En el pasado, en todo tiempo y lugar, fue considerada la familia como la célula básica de la Sociedad, y ello de manera tal que no sólo era fundamento de la «vida privada», sino pilar fundacional de la «vida pública». Así fue incluso en las sociedades más primitivas, en las que el clan -entendido como el conjunto de personas unidas por vínculos de sangre común- era vital para la configuración de la vida política.
Esta realidad natural que es la familia se imponía a la razón humana con tal fuerza que la sociedad clásica más eminentemente política, la romana, extremó tanto el celo en la defensa de su ser natural que bajo en la Ley de las XII Tablas otorgó al pater familias el «vitae necisque potestas» (poder de vida o muerte) sobre sus hijos, su esposa y sus esclavos. El Cristianismo, iluminado por la luz de la Revelación, atemperó tales excesos rigoristas pasando a ser la familia el elemento fundamental del progreso moral y material de la cultura occidental.
No obstante a partir del Siglo XVIII esta carrera que unía el progreso moral al material, y ambos al libre desenvolvimiento de la familia, empezó a sufrir los primeros ataques, que arreciaron con el liberalismo y los estatismos de los siglos XIX y XX, habiendo quedado en nuestro siglo completamente postergada la familia en el ámbito público (y aún en el privado) debido a la hegemonía cultural alcanzada a día de hoy por la nueva izquierda. Hegemonía que en estos extremos ha permitido la democracia liberal por compartir, en este extremo, la misma estrategia. Y es que si bien entre los defensores de la familia es conocido que la nueva izquierda quiere derribar las patrias (pues es internacionalista), la familia (que para Engels, según reflejó en 1884 en su obra «El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado: a la luz de las investigaciones de Lewis H. Morgan», era la primera consecuencia del capitalismo), y la Iglesia (el «opio del pueblo»); pocos conocen que la estrategia demócrata liberal es coincidente en la pretensión de derribar estas tres barreras. Es esclarecedor, al respecto, la célebre obra, publicada en 1992, «El fin de la Historia y el último hombre» de Francis Fukuyama. En la misma se sostenía que con la caída del comunismo en la URSS la Historia, como lucha de ideologías, había terminado, y ello de manera tal que la democracia liberal se acabaría imponiendo en el mundo. No obstante, en los capítulos finales incidía en tres elementos que debían ser derribados para no poner en peligro la supremacía demócrata-liberal: la familia, las patrias y las religiones, muy especialmente la católica.
Así pues es evidente que el Tradicionalismo, en su lucha por la reinstauración, no ya solo de una sociedad cristiana, sino siquiera, y como paso previo, de una sociedad regida por la Ley natural, debe afrontar el combate en la defensa de estos tres objetivos estratégicos de la Revolución, y muy principalmente en la defensa de la familia, pues al fin y al cabo la patria es una extensión de ésta y la adhesión a la fe verdadera se realiza principalmente en el seno de la familia. Por tanto, salir vencederos en la lucha por la familia traerá, por añadidura, la victoria en la defensa de la Patria y la Religión.
Ya Vázquez de Mella nos dijo que «la familia, la primera de las monarquías y la fuente de las sociedades, no se ha podido librar de sus garras y de sus invasiones» ( Vázquez de Mella, Juan , La Iglesia independiente del Estado ateo, discurso pronunciado en Santiago de Compostela el 29-7-1902, en Obras Completas, Tomo 5. sus O. C., t. 5, Voluntad, Madrid, 1931. Págs. 300-301.)
El Carlismo, pues, atento siempre a los derechos concretos, debe tener claro cuáles deben ser las prioridades en su defensa de la familia, y luego, en concordancia con ello, defender las «realidades concretas» en que encarnar tales prioridades.
A este respecto, cualquier defensa eficaz de la familia pasar por defender:
1º La autoridad, concepto hoy despreciado y que se le hace sinónimo del autoritarismo. En la familia la defensa de la autoridad pasa por la defensa del padre de familia como «monarca», es decir, como autoridad suprema para determinar el bien común de la familia.
2º El comunitarismo, como opuesto al individualismo que considera solo al individuo como portador de la verdad y dignidad, olvidando que existen cuerpos colectivos tan ciertos y verdaderos como el individuo: familia, municipio, comarca, región, federación, universidad, iglesia, gremio, aristocracia y ejército.
3º La razón natural, frente al sentimentalismo. Y es que a día de hoy se niega la «verdad objetiva» de forma tal que se pretende que ya no es existe nada verdadero, sino que las cosas son lo que cada cual quiera que sea. Así, la ideología de género niega la existencia de la dualidad varón-mujer, sosteniendo que cada cual es lo que quiera ser, de forma tal que un nacido varón puede decidir ser (y así habría que tratarlo) mujer. Del mismo modo, para la corriente de pensamiento imperante hoy no existe la familia ni el matrimonio, sino que existen diversas e infinitas formas de familia, pues familia no es algo dado, sino lo que cada cual quiere que sea, de forma tal que familia puede ser la unión de dos hombres o de dos mujeres. Así pues, se hace imprescindible defender que la verdad existe, y que no es otra cosa que la adecuación de la cosa y el entendimiento. Y que la voluntad o el deseo, o el apetito o el sentimiento nada añade, ni quita, a la realidad. A este respecto debemos recordar el daño que hizo el amor romántico al matrimonio, por cuanto el sentimentalismo identificó amar con sentir que se amaba, de forma tal que desaparecido el amor esa lícita la ruptura matrimonial.
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Las tres cuestiones anteriores, por su evidente carga de abstracción son de difícil defensa en una sociedad como la actual, acostumbrada a lo visual y a lo poco especulativo. Por tal motivo, y descendiendo a las realidades concretas, desde el orden práctico la labor política de la Comunión Tradicionalista Carlista debería desempeñar la defensa de la familia en las siguientes realidades concretas y entrañables:
1.- Defensa del matrimonio como vínculo indisoluble. Solo en el la certeza del vínculo indisoluble reside la paz familiar, la estabilidad afectiva y la protección de los débiles. Así en el ámbito laboral se habla de la precariedad laboral como de una situación negativa con consecuencias en la salud y en la psicología del individuo (inseguridad, ansiedad, depresión, etc. por no saber si mañana nos durará el trabajo). Pues bien, habrá que introducir en el debate social la idea de la precariedad familiar. Y es que el divorcio, y aún más el divorcio exprés, ha introducido la precariedad en la familia, pues un cónyuge no sabe si al día siguiente el otro le puede solicitar la separación, los hijos no tienen la seguridad de poder seguir siendo criados por sus dos progenitores, en la ancianidad no se tiene la seguridad de contar con la compañía del cónyuge o el socorro de los hijos.
2.- Defensa del Fuero Familiar: Hoy se habla mucho de autodeterminación política, del derecho a decidir la independencia de determinadas regiones, de la democracia participativa como forma de intervenir directamente sobre los asuntos públicos. Pues bien si en el orden político no es lícita la autodeterminación, porque una región no es soberana, en la familia sí es lícito tal concepto, pues las familias son células previas a la existencia del Estado y por tanto Soberana en su orden de competencias. Por ello debemos defender la existencia de un Fuero Familiar como valladar frente al poder del Estado, de forma tal que el cabeza de familia es la única autoridad (aparte, lógicamente, aquellos casos en que extralimitándose de su autoridad se convirtiera en déspota, momento en el cual es lícita la intervención del poder público) para fijar el bien común familiar.
Habrá que luchar por una Ley que reconozca a la familia los medios necesarios para su libre desarrollo (la propiedad familiar); que establezca los bienes familiares (la vivienda en donde se desarrolla la vida doméstica) como inembargables; que garantice la estructura jerárquica familiar (de forma tal que los menores no se conviertan, en expresión feliz de Javier Urra, primer defensor del menor en la Comunidad de Madrid, en «el pequeño dictador») garantizando el poder de corrección de los progenitores; la enseñanza como derecho y deber primordial de la familia, de forma tal que al poder público le corresponda solo la garantía de los bienes materiales en caso de ser inalcanzables por la propia familia (cheque escolar).
3.- El voto familiar: La sociedad no es un simple agregado de individuos, por tanto es evidente que los cabezas de familia, según el número de descendientes menores de edad, podrá votar en sustitución de los mismos, pues las decisiones colectivas también afecta a los menores, que deben tener una representante que hable por ellos.
4.- Fiscalidad familiar: Es evidente que el objeto principal de un Estado es multiplicar el número de ciudadanos. Y es igualmente evidente que la vida en comunidad obliga al compromiso social. Pues bien, los nuevos ciudadanos nacen en una familia, y por tanto la Fiscalidad, entendida como reparto de cargas para el bien común, deben entender que quien aporta a la misma futuros ciudadanos debe tener una contraprestación. Por eso, a la hora de las contribuciones a la seguridad social las mismas serán decrecientes en función del número de hijos, de manera tal que contribuirá más quien menos hijos tenga, y contribuirá menos quien más hijos tenga, pues para criar a los mismos (que serán los futuros contribuyentes para garantizar las cargas públicas) necesita de mayor disponibilidad económica.
Del mismo modo, en caso de despidos colectivos a igualdad de condiciones se garantizará el puesto de trabajo al que mayores cargas familiares tenga.
5.- Defensa de los más débiles: Con la derogación de la Ley del Aborto y la prohibición de la eutanasia. Se debe incentivar la creación de unidades de dolor.
