La callada por respuesta. Esa ha sido la contestación del Ministerio para la Transición Ecológica ante una petición de información sobre la aplicación que concede –o deniega– el bono social eléctrico. El 17 de septiembre, al amparo de la Ley de Transparencia, Civio pidió el código del programa que utilizan las eléctricas para valorar si un ciudadano es beneficiario de las ayudas para el pago de la luz. El ministerio dirigido por Teresa Ribera, el competente en la materia, solicitó una ampliación del plazo para responder. Esta es una posibilidad contemplada en la ley cuando la información a entregar sea de un tamaño o complejidad que impida ser tramitada en menos de un mes. Sin embargo, pasados todos los plazos, el ministerio guarda silencio. Esto, según la legislación, supone que el Gobierno deniega el acceso a esta información.

Las compañías eléctricas son las encargadas de comprobar que los solicitantes del bono social cumplen los requisitos para ser considerados consumidores vulnerables. Para ello, el Gobierno puso a su disposición una aplicación informática que decide quién es beneficiario de estas ayudas. El acceso a este programa está limitado a las comercializadoras de electricidad. Al margen de la solicitud amparada por la Ley de Transparencia, Civio pidió hasta en dos ocasiones a miembros del gabinete de la Secretaría de Estado de Energía, por correo electrónico, esta información. En ambos casos, la respuesta del Gobierno fue el silencio.

Esta petición de información tiene un motivo: decenas de ciudadanos han reportado problemas en su tramitación. Para saber en qué parte del proceso hay errores, desde los datos hasta el código de la aplicación, es necesario conocer el procedimiento y analizar su funcionamiento. “La transparencia no son solo documentos y normas. Si no conocemos las tripas de aplicaciones como esta, no podemos fiscalizar el trabajo de los poderes públicos”, afirma David Cabo, director de Civio.

Por tanto, la única forma de verificar si la herramienta funciona correctamente es revisar el código de la aplicación y su funcionamiento. Ante la actitud del Ministerio para la Transición Ecológica, Civio ha presentado una reclamación. Ahora será el Consejo de Transparencia quien se pronuncie sobre el silencio del Gobierno.