“Señor mi vida podéis quitarme, pero más no podéis. Es preferible morir con gloria a vivir con vilipendio».
Calvo Sotelo
No se cansan las izquierdas de repetir como mantra que la guerra civil española fue causada por unos militares, con Franco a la cabeza, que, como espadones del siglo XIX, no respetaron las últimas elecciones que dieron el triunfo al Frente Popular en la, según ellas, democrática II República.
Pero lo cierto es que esas elecciones fueron un fraude constatado por las investigaciones de Álvarez Tardío y Villa García[1] al estudiar las actas de las votaciones realizadas; tampoco fue Franco el organizador de la oposición sino que fue el último en incorporarse. Y en cuanto a que los “decimonónicos espadones militares” atacaron una situación de paz solo pueden creerlo aquellos que con igual veracidad afirman que la Revolución Rusa solo causó cinco muertos.
Esta era la situación.
Aún antes de producirse durante el bienio radical-cedista, la revolución de octubre de 1934, se originaron desórdenes incontrolados con robos y asesinatos que dieron lugar, especialmente en las grandes ciudades, a que se advirtiera en ellas un ambiente cargado de malos presagios que se prolongó hasta desembocar en la guerra civil.
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La campaña electoral de 1933 resultó muy virulenta; las izquierdas causaron no menos de seis muertos a las derechas, sin réplica de éstas. Gil Robles, pese a las violencias y crímenes sufridos hizo un llamamiento a la concordia en su último discurso de campaña, por el contrario, Largo Caballero utilizó un tono belicoso: “….Estamos dispuestos a no retroceder y a llegar a donde sea necesario. Necesitaremos someter a nuestros enemigos para conseguir la completa emancipación de la clase proletaria”. Pese a la claridad de su derrota las izquierdas no la aceptaron en absoluto. El presidente Alcalá-Zamora se quejará de que las izquierdas republicanas le propusieron tres golpes de Estado en 20 días: Botella, ministro de Justicia, Gordón Ordás, ministro de Industria y el tercero por Azaña, Casares y Marcelino Domingo quienes dirigieron a Martínez Barrio, presidente del Consejo, “una carta de tenz y fuerte apremio en la que el llamamiento tácito a la solidaridad masónica se transparentaba clarísimo”.
La ERC, siempre trufada abundantemente por la masonería, reaccionó con estridentes amenazas. Companys en el periódico La Humanitat, arengaba:
“¡En pie de guerra! Ha ganado toda la tropa negra y lívida de la Inquisición y el fanatismo religioso para apuñalar la democracia. No ha sido la Lliga ni Acción Popular la triunfadora. Ha sido, aquí y fuera, el obispo. Ha sido la Iglesia, ha sido Ignacio de Loyola”.
La CNT replicó a las elecciones con su más sangrienta insurrección hasta la fecha, causando en varias provincias un mínimo de 89 muertos, 20 de ellos por la caída de un tren desde un puente dinamitado por los anarquistas. No menos peligrosa fue la actuación del PSOE que, al radicalizarse grandemente, expulsó de los puestos de poder a Besteiro y a sus seguidores, por medios a menudo violentos, y los preparativos para un movimiento revolucionario se aceleraron. Los dirigentes bolcheviques despreciaban abiertamente al centro derecha, y consideraban llegada la ocasión histórica de cumplir sus objetivos máximos derrocando la república burguesa. Lo expresó con claridad uno de los principales comprometidos, Amaro del Rosal, en una disputa con los besteiristas:
«El año 33 es favorable a la revolución. Existe un espíritu revolucionario; existe un Ejército completamente desquiciado, hay una pequeña burguesía con incapacidad de gobernar, que está en descomposición. Tenemos un gobierno que no conoce la historia de España, que es el de menor capacidad, el de menor fuerza moral, el de menos resistencia. Por eso yo opino que ahora todo está propicio«. Lo mismo pensaban Largo, Prieto, Araquistáin y la plana mayor del partido.
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El gran triunfador de las urnas había sido Gil-Robles, con la CEDA como partido más votado, y por tanto con plena capacidad legal para exigir el poder. No obstante, renunció a hacerlo, de momento, pensando que le bastaría con presionar desde fuera del Gobierno a su aliado, el Partido Radical de Lerroux, en espera de que se calmasen las pasiones de las izquierdas. Pero sus adversarios tomaron su gesto por una muestra de debilidad y se enardecieron todavía más. Utilizarán el tratamiento sistemático de fascista para provocar en las masas inquietud y voluntad de lucha y paralizar a la CEDA, empujándola a la defensiva.
A estos hechos se unió la conmoción que supuso que en la noche del 10 de septiembre fuese sorprendida y abortada por la fuerza pública, a la entrada de la ría del Nalón, la operación de desembarco de armas desde el vapor «Turquesa», en la que aparecieron implicados algunos dirigentes socialistas, entre ellos el ex ministro Indalecio Prieto.
Dimitido Samper el 1 de octubre, entraron en el Gobierno tres ministros cedistas, bajo la presidencia de Lerroux: el antiguo catalanista Oriol Anguera de Sojo, el regionalista navarro Rafael Aizpún y Manuel Jiménez Fernández.
Era la señal esperada por las Alianzas Obreras. Los obreros se alarman por esta decisión; temen perder el gobierno republicano. El día 5 de octubre, la UGT declaró la huelga general y Lerroux reaccionó proclamando el estado de guerra. Así pues, comenzó el movimiento huelguístico e insurreccional decretado por el Comité Revolucionario socialista presidido por Francisco Largo Caballero, aunque en la mayor parte del país fracasó. En Madrid destacó la inactividad, al igual que ocurrió en Extremadura, Andalucía y Aragón. En las Provincias vascongadas hubo alguna otra actividad destacada que fue rápidamente sofocada, como también ocurrió en Barcelona y el resto de Cataluña, pero en Asturias la alianza obrera triunfó.
A lo largo de la noche del 4 se suceden los ataques a los cuarteles de la Guardia Civil y de Asalto de Olloniego, Mieres, Ujo, Santullano, Turón, Sama, Ciaño, El Entrego, Barredos, Pola de Laviana y otros. Fueron enviados refuerzos urgentes a Mieres y a Sama, pero los primeros no pudieron pasar de Manzaneda, donde los de Asalto primero, y unidades del Ejército después, fueron incapaces de vencer la resistencia que varios grupos de mineros ofrecieron a su avance, y regresaron a Oviedo temiéndose lo peor. El manifiesto firmado por el Comité de Alianzas Obreras y Campesinas de Asturias lo dejaba claro:
«Tras nosotros el enemigo sólo encontrará un montón de ruinas. Por cada uno de nosotros que caiga por la metralla de los aviones, haremos un escarmiento con los centenares de rehenes que tenemos prisioneros”. Así fue. Oviedo quedó destrozado, pero hubo insurrecciones también en el concejo de Pola de Siero, donde los comités revolucionarios de mayoría socialista atacaron y rindieron los cuarteles de la Guardia Civil, y a continuación se distribuyeron armas y se organizó la defensa. En Trubia, los obreros de la fábrica de armas actuaron con rapidez y contundencia rindiendo a la Guardia Civil y a la guarnición militar que custodiaba la factoría; en Grado, el comité de mayoría comunista dominó la población e izó la bandera roja en el Ayuntamiento; en Avilés, los insurrectos consiguieron hundir el buque Agadir en la bocana del puerto para impedir la arribada de unidades de la flota. En Luarca la localidad más poblada del oeste de Asturias, no hubo insurrección porque la Guardia Civil detuvo al comité revolucionario antes de iniciarse el movimiento.
A los tres días de iniciada la insurrección buena parte de Asturias ya se encontraba en manos de los mineros, incluidas las fábricas de armas de Trubia y La Vega que se pusieron a trabajar día y noche. En toda la provincia se organizó un Ejército Rojo, que al cabo de diez días llegó a alcanzar unos 30.000 efectivos, en su mayoría obreros y mineros. Además de los principales líderes sindicales y obreros, destacó Francisco Martínez Dutor, antiguo sargento que había participado en la Guerra de África y estaba afiliado a la UGT, el cual se convirtió en el asesor militar de la dirección revolucionaria, aunque su participación no es tan recordada como la de otros líderes.
Desde el gobierno consideraron que la revuelta asturiana es una guerra civil en toda regla, −aún desconociendo que los mineros empiezan a considerar en Mieres la posibilidad de una marcha sobre Madrid−, por lo que el gobierno adopta una serie de medidas enérgicas. Ante la comunicación de Gil-Robles a Lerroux exponiéndole que no se fíaba del jefe de Estado Mayor, general Masquelet, los generales Goded y Franco (que tenían experiencia al haber participado en la represión de la huelga general de 1917 en Asturias) son llamados para que dirijan la represión de la rebelión desde el Estado Mayor en Madrid. Estos recomiendan que se traigan tropas de la Legión y de Regulares desde Marruecos.
El gobierno acepta la propuesta de los generales Franco y Goded y el radical Diego Hidalgo, ministro de la Guerra, justifica formalmente el empleo de estas fuerzas profesionales porque eran las únicas fuerzas militares españolas experimentadas por sus combates en África, (aprovechaban con ello el pánico que causaban los soldados marroquíes). Lo cierto también es que con la utilización de esas tropas, evitaban el problema que podían crearle las posibles muertes de jóvenes peninsulares.
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Pero para entender bien esta época, y en especial el tumultuario periodo que transcurre desde el 16 de febrero al 15 de junio de 1936, remitimos a la sesión parlamentaria celebrada el 16 de junio de 1936 en el Congreso de los Diputados, cuyo tema de discusión, precisamente, fue una propuesta defendida por el grupo de Gil Robles con el expresivo título de «El estado subversivo de España». Se encabezaba con las siguientes palabras: «Las Cortes esperan del Gobierno la rápida adopción de las medidas necesarias para poner fin al estado de subversión en que vive España». En su discurso enumeró, entre otros, los siguientes sucesos: «Iglesias totalmente destrozadas, 160; asaltos de templos, incendios sofocados, destrozos, intentos de asalto, 251; muertos, 269; heridos de diferente gravedad, 1.287: agresiones personales frustradas o cuyas consecuencias no constan, 215; atracos consumados, 138; tentativas de atraco, 23; centros particulares y políticos destruidos, 69; idem. asaltados, 312; huelgas generales, 113; huelgas parciales, 228; periódicos totalmente destruidos, 10; asaltos a periódicos, intentos de asalto y destrozos, 33; bombas y petardos explotados, 146; recogidas sin explotar, 78»[2].
En el Acta de la Sesión quedaron reflejadas estas cifras. No existió discrepancia alguna acerca de ellas, ni ese día ni en las siguientes sesiones, por tanto, se pueden considerar como exactas las cifras aportadas, aunque ahora, como siempre, se quiera convencer de lo contrario.
Gil Robles era consciente de que el plan de actuación del Frente Popular estaba totalmente supeditado a las órdenes dictadas por la Internacional Comunista. Por ellas, el Frente Popular debería suspender durante el periodo electoral la violencia contra la Iglesia, la burguesía y los políticos de la derecha, para una vez lograda la asociación con los partidos republicanos que no se habían adherido previamente al Frente Popular creado el año anterior, cumplir con el programa pensado y aprobado, regresando a las agresiones, aumentándolas, para así obtener «el dominio total del poder, al cual hay que llegar utilizando todos los medios» Al Frente Popular, en esas fechas sólo le faltaba controlar al ejército, de ahí que en la Sesión de Cortes del 16 de junio la institución castrense estuviese en «el ojo del huracán».
El programa oficial estalinista del Frente Popular incluía: la independencia del Marruecos español; la liberación de las «naciones oprimidas»: Cataluña, Vascongadas y Galicia; la confiscación de todas las tierras de la Iglesia y de los terratenientes; armar a obreros y paisanos del Frente Popular; la confiscación o control de bienes y empresas y anular todas las deudas adquiridas por campesinos y pequeños comerciantes con la banca, que, en siguientes etapas, sería nacionalizada[3]. Valiéndose de los Sindicatos, movilizaban las masas adictas para lograr los fines proyectados, creando el clima propicio para dar paso a paso el último giro a la izquierda, consistente en llegar a regirse por un régimen estalinista, como bien se expresó ese deseo en el Parlamento el día de proclamación del triunfo del Frente Popular. En ese momento la Internacional fue cantada en él, puño en alto, mientras Dolores Ibárruri, «Pasionaria«, diputada por el Partido Comunista de España, PCE, arengaba: «Hay que comenzar por encarcelar a los patronos que se niegan a aceptar los laudos del gobierno, hay que encarcelar a los que con cinismo sin igual, llenos de sangre de la represión de octubre, vienen a exigir responsabilidades (…)«.
Por si fuera poco, definió la revolución de octubre de 1934 como romántica (1500-2000 muertos y 15 000-30 000 detenidos) y acusó a Calvo Sotelo de «azuzar a los generalitos para levantarse contra el Poder del Estado (…) el estallido de octubre, octubre glorioso, significó la defensa instintiva del pueblo frente al peligro fascista… miserables los hombres encargados de aplastar el movimiento«. (De ahí que al general Eduardo López Ochoa, no le perdonaran su misión de pacificar dicha revolución y aprovechando que, indefenso, estaba hospitalizado en el Hospital Gómez Ulla, le cortaran la cabeza, y la pasearan por el barrio). Cerró su discurso Ibárruri refiriéndose a los componentes de la oposición, con la frase «nosotros no debiéramos tolerar que se sentasen ahí».
Por su parte, el pontevedrés José Calvo Sotelo (fundador del Bloque Nacional, grupo parlamentario que englobaba a varios pequeños partidos, y que había obtenido la plaza de diputado en Cortes siendo miembro de Renovación Española), expresó que «España vive sobrecogida (…) por todas partes, desorden, pillaje, saqueo, destrucción» y denunció que : «Se está desatando en España una furia antimilitarista que tiene su arranque y origen en Rusia y que tiende a minar el prestigio y la eficacia del Ejército español» y continua defendiéndole: «en Asturias se ha asesinado y torturado por cientos a hombres indefensos. Se ha robado, se ha incendiado».
El cadáver de Calvo Sotelo tras su asesinato por la izquierda republicana.
“La Pasionaria” entonces, gritando sin tener turno oratorio, advirtió a Calvo Sotelo que era la última vez que hablaba en el Congreso: «Este es tu último discurso». Calvo Sotelo, respondió, dirigiéndose al presidente que acababa de recriminarle por su percepción acerca del significado del ejército, solicitando que rectificase: «Yo tengo, señor Casares Quiroga, anchas espaldas (…) Lo repito: mis espaldas son anchas; yo acepto con gusto y no desdeño ninguna de las responsabilidades que se puedan derivar de actos que yo realice, y las responsabilidades ajenas, si son para bien de mi patria y para gloria de España, las acepto también (…) Señor mi vida podéis quitarme, pero más no podéis. Es preferible morir con gloria a vivir con vilipendio».
En la sesión parlamentaria del 1 de julio de 1936, el diputado socialista Ángel Galarza Gago ratificó la amenaza de la Pasionaria, legitimando el empleo de la violencia contra Calvo Sotelo por «erigirse en jefe del fascismo y querer terminar con el Parlamento y los partidos». Galarza continuó su discurso dirigiéndose a Calvo Sotelo: «Pensando en Su Señoría, encuentro justificado todo, incluso el atentado que le prive de la vida». Los diputados de centro y derecha protestaron con fuerza. En el tumulto originado se oyó a la Pasionaria gritar «hay que arrastrarlos»[4] . Fieles discípulos de sus maestros, Galarza, el creador del cuerpo de Guardias de Asalto, imitó a Pablo Iglesias Posse, quien, en el mismo lugar el 7 de julio de 1910, se había dirigido a Antonio Maura, líder de los conservadores, con estas palabras: «Hemos llegado al extremo de considerar que antes que su Señoría suba al poder debemos llegar al atentado personal«. Y cumplidores de su palabra, 15 días más tarde el militante socialista Manuel Posa Roca hirió con dos disparos a Antonio Maura. No se encontró, o no se quiso encontrar, relación directa entre Pablo Iglesias y el frustrado magnicida. Así pasará con el de Calvo Sotelo hasta que muchos años después los historiadores saquen a la luz los hechos.
De los motivos iniciales, Núñez Morgado refiere lo siguiente: «En Madrid, como en toda España, ya lo hemos repetido, todos los días tenían lugar atentados y crímenes. En el entierro de un Guardia Civil, en los primeros días de julio, cayeron heridos a bala varios jóvenes derechistas que acompañaban el féretro. Entre otros, el joven Andrés Sáinz de Heredia, a quien se supuso, con fundamento, que había caído derribado por bala disparada por el Teniente de los Guardias de Asalto, señor Castillo ardoroso militante marxista e instructor de las milicias social comunistas. Amigos de aquél buscaron compensación en la venganza. Y en nueva réplica de odio y venganza el capitán Femado Condés creyó el momento de vengar a su colega Castillo.
El 14 de julio estaba convocada otra sesión en las Cortes. En ella, Calvo Sotelo seguiría defendiendo tanto la necesidad como la aptitud de las fuerzas armadas españolas, pero no le dejaron. En la madrugada del 13 de julio, José Calvo Sotelo fue obligado a salir de su domicilio, siendo asesinado, a continuación, por un grupo de milicianos socialistas gubernamentales, miembros de “La Motorizada” vinculados al político Indalecio Prieto. Entre ellos, su escolta, el capitán de la Guardia Civil Fernando Condés y quien fue su guardaespaldas Luis Cuenca Estevas, autor material del asesinato y con anterioridad del de Matías Montero. La importancia de este hecho la reflejó el propio Indalecio Prieto en «El Liberal» de ese mismo día: «La trágica muerte del Sr. Calvo Sotelo servirá para provocar el alzamiento[5] (…) Será una batalla a muerte, porque cada uno de los dos bandos sabe que el adversario si triunfa no la dará cuartel.
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La Pasionaria
Una eficaz maniobra dirigida por la Internacional Comunista[6] conformó el Frente Popular que subió al poder por poco. Desde entonces, y como bien se dejó claro en la Sesión de Cortes del 16 de junio de 1936, el Estado de Derecho había quebrado. La ilegal defenestración de Alcalá Zamora y, sobre todo, el intento de asesinato en las personas de Gil Robles y Antonio Goicoechea y el asesinato consumado de Calvo Sotelo, acciones todas ellas realizadas desde el poder, sólo fueron el certificado de esa quiebra democrática. La CNT organizó gradualmente una milicia vigorosa, mientras algunos de sus adherentes más emprendedores derrochaban su energía con columnas volantes que se adentraban en Cataluña para incitar a los campesinos a hacer la revolución, es decir, a dar muerte a la gente rica del pueblo, quemar la Iglesia y prender fuego al registro de la propiedad»[7].
Y así, en toda España la espiral de odio y violencia que venía produciéndose desde 1934 aumentó exponencialmente, de modo que el Alzamiento militar fue un acto en defensa de la nación y de sus individuos contra la barbarie estalinista, porque España, contrariamente a cuanto afirman, no era demócrata antes del 18 de julio de 1936.
Quizá Salvador de Madariaga, liberal republicano, supo apreciar la génesis de la tormenta que sufrió España y por ello afirmó:
“Con la revolución de 1934, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936”.
[1] Manuel Álvarez Tardío Y Roberto Villa García: “ 1936 Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular”, Espasa Libros, 2017. Libro interesantísimo por cuanto presentan las fotocopias de las actas manipuladas, pero que, precisamente por ello, no se le da publicidad. Las izquierdas no quieren oir hablar de ál.
[2] Obviamente en estas cifras no se distinguen los atentados cometidos por los sectores radicales de izquierdas, de los cometidos por los radicales de derechas, si bien fueron éstos, mucho menor en número.
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[3] Comparen con las intenciones de los actuales “frentistas”
[4] frase recordada por Gil Robles en su libro «No fue posible la paz»
[5] ¿Lo mataron para quera espoleta del alzamiento?
[6] Como queda dicho(ver nota 1) la maniobra consistió en una burda manipulación de algunas actas.
[7] NUÑEZ-MORGADO: LOS sucesos de España vistos por un Diplomático, Madrid 1979, p. 48
