No, no se trata de comentar la famosa obra que, con dicho título, en 1806 publicó, por cierto con gran éxito, Leandro Fernández Moratín. No se trata de una comedia de pura diversión sino una comedia de buenas costumbres, es decir, que, por su carácter didáctico trataba de transmitir un mensaje moral al espectador.
Efectivamente, el SÍ de ahora es muy diferente, tanto, que dudamos del aspecto moralizante que le quieren dar porque lo que se desprende de las explicaciones, es más bien, un intento, otro más, de coartar la libertad individual. Nos referimos al anuncio de la ministra de Igualdad y vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, de que el Gobierno quiere reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se considere agresión sexual todo lo que no sea un “sí” explícito de la mujer, lo que vuelve a situar la cuestión del consentimiento en el centro del debate político y social, «Si no dice sí, lo demás es no». «Es una fórmula extraordinaria, no podemos estar interpretando. Si una mujer no verbaliza sí, es no», concretó la ministra. El objetivo es, según expresó, que la existencia de los delitos no dependa de la interpretación de los jueces.
Al parecer, Calvo despertó este martes las suspicacias jurídicas cuando anunció su intención en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, donde compareció para explicar las líneas maestras de su departamento, en las que, incluye el impulso presupuestario a los ayuntamientos para que combatan la violencia de género o una nueva propuesta para racionalizar los horarios laborales de las españolas; es decir, los horarios laborales no dependerán del trabajo a realizar, sino del sexo del trabajador. En dicha comparecencia abundó en la necesidad de hacer reformas y garantizar que los tipos penales no se pongan «en riesgo» a través de la interpretación de los jueces. (¿Y cómo no van a interpretar sin con el lío de los LGTBI ya no es posible saber quién es quién…Se verán obligados los jueces a realizar un reconocimiento para confirmar el sexo de quien demanda “racionalizar” –que siempre querrá decir trabajar menos tiempo− en su horario laboral?).
Sin embargo, lo más importante por la conflictividad que pueda generar, ha sido la propuesta de una reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para garantizar que los tipos penales no se pongan «en riesgo» a través de la interpretación de los jueces. El “lema sustantivo” de dicha reforma será la máxima de «si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no». «Ahí es donde está preservada su autonomía, su libertad, y el respeto a su persona y a su sexualidad», ha defendido Calvo.
Esta reforma, cuya ley aspira a proteger a las víctimas de violación con la premisa del «solo sí es sí», sigue el modelo sueco que entró en vigor el pasado 1 de julio. En el Código sueco, además, los jueces determinan que ante las dudas generadas cuando una persona está bebida o drogada se considera que todas las mujeres en esas condiciones «no son conscientes» al 100% de sus facultades para dar el «sí» expreso que requiere un acto íntimo, de modo que si éste se lleva a cabo, la culpa, toda la culpa recae en el varón. De modo que la señora Calvo, progresista donde las haya, lleva a cabo su reforma sin esperar el informe de los 28 expertos (15 hombres y 13 mujeres) encargados de revisar la regulación de los delitos sexuales en una Comisión del Ministerio de Justicia impulsada por el anterior Ejecutivo.
Se ve que en pleno ejercicio de “pura ortodoxia democrática”, consideran, dictatorialmente, que sus 85 escaños le permiten imponer su opinión como la única válida. Y surgen las primeras discrepancias. Según expertos jurídicos es muy cuestionable la intención del Gobierno. En su opinión, los planes desvelados por Calvo suponen que el acusado tendría que probar su inocencia, en lugar de que la acusación deba acreditar el delito. Esta situación dejaría en papel mojado la presunción de inocencia, un principio básico según el cual todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho Penal, explica en ABC que en derecho penal la víctima tiene que demostrar «la ausencia de consentimiento, su oposición», sin ser necesaria una resistencia heroica. La exigencia del consentimiento expreso para que no exista el delito, opina, «invierte la carga de la prueba y ataca la presunción de inocencia». Asegura que el silencio de una persona que se entrega a una relación sexual equivale a consentir de forma tácita y argumenta que la negativa de la víctima también puede expresarse con «gestos o actitudes». Lamenta que el Gobierno no espere a la propuesta de la comisión de Justicia y legisle «con calma».
Coincide con él la abogada Helena Echeverri, que cuestiona el método para consentir. «Tiene que quedar constancia por escrito, o grabado, porque si no el consentimiento es tácito», señala la letrada, que considera que la palabra de la víctima no sería suficiente. Le parece un anuncio populista. La misma tesis sostiene el abogado Antonio Alberca. Según este letrado, el anuncio del Gobierno daría la vuelta a la esencia del proceso, en el que la acusación debe probar su sospecha.
La fiscal Virginia García Aller discrepa de sus «colegas» y no ve en peligro la presunción de inocencia. Ensalza la necesidad de que el consentimiento sea inequívoco para que no haya delito y celebra que se adapte la norma a la visión de género. Aun así, considera difícil expresar una opinión rigurosa sobre los planes del Gobierno hasta que exista un anteproyecto de ley. Miembro de la Unión Progresista de Fiscales, asegura que exigir un «sí» expreso no implica que la acusación no tenga que acreditar el delito. «Con palabras o con hechos se percibe el deseo», alega la fiscal, que cuestiona que sea posible un consentimiento tácito en un delito sexual. «Nadie entiende que si yo me dejo abierta la puerta de mi casa estoy invitando a todo el mundo a entrar», reflexiona.
Consecuencia todo ello por el caso conocido como de La Manada, nombre por el que se conocen los sucesos relacionados con un caso de abuso sexual acaecidos en Pamplona, en la madrugada del 7 de julio de 2016, durante las fiestas de San Fermín. Entre los cinco miembros del grupo, se encontraban un guardia civil y un antiguo militar miembro de la Unidad Militar de Emergencias.
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Los procesados se encontraban sobre las 2:50 de la madrugada de dicho día en la Plaza del Castillo de Pamplona donde se estaba celebrando un concierto con motivo de las fiestas de San Fermín. Uno de ellos, José Ángel Prenda, se encontraba sentado en un banco cuando se acercó la denunciante, una mujer de 18 años, que se sentó junto a él. Tras iniciar una conversación, se unieron más tarde el resto de acusados y comenzaron a charlar. Tras este encuentro, la víctima realizó una breve llamada al amigo con el que había venido a Pamplona desde Madrid. A las 3:00 se fueron los seis de la Plaza del Castillo caminando hacia la calle Espoz y Mina. En un hotel, dos de los acusados (sin la denunciante) preguntaron si tenían una habitación por horas, «para follar»(recogido en la sentencia). Al ser rechazados, continuaron andando por Pamplona. En este trayecto uno de los procesados, empezó a cogerle del hombro y de la cadera a la denunciante, la cual, sintiéndose incómoda, propuso girar a la izquierda, tomando el inicio de la calle Paulino Caballero. Una vez en dicha calle José Ángel Prenda reparó en que una mujer accedía al portal del inmueble número 5, después de mantener una breve conversación con ella, simulando que estaba alojado, cogió uno de los ascensores y subió al segundo piso, bajando al portal por las escaleras. Seguidamente, abrió la puerta de acceso al portal. Entretanto, la denunciante y los otros cuatro procesados, permanecían apoyados en la pared divisoria del acceso a los garajes, Angel Boza y la denunciante, estaban besándose en la boca. Los otros la apremiaron a entrar en el portal tirando de la denunciante, quien de esa guisa entró en el recinto de modo súbito y repentino, sin violencia. Cuando le introdujeron en el portal, los procesados le dijeron «calla«, significándole que guardara silencio mediante el gesto de llevarse la mano abierta a la boca.
Lo que ocurrió después, si no se ha leído o escuchado por tantos medios, es fácil de suponer. Una muchacha de 18 años, por su propia voluntad se mete sola a las 3h. de la madrugada en un portal con cinco tíos fornidos, −los seis, ellos y la joven, con bastante alcohol y algo más seguramente,−. ¿Creería que iban a jugar a las cartas, al parchís o quizás al tres en raya? Ni las “melindrosas” de los años 20 lo hubieran creído.
El tribunal no ve probadas la violencia e intimidación que requiere la violación, sino «abusos sexuales continuados con el agravante de prevalimiento». De modo que sentenció a una pena de 9 años de prisión a cada uno de los acusados, una condena alta para tratarse de abusos, a la vez que los ha absuelto a todos ellos del delito de agresión sexual, de otro contra la intimidad, porque los abogados de la víctima no denunciaron la grabación de vídeos con el móvil, y solo considera «hurto» la sustracción del móvil que imputa a uno de los acusados. El fallo de la sentencia, que leyó en audiencia pública el presidente del tribunal, José Francisco Cobo, fue recibido con ruidosas protestas en la puerta de la Asamblea de Navarra. En la sala de vistas se podía escuchar a las personas congregadas en la calle gritar: «No es abuso es violación» y «Fuera, fuera». La sentencia no ha contentado prácticamente a nadie. Tampoco a los abogados de la denunciante, ni a los de los acusados., pero quienes más ruido han hecho en manifestaciones por toda España, han sido las feministas y a su cabeza, la ahora ministra Calvo, quien en una de sus últimas declaraciones afirma:
“Queremos ir a las tres de la mañana tranquilas. Si una mujer se cruza a las tres de la mañana con una mujer, no se inquieta. Si se cruza con tres, no se inquieta. Pero si se tiene que cruzar con tres varones, se inquieta”.
Las izquierdas en general, siempre comunican bien, aunque no siempre con verdad. Sin ánimo de defender a estos bestias que se definen muy bien por su nombre de grupo, hay que decir que la joven entró por su propio pie y convencimiento al local de los hechos. No fue obligada, ni forzada a ello, como si que lo fueron las cuatro niñas de Alicante secuestradas por diez argelinos, y que, sin embargo, nadie ha salido a manifestarse en favor de estas crías, todas menores de edad, y mucho menos en contra de sus violadores, porque dado que son inmigrantes, es conveniente no airearlo ya que va en contra de su política, por ello, las feministas y doña Carmen, calladitas.
La afirmación de que el consentimiento “Debe ser inequívoco, en cualquier caso”, ha hecho que circulen en Twitter “memes’ con formularios imaginarios previos al sexo del tipo «Yo, xxxx, con DNI xxx, autorizo a xxxx a penetrarme con su miembro viril«. El debate, y también la polémica, está servida. Los varones tendrán que andar con cuidado por muchas oportunidades que se les ofrezca, porque las chicas siempre tendrán a su favor el negar el consentimiento, de modo que en su mochila, además de la caja de profilácticos deberán llevar un notario que de fe del asentimiento de la fémina, o una grabadora en la que quede constancia de los datos personales de ambos actores, del lugar, fecha y hora en que se realiza; tras lo cual, aquello de acto íntimo, ha pasado a ser acto público con fedatario incluido.
La controversia de las palabras de Calvo no se detiene en lo jurídico. El debate está en la calle. Muchas han sido las reacciones, a través de redes sociales y testimonios recabados, cuestionando las aristas que se abren con esta iniciativa. Hemos hecho referencia a opiniones de algunos expertos, pero queremos terminar con la opinión del profesor de Sociología de la Universidad de Santiago de Compostela, Carlos Ferrás, quien afirma que el tema de la violencia y la negación de la voluntad que no deben ser toleradas, es un problema de educación social y cultural en relación al dominio patriarcal tradicional y de muy difícil solución desde el punto de vista jurídico. ¿Es preciso firmar un contrato? ¿O qué testimonio prevalecerá?», se pregunta.
Nunca existirá el riesgo cero y es importante educar socialmente en la prevención evitando situaciones de riesgo y la provocación. Pues es posible identificar el riesgo, dónde y cómo tratar de evitarlo», ultima el sociólogo.
Educar socialmente; absolutamente de acuerdo. Las actitudes de la gente, en general, se han relajado tanto, que, a veces asusta y otras permite entender que ocurran ciertos hechos. Pero, ¿Y moralmente? Lo de moralmente se deja de lado. Es cosa de tradicionalistas, seres antiguos y trasnochados como quien esto escribe. Hay que ser progres; es lo que se lleva y así nos va.
Enrique Miret Magdalena[1] en El País (1 mayo de 1993), afirmaba que la moral pacata y grandemente hipócrita de los años anteriores se vino abajo porque no era producto de una convicción, sino de una coacción. Sin embargo, afirma que el resultado no ha sido satisfactorio del todo, porque no hemos tenido tiempo de desarrollar una verdadera ética cívica para todos, y nos hemos disgregado en gran medida. Resultado: una moral hedonista, en la que sólo se pide como norte «lo que apetece», a corto plazo y caiga quien caiga. Y, según su criterio, es bastante general en política el pragmatismo oportunista, desarrollando «un hombre sin énfasis», como vislumbró Nietzsche.
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Olvida Miret Magdalena la responsabilidad de aquellos que propugnaban y defendían precisamente esa moral hedonista; es más fácil responsabilizar a la Iglesia por la deriva, como hace él, pero yo recuerdo todavía a un alcalde madrileño que empujaba a los chavales a “colocarse”, a celebrar “san canuto” y “el botellón”, porque así había que celebrar la “movida” madrileña. El resultado de tanto imbuir el hedonismo a imitación de bacanal romana, fue el tremendo aumento del consumo de droga a partir de entonces, menores ingresados de urgencia por comas etílicos y gran aumento de embarazos a los que dan solución, asesinando a los nasciturus.
Deberíamos atender a las palabras de Francisco Rubiales[2] quien asegura que “la mayor crisis actual de España no es política, sino moral. La sociedad española ha perdido la mayoría de sus valores y hoy está pavorosamente desarmada, lo que genera efectos muy graves en la vida política, en la educación, en el trabajo y en la convivencia. La desmoralización de España se plasma en aspectos concretos como el envilecimiento de la vida política, el descrédito del sistema, la desconfianza ciudadana ante los poderes públicos, el fracaso escolar, el desconcierto ante la inmigración, el aumento de la delincuencia y un enrarecimiento generalizado de la convivencia, basado en la pérdida de seguridad y confianza.
Los políticos de la democracia han despedazado la estructura de valores que heredaron de la dictadura, de manera frívola e imprudente, sin tener en cuenta que aquel régimen, políticamente condenable porque impedía las libertades, sí poseía una saludable estructura moral, con altas dosis de valores como la honradez, la lealtad, el esfuerzo y el sentido de unidad y de formar parte de un mismo pueblo. Un entramado de valores aquél, muy superior en algunos aspectos al que puede exhibir hoy la desgastada democracia española”.
¿Tomarán Nota?
[1] (1914-2009) Teólogo seglar especializado en ética y sociología de la religión y un químico de formación. Padre de siete hijos, fue miembro y presidente de la Asociación de Teólogos Juan XXIII.
[2] periodista, ensayista y escritor español en Periodista Digital 05.10.06
