España ha recibido, durante 12 días, al relator especial Fernand de Varennes, quién tras cobrar su dietas, vivir a cuerpo de rey, y disfrutar de nuestra patria, ha realizado un informe en el que oculta la realidad.

Varennes se olvida en su informe de referir la discriminación que sufre la lengua española (que no castellana) en determinadas regiones españolas controlados por la minorías supremacistas. El informe expresa preocupación por una supuesta brecha entre el reconocimiento de los idiomas cooficiales y el alcance de su uso real, así como la implementación de la legislación al respecto.

Señala, por ejemplo, que los jueces y los agentes de las fuerzas de seguridad, como la Policía Nacional, en general no están sujetos a ningún requisito de conocimiento de los idiomas cooficiales, incluso cuando ejercen en una comunidad autónoma, sin embargo nada dice de los españoles que quieren que sus hijos reciban educación en su lengua materna, sin que las administraciones lo posibiliten.

“Las minorías lingüísticas tienen derecho usar su idioma en sus interacciones con las autoridades e instituciones estatales, siempre y cuando sea razonable y justificado, según la proporción de la población que lo hable localmente, pero esto sigue sin cumplirse en algunas regiones,” explica el relator especial.

Varennes también expresa su preocupación por la falta de datos desglosados sobre el origen étnico, la religión o el idioma de las personas que, enfatizó, podrían recopilarse de manera respetuosa con el derecho a la privacidad. Evidentemente la ONU quiere estos datos para saber si su proceso de destrucción de la cultura hispánica avanza a la velocidad deseada.

También recomienda que, en el campo de la educación, el Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación “reanude la recopilación de datos sobre los niveles de competencia en la adquisición de fluidez en castellano y en los idiomas cooficiales en todo el país”.

Durante su misión, que ha durado de 12 días, el experto se reunió con funcionarios de alto rango, tanto a nivel nacional como regional, así como con representantes de instituciones que trabajan en diversos aspectos que afectan a las minorías y la sociedad civil en la capital, Madrid, y en Andalucía, Cataluña, Euskadi y Galicia, sin embargo no se reunió con los españoles que nos sentimos excluidos en nuestra propia patria.

El relator especial presentará un informe detallado sobre su visita al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en marzo de 2020, un informe que por lo que parece no reflejará la situación real de un pueblo español, cada vez más cansado de las infiltraciones masónicas en nuestras instituciones, y que no sabemos a que espera para levantarse.