Hace poco comentamos el Caballo de Troya que ya tiene España dentro, pertrechados con armas y bagajes dispuestos a destruir la Nación. Naturalmente, ese caballo es el gobierno de Sánchez, aunque por la utilización de su poder, sus decretos y manipulaciones, más podría definírsele con esa frase tan gráfica de “elefante en cacharrería” por la destrucción que acarrea en todas las áreas en las que quiere imponer sus “ideicas”.
Nos referiremos sólo al destrozo en un pilar fundamental de un Estado de Derecho como es la Justicia que, en España viene herida desde los tiempos de Alfonso Guerra cuando sentenció que Montesquieu había muerto, y no ha mejorado desde entonces.
La separación o división de poderes es un principio político en algunas formas de gobierno en el cual los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del estado son ejercidos por distintos órganos del gobierno, autónomos e independientes entre sí. Es la cualidad fundamental que caracteriza a la democracia. Según Montesquieu «todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; él va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar del poder hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder». De este modo, se confía la vigilancia de los tres poderes entre ellos mismos ya que cada uno vigila, controla y detiene los excesos de los otros para impedir, por propia ambición, que alguno de ellos predomine sobre los demás. En España no se respeta dicha separación. En las monarquías constitucionales y en el presidencialismo suele respetarse la separación de poderes, mientras que las que utilizan lo que eufemísticamente se llama fusión de poderes y separación de funciones se encuentra en las formas de gobierno parlamentarias, en las partitocracias, en las dictaduras, etc.
Teniendo esto presente, juzguen ustedes el comportamiento de un gobierno que se posiciona claramente a favor de los que pretenden destruir España, de manera que abandonó al juez cuando éste pidió ayuda al ser denunciado por Puigdemont por la forma en que estaba llevando la investigación, afirmando que la instrucción de Llarena «vulnera nuestro derecho a un juez imparcial e independiente, a un procedimiento judicial equitativo y a la presunción de inocencia», y ha demandado al magistrado en Bélgica al entender que la Justicia de este país es competente por ser el lugar en el que reside. Llarena tuvo que recurrir en amparo al CGPJ y su Comisión Permanente ha acordado otorgarle el amparo que este había solicitado y que se traducirá en pedir a los Ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores que actúen «para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante» el juzgado belga que le ha citado y pide que la Abogacía del Estado arbitre una fórmula para representar al juez español ante la demanda presentada por el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus ex consejeros que plantearon dicha demanda civil.
Concluye el sumario y procesa por rebelión a Puigdemont y otros 12 líderes independentistas por el ‘procés’ a pesar de las presiones de los independentistas, que reclaman a la Abogacía, dependiente de Justicia, que levante el pie. Y Moncloa necesitada de sus votos para aprobar los presupuestos, ha obedecido y mangonea a la Abogacía del Estado para que los delitos del llamado procés se tipifiquen como sedición (lo que implica penas más rebajadas) sin importarle poner en juego la separación de poderes amparados por la Constitución, a pesar de haberse comprometido a no dar instrucciones a la Abogacía del Estado ni a la Fiscalía: «Voy a respetar las decisiones que tomen» (Claro que a lo dicho en la oposición, le da un giro de 360º en cuanto llega al poder, por esa personalidad disociada que dice la ministra Calvo que tiene el presidente).
La situación se ha venido macerando de tiempo atrás. Hace unos meses, el equipo de la Fiscalía en el Supremo evidenció serias discrepancias con el criterio del entonces fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar. Los fiscales pidieron la libertad bajo fianza de 100.000 euros del ex consejero de Interior de la Generalitat Joaquim Forn, pero lo hicieron destacando que lo formulaban por imperativo legal en aplicación del artículo de su estatuto que establece que «el fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones». Pero como a Sánchez le urge que los independentistas le voten los presupuestos para así contentar a su virrey, Iglesias, −lo que le permitiría seguir en la Moncloa aunque destruya a España−, se han estado reuniendo dos ex ministros reprobados, Catalá y Delgado para realizar el ya histórico reparto de vocales en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para desprestigiar aún más, las instituciones democráticas, porque aquellos que más y mejor deberían respetar las normas,(un ex ministro de Justicia y la actual) son los primeros en prostituirlas.
No se entiende que, sin ninguna necesidad, Casado, el supuesto “regeneracionista”, caiga de patas en el pasteleo más burdo y soez. Su actuación en la perversa renovación del órgano de gobierno de los jueces ahonda en la politización de la Justicia española en el peor momento posible. Y resulta incomprensible por varios motivos. En primer lugar, este cambalache decepciona porque mantiene la intromisión de los partidos en la gestión de los órganos judiciales, a pesar de sus reiteradas promesas de acabar con la intolerable politización de la Justicia. Sorprende que hayan llegado a un acuerdo cuando Sánchez dijo haber roto relaciones con el principal partido de la oposición, y la concesión de Casado a hacer de comparsa para que aquél imponga su mayoría ideológica en el principal órgano de la Justicia española.
El nivel de trapicheo ha sido de tal calibre que han llegado a nombrar ellos al próximo presidente del CGPJ antes de saberse quiénes serán los vocales que, como dicta la Ley, tendrían que votarlo. Es decir, que los vocales elegidos lo habrán sido bajo la condición de votar como presidente a Manuel Marchena.
Item más, Catalá, es decir, Casado, ha cedido, de manera insólita, un vocal más al PSOE, que dispondrá de 11, mientras que los populares con más diputados, elegirán solo a nueve, de manera que en el CGPJ habrá mayoría progresista y radical, así que ni Pedro Sánchez, ni Pablo Iglesias ni la esperanza desinflada de Casado podrán hablar de regeneración democrática, ya que poco respeto demuestran hacia el Poder Judicial quienes mercadean con sus miembros. Solo Albert Rivera, que recordó que el Poder Judicial no es un «supermercado», ha mantenido la dignidad democrática, exigiendo que se vuelva al sistema de elección de 1978 y se garantice una independencia real de la Justicia.
Pero el acuerdo no solo es pernicioso para la imagen de la Justicia. También lo es para la seguridad y la estabilidad del Estado de derecho y el mantenimiento del orden constitucional, por cuanto que el pacto implica que Marchena, actualmente presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que ya había condenado al ex conseller Francesc Homs por el referéndum ilegal del 9-N de 2014, tendrá que dejar la ponencia del juicio por el desafío separatista. Algo que confirma Catalá pero restándole importancia. «Tiene que dejar la Sala Segunda y la ponencia del juicio del procés. Estoy muy tranquilo porque el que tome esa ponencia lo hará con la misma claridad, con la misma seguridad y con la aplicación de la ley». Ojalá. De momento su sustituto el magistrado juez Andrés Martínez Arrieta, un juez de difícil encuadre ideológico al que se considera progresista al tiempo que funda una asociación judicial moderada, la Francisco de Vitoria y humanista porque primero condenó pero luego absolvió a Baltasar Garzón tiene por delante una complicada tarea. Soportar las tensiones que le creará la mayoría progresista de la sala para rebajar la petición de Llarena por la rebelión (Ya habla la ministra Delgado de indultos) y la oposición de la calle, de momento, silenciosa.
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Todo esto ha causado un fuerte malestar en sectores del Partido Popular y de la magistratura conservadora, califican de desastre la cesión de vocales a favor del PSOE (y, por tanto, de Podemos) y de insuficiente la presidencia de Marchena, porque durante el mandato de este Consejo se renovará casi la mitad de la plantilla de togados del Tribunal Supremo (45 de un total de 90) y en esta cuestión la mayoría progresista “no hará ni una sola concesión, ni el presidente podrá lograrla”.
Estos sectores críticos con la negociación entre el Gobierno y el PP aducen que, aun siendo real la crisis del Supremo por el “lamentable espectáculo” de la Sala Tercera a propósito de las sentencias sobre la fiscalidad de las hipotecas, “Casado debió resistirse a una renovación tan leonina”. El PP —subrayan estas fuentes— tiene el grupo parlamentario más numeroso en el Congreso (137 escaños), mayoría absoluta en el Senado y disponía también de mayoría en el actual Consejo, cuya continuidad no hubiese establecido ningún mal precedente porque en otras ocasiones se ha superado el límite temporal del mandato hasta en más de un año. “En estas circunstancias, ¿por qué Casado ha entregado la mayoría del Consejo al PSOE, que ha incrustado vocales incluso próximos a Podemos?”.
La respuesta no tiene una contestación unánime. Se habla de la “inexperiencia” de Casado y de la rapidez con la que Catalá —sin las debidas consultas y sin marcar los tiempos— ha negociado con Dolores Delgado. “Pero Catalá se va de la política, deja este muerto al partido y él ficha como socio de Herbert Smith por lo que no responderá del funcionamiento del nuevo Consejo”. ¿Se les ocurre alguna palabra para definir esta actuación?
Tampoco se habría tenido en cuenta —“con la valoración adecuada de la correlación de sensibilidades en la Sala Segunda del Supremo”— que retirar a Manuel Marchena de la presidencia del tribunal de enjuiciamiento del proceso soberanista y, sobre todo, de la ponencia de la sentencia “tiene una lectura rara y sospechosa”. Algunas fuentes que critican la negociación del PP aducen que “podría pensarse que a Marchena le han dado una patada hacia arriba para evitar que se siga con el mantra de que es el ideólogo de la calificación como rebelión de los hechos de septiembre y octubre sucedidos en Cataluña el pasado año”. Otros subrayan con temor que su plaza será cubierta por una magistrada progresista, Susana Polo, con lo cual «el sesgo» de la Sala Segunda será muy distinto a la actual, justo cuando va a comenzar la vista oral del proceso; una concesión más al independentismo. Además, insisten, “Marchena era el que mejor conocía los entresijos del sumario instruido por Pablo Llarena, al que le unen una estrecha amistad y cercanía profesional”. Al parecer, Pablo Casado fue advertido por una importante personalidad de la conveniencia de que Marchena siguiese en la Sala Segunda, porque “es joven y ya tendrá su oportunidad y ahora nada hay más importante que el juicio del proceso soberanista”. (¿Qué le impulsó a no tener en cuenta el consejo?)
Magistrados y fiscales conservadores también han mostrado extrañeza por la selección de la lista de vocales del PP, en la que aparecen políticos o ex políticos sin una relevante trayectoria jurídica, “no es la mejor”. “No son los vocales más idóneos para enfrentarse a pesos pesados próximos al PSOE y a Podemos como José Ricardo de Prada —determinante en la sentencia del caso Gürtel, que provocó la exitosa moción de censura de Sánchez— y José Manuel Fernández Seijo, juez de lo mercantil de Barcelona que planteó la cuestión prejudicial sobre las cláusulas suelo al Tribunal de Justicia de la UE obteniendo un gran éxito profesional. De modo que a lo que podría considerarse hasta de traición de Catalá por no defender con suficiente celo y energía los intereses, no solo de su partido, sino de todos aquellos que creen en la Justicia como pilar fundamental de la Nación, al utilizar un procedimiento de selección que deja a los miembros conservadores en peores condiciones que los muy avezados miembros progresistas y a un presidente del consejo lastrado en su gestión, ya antes de empezar.
Mientras, en Moncloa es por completo evidente la satisfacción por el acuerdo que, además, y por si fuera poco para sus críticos en el PP, mejora la frágil situación política de la cuestionada ministra de Justicia, tras conocerse sus infamantes conversaciones de mesa y mantel con el comisario Villarejo. Sánchez rinde información a su ‘copresidente’ Iglesias (el Fouché actual) de la renovación del CGPJ con un almuerzo en Moncloa porque quería trasladarle en persona los detalles del acuerdo y la importancia de que el órgano de gobierno de los jueces vaya a contar con una mayoría progresista. Terminarían brindando por la torpeza de Casado, seguro.
El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, durante un acto en Valladolid, analizó la situación política española, especialmente las actuaciones del Gobierno y lo definió con claridad: «está formado por un partido minoritario apoyado por radicales antisistema y por los secesionistas, y han decidido que quieren poner boca abajo el orden constitucional de España» y añadió: «España vive el momento más grave de los últimos 40 años y estamos en crisis sistémica». No parece que en la reunión que ha mantenido hace poco con Casado, éste haya tenido en cuenta sus recomendaciones, y si añadimos que ningún miembro de la dirección del PP ha facilitado explicación que aclare por qué han aceptado un acuerdo tan desfavorable, hace sospechar que las razones son inconfesables. Nos preguntamos ¿Así es cómo quiere el PP recuperar su electorado?
Y en esta línea de lo inconfesable, nos enteramos de la reunión secreta que han celebrado Mariano Rajoy y Pablo Casado pocos días antes de que se conociera la entrega a Sánchez del CGPJ tan conveniente para los intereses de los rebeldes catalanes. Este giro copernicano dado por Casado nos lleva a recordar el que en su día diera Mariano Rajoy a su paso por Méjico, del que volvió absolutamente transformado. Así parece la transformación sufrida por Casado que ha ido de la luz y la esperanza a su contrario, el abismo negro, que tal parece que este joven político también ha sido cooptado por la temible secta.
No nos extrañaría. En la época de mayor radicalización de la política española, la de la II República, según los estudios de la profesora Gómez Molleda fueron 151 los diputados masones, Arbeloa da 129 y el profesor Ferrer Benimeli 183 masones o que habían mantenido relaciones con la masonería; la deriva extremista que lleva España y los últimos acontecimientos nos hace suponer su infiltración en varios partidos, entre ellos el PP. Habrá quien no lo admita, pero con el afán de imitar lo extranjero, seguro que los tienen dentro como ocurre en el Parlamento de Westminster en el que según el diario The Guardian operaban en secreto dos logias integradas por políticos y periodistas[1].
Prudentia Paulus, ¿ubi vadis?
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[1] Redacción BBC Mundo -20 febrero 2018
