Hace un año un grupo de defensores de la libertad lingüística hicieron público un manifiesto bajo el nombre castellanohablantes.es, para llamar la atención sobre la restricción de derechos lingüísticos que estábamos soportando en varias comunidades autónomas de España. Desde entonces han estado trabajando para crear una entidad desde la que aunar esfuerzos y reclamar nuestros derechos. A lo largo de este año hemos visto cómo la falta de libertad de lengua para los hispanohablantes empeora en Cataluña, País Vasco, Islas Baleares y Galicia, sobre todo en el ámbito educativo, siendo la Comunidad Valenciana, donde este ámbito ha empeorado de forma más notable. En Cataluña ya no se puede estudiar ninguna asignatura en español. En el País Vasco se entorpece la elección de la línea en nuestra lengua, en Baleares, Galicia, o Comunidad Valenciana, se aprueban normas que la eliminan de asignaturas clave, disfrazando esta imposición bajo nombres como “trilingüismo” o “plurilingüismo” y, en Navarra se sustituye de forma progresiva la educación en español por la enseñanza en euskera.
Estamos viendo cómo se propone que sea garantizado el uso del catalán, euskera, y gallego incluso en lugares de España donde éstas lenguas no son oficiales, mientras siguen sin restablecerse los derechos que nos han quitado a los hispanohablantes. Por otra parte, tanto el discurso sobre una pretendida plurinacionalidad de España, como los pactos que se plantean para blindar la imposición de lengua a cambio de una hipotética paz con el independentismo, o las propuestas de cambios en la Constitución, suponen una nueva amenaza para los derechos de los hispanohablantes.
Ante la gravedad de esta situación, las entidades defensoras de la libertad de elección de lengua han decidido pasar a la acción de forma conjunta. Han elaborado una propuesta de ley nacional que garantice nuestros derechos lingüísticos, respetando los de los hablantes de las lenguas cooficiales, y la llevaran al Parlamento español en forma de Iniciativa Legislativa Popular. Lo haran bajo el paraguas de una nueva entidad: Hablamos Español, que informará y llamará a la sociedad española a participar. La denominada “normalización lingüística” se sostiene gracias a la desinformación, a las campañas de los partidos que se benefician de crear diferencias, y a la presión del lobby que ha convertido la conservación de lenguas minoritarias en un gran negocio.
La ley que han elaborado se basa en el principio de elección lingüística, y es por ello homologable a las que se aplican en los países europeos en los que existen dos o más lenguas oficiales en un territorio. Esta la única manera de que se respete la igualdad de derechos.
Con esta ley se quiere lograr básicamente lo siguiente:
Se quiere que haya líneas para poder estudiar todas las asignaturas en español en toda España, también en las comunidades autónomas con otra lengua, aprendiendo la lengua cooficial como asignatura.
Se quiere ver nuestro idioma en hospitales, en documentos oficiales, en campañas sanitarias, formularios, impresos, en las indicaciones de edificios públicos, en los boletines de notas, en las señales de tráfico, y en la información turística. La asociación quiere que la atención al ciudadano en las comunidades con dos lenguas sea bilingüe. Esto no implicará que todos los empleados públicos deban conocer la lengua cooficial con el castellano en el territorio, sino que bastará con que la administración en su conjunto organice sus recursos humanos para satisfacer tales derechos, como se hace en otros países.
Se pretende que las ayudas a jóvenes creadores en las comunidades bilingües sean concedidas también a los escritores y creadores que usan el español, y que la cultura en español deje de estar excluida de la vida oficial.
Igualmente lucharán por que no se hurten palabras a nuestro idioma. Que los topónimos en español de larga tradición histórica dejen de estar prohibidos en el ámbito oficial.
La asociación defenderá que no se excluya ni se penalice el uso del español a la hora de solicitar una ayuda pública.
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El problema de la exclusión del español en las comunidades con cooficialidad lingüística nos afecta a todos, a los que vivimos en ellas, y a las personas que se trasladan a vivir donde nosotros vivimos desde otros lugares de España, por motivos personales o de trabajo, algunos de ellos obligados a un traslado forzoso por su profesión. Todas estas personas no pueden escolarizar a sus hijos en español.
Desde la asociación saben que será difícil pues detrás de la promoción y conservación de estas lenguas hay intereses políticos y también económicos, pero muestran su compromiso para que el derecho a usar y ser educado en español quede al margen del mercadeo político, que se conciencien de ello todos los partidos, los de derecha y también los de izquierda, que se han echado en brazos del nacionalismo olvidando que los niños de familias de las clases más desfavorecidas económicamente, a quienes ellos dicen defender, son los más perjudicados por estas políticas.
Es necesario entregar 500.000 firmas acreditadas, ante el Parlamento. Una vez presentada la Iniciativa Legislativa Popular, habrá nueve meses para reunirlas. Para contribuir con la recogida de firmas o con la donación de fondos se puede consultar la web www.hispanohablantes.es
