La Asociación española “El Aguila Protectora” de defensa de los intereses de los afectados por los Fondos Buitre, se ha reunido el pasado 13 de noviembre en Bruselas con altos funcionarios de la Unión Europea para denunciar la venta de miles de viviendas VPO (Viviendas de Protección Oficial) por parte del Ayuntamiento de Madrid (EMVS, Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo) y la Comunidad de Madrid (IVIMA, Instituto de la Vivienda de Madrid) a los Fondos Buitre Blackstone y Lazora (en San Sebastián de los Reyes, en este último caso), y la posterior desprotección que han sufrido los colectivos vulnerables que las habitaban, por medio de un abuso sistemático de posición dominante de los mencionados Fondos, reflejado en incrementos de la renta desproporcionados superiores al 50% y los desahucios consecuentes contra los inquilinos.

Por medio de sus representantes, Don Rafael Ripoll, Presidente de la Asociación y también del partido España 2000 y de la Federación de partidos patriotas “Respeto”, y el secretario de la misma, Don Guillermo Rocafort, se concienció a las autoridades comunitarias de las prácticas anticompetitivas que llevan a cabo dichos Fondos Buitre en España con la adquisición de las viviendas VPO, e incluso de las ayudas públicas ilegales que están actualmente recibiendo por la vía de millones y millones de intereses que les paga el propio Estado Español en los préstamos subsidiados que disfrutan los mencionados Fondos Buitre en España.

La desprotección por parte de las Administraciones Públicas hacia los inquilinos pertenecientes a los colectivos más vulnerables se ha producido por la venta de un patrimonio público a unas entidades desreguladas que provienen de los Paraísos Fiscales y que buscan incrementar sus rentabilidades y plusvalías lo más posible en España y en el corto plazo; es una de las páginas más oscuras de esa desamortización encubierta que ha sustituido la protección social previamente existente, por una especulación masiva y destructora contra los más necesitados.

La Asociación el “Aguila Protectora” no sólo desea denunciar las dolorosas consecuencias sociales de esta desprotección sino también la rentabilidad electoralista que pretende sacar la izquierda radical instalada en los principales ayuntamientos de nuestro país, que lejos de pretender solucionar el problema, lo han incrementado por omisión, permitiendo que las rentas por alquiler se disparen durante sus mandatos, con el único objetivo electoralista de hacer bandera de este drama social, y así beneficiarse en las próximas elecciones municipales.

El compromiso de esta Asociación patriota consiste en persistir en sus legítimas denuncias y hacerlas llegar a las autoridades locales, nacionales e internacionales que sean precisas al objeto de que la protección social a la vivienda protegida vuelva a España.