Según informa C-Fam un nuevo análisis sobre el sistema de monitoreo de los Derechos Humanos de la ONU demuestra una preocupación universal entre expertos, pero solo un pequeño número de Estados miembros tienen problemas controversiales sobre aborto y homosexualidad.
Los datos revelan que más de la mitad de las recomendaciones hechas por los órganos monitores de los tratados de la ONU sobre Derechos Humanos incluyen presiones hacia los países para que liberalicen sus leyes en materia de aborto y de orientación sexual e identidad de género (SOGI, por sus siglas en inglés), aunque ninguno de los dos conceptos aparezca en tratados de la ONU sobre Derechos Humanos.
El Comité de Derechos Humanos, el cual monitorea al Pacto Internacional sobre los Derechos Políticos y Civiles, fue el más agresivo con respecto a SOGI, que apareció en el ochenta y cinco por ciento de sus observaciones del año pasado.
En contraste, un proceso relativamente nuevo llamado Revisión Periódica Universal (UPR por sus siglas en inglés), donde los Estados Miembros de la ONU se revisan mutuamente, demuestra que la obsesión con el aborto y con SOGI permanece tan solo en un pequeño número de países principalmente occidentales. Más del noventa por ciento de la presión con respecto a esos dos temas en la UPR provino de menos de 25 países respectivamente. Al igual que el texto de los tratados vinculantes de la ONU sobre Derechos Humanos, la gran mayoría de los 193 Estados Miembros de la ONU ha permanecido en silencio en cuanto a estos temas polarizados.
Desde hace tiempo hay una separación entre las palabras que están en los tratados, las intenciones de los estados partes sobre los tratados y éstos órganos de monitoreo de tratados. No solo es el hecho de que los tratados omitan mencionar estos temas, también está el hecho de que las propuestas de incluir el aborto y los “derechos sexuales” en las negociaciones en la ONU continúa paralizado y sin lograr consenso. En un intento por evitar este requisito de consenso, estos grupos de expertos trabajan arduamente por establecer sus propios estándares- y culpar al mundo por ellos. Estas opiniones no vinculantes después son recibidas como “de autoridad” por grupos de activistas que comparten sus metas.
Cada detalle y título de los tratados de la ONU sobre Derechos Humanos fueron negociados meticulosamente por los Estados Miembros, después fueron sopesados cuidadosamente por cada país para considerar la ratificación. Una vez que una nación está obligada por un tratado, debe enviar reportes periódicos al órgano monitor del tratado, quien a cambio envía sugerencias para mejorar su cumplimiento. Ese es el proceso.
A mediados de los 1990´s, varias agencias de la ONU y órganos sobre los tratados formularon una estrategia para reinterpretar los instrumentos de derechos humanos para incluir estos temas controversiales con la perspectiva de que esto podría forzar a los países a cambiar su legislación. En un documento técnico de 2007 llamado “Rights By Stealth” (Derechos furtivos), la Dra. Susan Yoshihara y el Dr. Douglas Sylva detallaron la estrategia de una década después, revelando cómo es que esta perspectiva ha demeritado el concepto entero de Derechos Humanos y ha llevado a un aumento en la desconfianza de los Estados Miembros hacia el lenguaje de Derechos Humanos.
Diez años después, el análisis cuantitativo de las recomendaciones de varios órganos, revela que la presión ha ido en aumento.
Mientras tanto, la definición de “familia” establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha sido atacada por aquellos que pretenden redefinirla, de ser la unidad natural y fundamental de la sociedad a ser una estructura abierta que puede tomar “varias formas”. Para lograr este objetivo, no solo debe haber una nueva interpretación radical para los tratados, también se estaría ignorando un documento base de la ONU y también se le disminuiría su autoridad para favorecer una noción de Derechos Humanos mucho menos universal.
