El asesinato del pequeño Aarón a manos de su madre y de su actual pareja pone en entredicho la Ley de Violencia de Género, y demuestra que la inspiración ideológica de las normas penales no son un remedio para la solución de la violencia intrafamiliar.
El pasado jueves 13 de septiembre una mujer de 27 años (madre del menor) y su pareja de 25 años ingresaron a un niño de dos años en el Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Elche. El ingreso era motivado por un fuerte traumatismo craneoencefálico, supuestamente ocurrido por una caída en el baño. Sin embargo, el pequeño, llamado Aarón, no pudo superar la severidad de sus lesiones y falleció el lunes 17 de septiembre.
A raíz de estos sucesos la ciudadanía ha descubierto la perversidad de la madre, de su nueva pareja, y del sistema judicial fundado en la Ideología de género.
Y es que resulta que la madre, residente en Madrid, se separó el padre del pequeño, y decidió cambiar de domicilio con su nueva pareja, e irse a vivir a Elche, y para evitar que el padre del menor pudiera ponerle algún obstáculo legal para realizar el traslado le denunció por violencia de género, imponiéndose al padre biológico, de manera prácticamente automática, una orden de alejamiento e incomunicación. Esta orden fue responsable de que desde el mes de abril ni el padre ni la abuela materna pudieran tener contacto alguno con el niño, pues de hecho la presunta homicida les quitó de Facebook y de Whatsapp y ni siquiera les dejó ver a Aarón el día de su cumpleaños.
Este alejamiento forzoso de la familia paterna con respecto al menor facilitó el comportamiento maltratante de la madre y de su pareja, que acabó con la muerte del menor. Y es que con motivo del ingreso en el Centro Hospitalario se descubrieron lesiones antiguas que demostraban que el menor estaba siendo maltratado, lo que han podido confirmar los vecinos de la pareja en Elche, por cuanto al parecer siempre se escuchaba al niño llorar.
Por tanto, es evidente que esta orden de alejamiento del padre, impidió que el padre biológico, al ver el maltrato del menor, pudiera denunciar los hechos a las autoridades competentes, de tal manera que se hubiera evitado la trágica muerte de Aarón.
Al respecto, debemos recordar que en España mueren asesinados anualmente una media de 20 menores, y mayoritariamente lo hacen a manos de sus madres biológicas o de las parejas de ésta, y solo en una minoría a manos de sus padres biológicos. Sin embargo, la legislación de género imperante en España presume siempre la culpabilidad del varón por ser varón y exculpa siempre a la madre de cualquier agresión cuando el padre denuncia estos hechos. Tal proceder, lógicamente, pone en riesgo a los menores, pues lo que parece evidente es que el único comportamiento conforme a Justicia, Equidad e Igualdad sería estudiar las denuncias por maltrato exactamente con el mismo protocolo con independencia del sexo del denunciante o del denunciado.
Lo más vergonzoso, con todo, es que cada vez se dan más casos de menores maltratados por sus madres o parejas y sin embargo la administración y la política permanece callada, pues hechos como el asesinato del pequeño Aarón ponen en evidencia la injusta ideología de género imperante en nuestro ordenamiento jurídico.
Por todo ello, desde la Asociación Europea de Abogados de Familia solicitan al Gobierno que tome en consideración la derogación total de la Ley de Violencia de Género, y se tome en serio la lucha contra la violencia intrafamiliar, adoptando una nueva política legislativa desde el principio de neutralidad ideológica, estableciéndose en las futuros desarrollos legislativos como principio básico la prevención de este tipo de delitos, independientemente del sexo del victimario y de la víctima, respetando los principios de presunción de inocencia, y no discriminación por razón del sexo.
Desde la Asociación Europea de Abogados de Familia consideran igualmente que la clave de bóveda de cualquier sistema de protección contra la violencia intrafamiliar ha de ser la protección integral de la víctima, sin distinción alguna por razón de sexo, y el respeto máximo a la imparcial actuación de la justicia, sin injerencias políticas o ideológicas.
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