No se puede imponer por ley un único relato de la historia. No se debe borrar por ley la cultura e historia de un pueblo, por razones ideológicas. El “historicidio” viene perpetrándose en España, con total impunidad, desde 2007. Ninguna razón moral, ni derecho subyacente, puede primar sobre la analítica verdad de los hechos, en las circunstancias en que se produjeron. Ninguna ley variará los hechos de la historia. La verdad interpretada de unos hechos, cualquiera que sea, no puede ceder a ninguna interesada propaganda política. Resulta del más puro estilo totalitario legislar sobre la historia o contra la historia.
La nueva ley de memoria histórica propuesta por el PSOE, consecuencia y empeoramiento de la anterior, pretende ilegalizar cualquier asociación o fundación que sostenga puntos de vista contrarios a los de ese y otros partidos sobre la historia reciente de España. Y amenaza con penas de cárcel y elevadas multas a quienes sostengan opiniones o estudios favorables a la figura de Franco y a su régimen. Intenta asimismo expropiar, destruir o transformar el patrimonio histórico y artístico procedente de aquel régimen.
Esta proposición ataca directamente los fundamentos de la Constitución y los valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra: la libertad (de opinión, expresión, investigación y cátedra); la justicia (sólo atribuible a jueces y tribunales); la igualdad (que impide la discriminación ideológica, de sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social); el pluralismo político (ejercido como actividad libre dentro del respeto a la constitución).
El proyecto de ley viola asimismo el artículo 19 del Pacto de Naciones Unidas sobre derechos cívicos y políticos, suscrito por España, que en su apartado 49 especifica: “Las leyes que penalizan la expresión de opiniones sobre hechos históricos son incompatibles con las obligaciones que el Pacto impone a los Estados partes en lo tocante al respeto de las libertades de opinión y expresión. El Pacto no autoriza las prohibiciones penales de la expresión de opiniones erróneas o interpretaciones incorrectas de acontecimientos pasados”.
Se trata por tanto de un proyecto radicalmente antidemocrático, por cuanto pretende decidir desde el poder la realidad de la historia. Esto solo ocurre en regímenes totalitarios tipo Cuba, Corea del Norte, Venezuela y similares, hacia los que no estamos dispuestos a transitar.
El proyecto vulnera asimismo la verdad documentada de la historia, como demuestra el mero hecho de que su versión quiera imponerse por la fuerza y la violencia del estado, al ser incapaz de sostenerse en un debate e investigación libres e independientes. Sus argucias invocando la dignidad de las víctimas o equiparando el franquismo al nazismo y similares son solo el envoltorio sentimental y falso de una ofensiva contra la libertad de los españoles, contra la democracia y la verdad histórica. E incita además al odio contra cuantos no compartan la opinión del PSOE sobre estas cuestiones.
Es obvio que un proyecto de ley semejante no puede provenir de un partido democrático. La historia del PSOE no es democrática. Muchos esperaban que después de la transición ese partido hubiera cambiado su trayectoria anterior, pero comprobamos que muchas tendencias antiguas siguen en él peligrosamente arraigadas. Además es bien sabido que ese partido no hizo prácticamente oposición al régimen franquista, en el que medraron muchos de sus líderes posteriores, lo que hace especialmente grotesca su pretensión de derrotar a aquel régimen cuarenta años después de su desaparición. Y que su virulento antifranquismo actual le exija atacar la libertad de los españoles y la democracia.
Esta propuesta debe ser rechazada radicalmente por toda la sociedad, pues España no puede permitirse una involución hacia regímenes del tipo implícito en ella.
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