El Parlamento catalán ha aprobado recientemente por unanimidad de todos los grupos en el pleno, incluido el PP, la ley catalana que anula los tribunales franquistas y las sentencias derivadas de los mismos, además de declarar su “ilegalidad”. La ley de Reparación Jurídica de las Víctimas del Franquismo, que así es su nombre completo, es muy clara y declara “nulos de pleno derecho” todos los consejos de guerra y tribunales creados por la dictadura desde la Guerra Civil hasta el restablecimiento de la democracia, y también pretende anular sus sentencias declarando su “ilegalidad”.
Así, sin más, ocultando las bárbaras actuaciones de los del “otro lado”, de modo que parece necesario insistir en la explicación de las causas que motivaron los actos jurídicos durante el gobierno del general Franco, especialmente referidos a Luis Companys. Decididos como están los radicales a volver a imponer sus criterios considerando a los buenos, malos y a los malos, buenos, héroes y santos a incluir en el martirologio cristiano, pretenden que sean anulados los juicios franquistas y, por supuesto, aquel que condenó a muerte al presidente de la Generalidad. La proposición considera que las sentencias contra Companys “son injustas; de modo que para demostrar lo contrario, nada mejor que mencionar hechos históricos que no opiniones trufadas de ideología.
Nunca se hace memoria histórica de la “justicia en zona roja”. No les interesa. Tendrían que reconocer que los milicianos que dominaban las distintas ciudades y pueblos de la zona republicana se tomaban la justicia por su mano, ante la ausencia de un poder central que monopolizase el ejercicio de la justicia en el territorio bajo su control. Se desarrolló así una justicia revolucionaria que vendría a regir el destino judicial de la España republicana. Para llevarlo a cabo crearon durante la guerra una gran cantidad de tribunales de carácter popular: El Tribunal Especial de Responsabilidades Civiles, los Jurados de Guardia o los Jurados de Urgencia, más la que realizaban directamente los comisarios del pueblo sin ninguna garantía para los detenidos, buscando hacer “su” propia revolución al desencadenar una violencia que afectó en gran manera a la imagen internacional de la República, aunque ahora pretendan ocultarlo. De hecho, entre las democracias occidentales se extendió la visión, gracias a los informes objetivos de periodistas y de diplomáticos extranjeros, de un contexto de violencia en el que las masas revolucionarias castigaban sin piedad a miembros de la iglesia, derechistas, propietarios rurales e importantes personalidades políticas y administrativas del bienio cedista[1]. ¿No hay reparación jurídica para las víctimas causadas por la barbarie roja?
Permitieron que una gran cantidad de “comités revolucionarios de justicia”, “tribunales revolucionarios” y “comités de salud pública” surgieran por todos los rincones de la España republicana. En Cataluña se encargaron de regular la organización de las diferentes localidades catalanas y, respecto a la justicia, se produjo durante los primeros compases de la guerra lo que Víctor Alba[2] denominó “Justicia por Consenso”, basándose en la ausencia de procedimientos judiciales, posibilidad de defensa por parte de los inculpados e incluso por la concurrencia de circunstancias ideológicas y personales. Es decir, era una justicia “por consenso” como consecuencia de dos factores: en primer lugar, la no concurrencia de institucionalización judicial, y en segundo lugar, la concepción generalizada de que se trataba de una justicia necesaria, ante la falta de institucionalización citada, cuya razón de ser fue la represión descontrolada a través de ejecuciones, incautaciones, requisas, etc.[3]
¿Pero, quién fue Luis Companys?
Luis Companys y Jover nació el 21 de junio de 1882 en Tarròs (Lérida) en el seno de una familia acomodada de propietarios rurales. A los 8 años sus padres le enviaron a estudiar interno al prestigioso liceo políglota de Barcelona; después estudió Derecho en la Universidad de Barcelona donde coincidió con Francisco Layret[4] y con él comienza su activismo político (y masónico, − iniciado en la R.L. Lealtad nº 9 de Barcelona), y participa en la fundación de la Asociación Escolar Republicana en 1900. En 1903
se enrola en la Unión Republicana, partido político fundado ese mismo año con el objetivo de unificar las fuerzas republicanas de España. Sus dos principales líderes, Nicolás Salmerón y Alejandro Lerroux[5], fueron masones; En 1910 la Unión Republicana se integraría en la Unión Federal Nacionalista Republicana (UFNR), de cuya sección juvenil (el ala más radical y nacionalista) Companys fue presidente. La parte más moderada y menos nacionalista se pasó al Partido Reformista de Melquíades Álvarez quien resultaría asesinado el 22 de agosto a un mes del comienzo de la guerra. Como consecuencia de su activismo político radical, Companys fue detenido en quince ocasiones, siendo calificado en los informes policiales de la República como «individuo peligroso».
En 1912 fundó los semanarios La Aurora y La Barricada, del que también fue redactor jefe y La Lucha, órgano de expresión del Bloc Republicà Autonomista (BRA), partido que fundó también con Layret. Fusionado el BRA con más de 150 grupos formaron el Partit Republicà Català que le permitió ser diputado nacional en una época marcada por una gran violencia social en Barcelona, especialmente entre 1917 y 1922.
Sin embargo, su etapa de mayor protagonismo político estaba por llegar y coincidiría con los años de la II República Española. Ya el día de la proclamación, el famoso 14 de abril de 1931, el entonces líder de ERC, Francesc Macià[6], no pierde un instante, iza la bandera y proclama la República Federada Catalana dentro de la República española, en el Palacio de la Generalitat. Esta proclamación no llegaría más allá de unas negociaciones con el Gobierno de España. Un año más tarde, ya en 1932, sería aprobado el primer Estatuto de Autonomía catalán, el Estatuto de Nuria, que le dotaba de gobierno y parlamento propios. Francesc Macià, murió el día de Navidad de 1933 y el 31 de diciembre del mismo año, Companys fue elegido presidente de la Generalitat.
En octubre de 1934 se formó un nuevo Gobierno en España dando entrada a tres ministros de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), el partido que había ganado las elecciones en noviembre de 1933. Sin embargo, esto levantó protestas entre la izquierda y el PSOE convocó una huelga revolucionaria para el 5 de octubre. Esta ola revolucionaria alcanzaría especial virulencia en Asturias, dejando unos 1.000 muertos y provocando que el Gobierno recurriera a la Legión, en lo que muchos historiadores han calificado como un ‘ensayo’ de la guerra civil. Aprovechando esta situación de inestabilidad política y social en España, Luis Companys proclamó, el 6 de octubre, desde el balcón de la Generalitat el «Estat Català dentro de la República Federal Española, matización esta última que le aconsejó Azaña desde el hotel Colón en el que se encontraba. El general Batet no quiso ponerse a las órdenes del presidente de la Generalitat y los enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales (de la República) y las independentistas (de la que formaban parte los Mossos de Esquadra) se prolongaron hasta la madrugada del día 7, cuando Companys anunció por radio su rendición. El balance de este choque, cuya batalla principal se centró en la plaza de San Jaime de Barcelona fue de 96 muertos y 362 heridos en el conjunto de la región. Las consecuencias políticas que dejó esta insurrección fue la detención de todo el gobierno de Companys, la clausura del parlamento autonómico, la suspensión del Estatuto de Autonomía y la inhabilitación de muchos alcaldes. En el juicio seguido en el Tribunal de Garantías Constitucionales (antecedente del actual Tribunal Constitucional), el 6 de junio de 1935[7] se condenó a Companys y los miembros de su Gobierno por cargos de rebelión a 30 años de prisión, además de inhabilitación absoluta. De modo que, aunque quieran “limpiar” su imagen, esta queda manchada por la sentencia del Tribunal Constitucional republicano.
No obstante, con la llegada al poder del Frente Popular tras las elecciones generales de febrero de 1936, Companys fue liberado. El estallido de la guerra civil, el 18 de julio, le llevaría de nuevo al frente de la Generalitat. Y esta es la etapa más interesante para dilucidar los valores que le adornaban de cara al interés y fervor que su figura levanta en ciertos sectores del independentismo y en algunos católicos que en su tontuna pidieron en 2010 al Papa Benedicto XVI que le elevara a «siervo de Dios» (paso previo a la beatificación y posterior santificación)[8], petición que cayó en saco roto, porque el Papa emérito es hombre inteligente, sabio, prudente, e informado.
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Contrario a esta especie de edulcorada biografía que nos quieren imponer, el autor barcelonés Javier Barraycoa recoge en su libro ‘Cataluña hispana’ (2013), bajo el epígrafe ‘Companys, el odiado de los catalanistas’, testimonios de sus compañeros de partido y de otros políticos cercanos de la época que no le dejan en buen lugar: «Companys vive de arruinarse», «era voluble, caprichoso, inseguro y fluctuante, sin ningún pensamiento político, intrigante y sobornador, con pequeños egoísmos de vanidoso y sin escrúpulos para ascender…», era un político incapaz que regó Cataluña de sangre. Bajo su gobierno fueron destruidos más de 7.000 edificios religiosos, destrozada la Sagrada Familia, asesinados tres sacerdotes que la atendían y personas que intentaron protegerles:
–. Mosén Gil Parés y Vilasau de 55 años, capellán de la Cripta, junto con las personas que lo acogieron, la maestra de las Escuelas de la Sagrada Familia Consuelo Puig y Querol, de 40 años, y Clodomiro Coll Ibáñez, de 44 años, un vecino; el 26 de julio.
-El 17 de septiembre, Mosén Jaime Llonch y Solá, de 46 años, vicario y organista de la Cripta, junto con los que lo escondieron, Mercedes Diéguez y Foguet, de 50 años, y su hermano Francisco de Asís, de 34, que fueron asesinados 2 días después.
-Y el 26 de enero de 1937, Mosén Francisco de Paula Parés e Iglesias, de 63 años, presidente de la Junta de obras.
Para todos los que escriben olvidando estos hechos, les recordaremos que 47 periodistas fueron asesinados, mossos d’esquadra y un religioso sordo (el Hermano claretiano, Jaime Hilario Barbal) al cual le acusaron de que sabía latín y por ello era peligroso para los niños y jóvenes. En total, más de 8.352 catalanes fueron asesinados bajo la presidencia de Companys muchos de ellos autorizados personalmente.
Organizó dantescos campos de concentración como el de Omells de Na Gaia, en pleno Pirineo, que en poco se diferenciaba de los conocidos gulags soviéticos; toleró el asesinato del Molt Honorable expresident de la Generalitat Francisco Jiménez Arenas, nombrado por la República al fracasar en 1934 la rebelión armada de la Generalitat contra el Gobierno. Fue el tercer presidente desde la restauración de la institución el 14 de abril de 1931, y gobernó desde el 10 de octubre de 1934 hasta el 10 de enero de 1935. Companys, que se había rebelado contra el gobierno legítimo, de la República, fue indultado; 2 años después él no indulto a su sucesor y toleró su asesinato. El crimen de Estado cometido por Companys fue revestido de grotesca farsa legal. El 5 de enero de 1937, 4 meses después del asesinato de Jiménez Arenas, se celebró un paródico “juicio” en el Uruguay para condenar “en rebeldía” -entre otros- al pobre Jiménez Arenas: se juzgaba y condenaba a personas que habían sido asesinadas hacía 4 meses por el Comité creado por Companys. Ese Comité creado por decreto de 26 de julio de 1936, lo fue “a proposta de Presidència”, para “acabar de aniquilar en toda Cataluña los últimos núcleos fascistas existentes”. Se creaba así el terrible “Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña”.
El catalán Gassiot Magret escribía que “cuantos tuvimos la desgracia de tener que sufrir el terror rojo de Barcelona, sabemos que las Milicias Antifascistas eran los técnicos y ejecutores de los asesinatos. Nos consta que no hubo ningún asesinato de personas religiosas que no hubiese sido autorizado por el Comité Directivo”. Quizá por ello el propio Negrín en el auge de su poder, recurre a Companys para que permita y proteja el paso de su hermano menor, el claretiano Heriberto que pretendía pasar a Francia con su madre y dos familiares más. No es de extrañar la actitud de Juan Negrín teniendo en cuenta que solo de la Congregación de su hermano, ya habían asesinado a 109 religiosos.
En febrero de 1939, ante el inminente control de toda Cataluña por las tropas de Franco, Companys huyó al exilio en Francia. Llegó a París, pero en la capital francesa las autoridades le rechazaron por su radicalismo y por agitar a las masas de refugiados. Abandonó la ciudad en junio de 1939, fue detenido por la Gestapo en Bretaña el 13 de agosto y entregado a España el 29 de agosto. En 1940 sería fusilado en Montjuich.
Y esta reflexión se hacía Francesc Cambó sobre la ejecución de Companys:
“Lluís Companys no havia estat mai catalanista, sinó que en la seva primera juventut era netament anticatalanista. (…) L’afusellament fou un immens error d’en Franco. Injust? Ell, el 6 d’octubre, havia comès igual delicte que els militars, i fou indultat. En el 1936, ell féu afusellar tots els militars revoltats“.
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Esto en cuanto a la biografía política. La personal no es mucho mejor, de modo que cuesta trabajo pensar que Companys vaya a ser el “Presidente Màrtir”, sino, más bien, el presidente que generó más màrtires en la historia de Cataluña.
[1] — Enrique Roldán Cañizares: LA EVOLUCIÓN COMPETENCIAL DE LOS TRIBUNALES POPULARES DE LA II REPÚBLICA pg 427
[2] Víctor Alba, “De los Tribunales Populares al Tribunal Especial” en Justicia en guerra, Madrid, Ministerio de Justicia, 1990, pp. 223-237.
[3] Pelai Pagès, “La Justicia revolucionària i popular a Catalunya” en Revista internacional de la guerra civil (1936 – 1939) Ebre 38 – Núm 2, Barcelona, 2004, p. 36.
[4] Layret i Foix, Francesc (1880-1920): Abogado. Político republicano y sindicalista catalán conocido por sus intervenciones como abogado en las causas obreras. Fue Diputado en Cortes. Muere en atentado pagado por la patronal catalana.
[5] Afiliado a la R.L Vettonica con el nombre simbólico de Giordano Bruno, fundador y líder del Partido Republicano Radical y presidente de varios gobiernos de la II República entre 1933 y 1935.
[6] Francisco Maciá: (1859-1933), masón, político y militar español de ideología republicana e independentista catalana; teniente coronel del Ejército de Tierra, presidente de la Generalidad de Cataluña y uno de los fundadores de los partidos Estat Catalá y Esquerra Republicana de Cataluña. Presidente de la Generalidad durante 2 años escasos. Su recuerdo histórico se centra en desear imponer browning en mano el respeto a la raza (https://www.dolcacatalunya.com/2014/01/macia-el-de-la-raca/) e intentar ridículamente invadir Cataluña desde Francia por Prats de Molló, con dinero de Mussolini.
[7]1935: Antes de la sublevación de los generales
[8] Naturalmente asociaciones como La Fraternidad Universal alentaban el proyecto. Hubiera sido todo un triunfo para ellos colocar a un hermano masón en los altares.
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