo de 2005. En 2005 el doctor Montes Mieza fue cesado en el puesto de coordinador a instancias del consejero. Tras el cese de Montes como Director de las Urgencias del Severo Ochoa, las muertes en el servicio se redujeron a la mitad. Le llamaron “doctor muerte” como a Aribert Heim médico de las Schutzstaffel en el campo de concentración de Mauthausen-Gusen.
A pesar de tal evidencia, el 28 de enero de 2009 Luis Montes Mieza y Miguel Ángel López interpusieron una querella -admitida a trámite- por denuncia falsa y falsedad contra el consejero Manuel Lamela Fernández y los seis médicos de distintos hospitales firmantes del informe con el que se le pretendió inculpar de causa de muerte por mala praxis. En abril de 2011 la titular del Juzgado de Instrucción Número 43 de Madrid acordó el «sobreseimiento libre y el archivo» de la querella. Las querellas presentadas por Montes contra Lamela, el diario El Mundo, Federico Jiménez Losantos y César Vidal fueron todas archivadas por los Tribunales y en algunos casos fue condenado a pagar costas. Los tribunales concluyeron, que las causas de los fallecimientos de los casos analizados no pueden con certeza ser atribuidos a la sedación, por lo que no queda demostrada la acusación, lo que no significa que el Tribunal hubiera dictaminado la inexistencia de mala praxis.
Desde 2009 es Presidente Federal de la asociación Derecho a Morir Dignamente.
[2] ABORTO Y POLÍTICAS PÚBLICAS. Dirigido por Josep Miró i Ardèvol. Instituto de Estudios del Capital Social (INCAS) Universitat Abat Oliba CEU
[3] Antonio Abellán García, Rogelio Pujol Rodríguez. Departamento de Población, CSIC.
[4] M a Elena Ferrer Hernández: LEGALIZACIÓN DE LA EUTANASIA COMO OPCIÓN A UNA MUERTE DIGNA CONSULTA DE EXPERTOS A TRAVÉS DE LA TÉCNICA DELPHI
