Disidentes Católicos y sus aliados están exigiendo, una vez más, que el status de la Santa Sede como estado observador sea revocado. En un evento paralelo al de la Comisión sobre el Status de las Mujeres (CSW), un grupo de activistas colaboradores, que se llaman a sí mismos “Católicos por los Derechos Humanos”, lanzó una petición para que la ONU degrade el status de la Santa Sede. Éste es el más reciente de una serie de quijotescos y similares esfuerzos realizados esporádicamente en años anteriores, ninguno de los cuales ha tenido éxito.
La Santa Sede es un objetivo frecuente de tales campañas debido a su status único dentro del sistema de la ONU, a la autoridad moral que ejerce y a su trayectoria dirigida a facilitar alianzas internacionales para detener las tentativas de crear un derecho internacional al aborto y redefinir el género y la familia. Atacando a la Santa Sede, los grupos feministas escépticos de todas las religions han hecho causa común con los disidentes dentro de la Iglesia, tales como las Católicas por el Derecho a decidir y los partidarios de la ordenación femenina. El resurgir reciente del escándalo de los abusos sexuales en la Iglesia les ha armado con más munición.
Sin embargo, la Santa Sede cuenta con un apoyo poderoso, que va desde los individuales hasta organizaciones en los paises miembros. En 1999, los disidentes católicos pro-aborto reclamaron que la Santa Sede fuera expulsada de la ONU. Una declaración en defensa de la Santa Sede circuló recogiendo unas 4.000 firmas, incluyendo los grupos más numerosos Protestantes e, incluso, musulmanes del mundo. Cuando se renovaron los ataques sobre la Santa Sede en 2014, C-Fam relanzó la declaración en una campaña que, actualmente, cuenta con unos 6.800 grupos y 13.000 individuos.
En el evento paralelo del CSW, los ponentes incluyeron una representante de las Católicas por el Derecho a Decidir y una activista de la ordenación femenina.
La profesora Mary Ann Case afirmó que la mayoría de lo que causa que el Vaticano obstruya “los derechos humanos de las mujeres” y el reconocimiento de la orientación sexual y la identidad de género con categoría de derechos fueron acontecimientos que sucedieron después de 1965, cuando el concilio Vaticano II finalizó. De hecho, las posiciones de la Iglesia sobre el aborto y los roles complementarios de hombres y mujeres estaban siendo ratificados en respuesta a nuevas formas de oposición, que han continuado creciendo solo la última mitad de este siglo.
En su informe sobre la Santa Sede para la ONU, las Católicas por el Derecho a Decidir señalaron que la Santa Sede ni ha firmado ni ha ratificado el tratado de la ONU contra todas las formas de discriminación contra las mujeres. Dedujeron que la razón era que “la ideología teológica de la Santa Sede lo hace incompatible con las finalidades del tratado”. A lo largo del informe, el grupo de disidentes “Católicos” trata con mayor deferencia los documentos de la ONU que aquellos de la Iglesia, de la que dicen ser miembros. Esto incluye opiniones no vinculantes de los organismos del tratado, tales como el Comité de Derehos del Niño, que se excedió en sus competencias criticando a la Santa Sede por su postura sobre el aborto y la homosexualidad.
Cuando se le pidió que comentara sobre la petición contra la Santa Sede, un portavoz dijo que el status del Vaticano como observador era algo pendiente de decisión por parte de los estados miembros.
