Hace unas semanas, el Comité Ejecutivo Central de la Unión Europea de Repúblicas Socialistas Soviéticas (ese ente que “oficialmente” se conoce como Parlamento Europeo) dio luz verde a la armonización de las directivas de propiedad intelectual (copyright), conocida como ACTA-2 (siglas derivadas del término inglés Anti-Counterfeiting Trade Act).
Esta nueva directiva puede considerarse como más estricta, si bien partimos del hecho-premisa base de que la llamada “propiedad intelectual” implica en sí tanto proteccionismo como censura. Dos de sus principales puntos (entre estos, el décimo-tercer artículo) han sembrado, con razón, la mayor de las polémicas habidas y por haber.
Portales de contenidos como por ejemplo YouTube, Flickr, Dailymotion e, incluso, las redes sociales, tendrán que habilitar un complejo sistema de filtrado y verificación del contenido que suban los usuarios, de modo que no se suban contenidos que vulneren derechos. Además, los llamados memes, tan utilizados para la crítica y el humor, quedarán terminantemente prohibidos a efectos prácticos.
No obstante, hay cuestiones que no han sido tan resaltadas por los medios de comunicación, aparte de que al usuario no experto en programación e ingeniería del software puedan no resultarles tan preocupantes. Podría ser que muchos proyectos de software bajo licencias de código abierto pudieran ver amenazada su continuidad reglamentada como tales.
El caso es que los asesores legales de Github, un servicio basado en repositorios de aplicaciones que pueden crear los usuarios (sin obstáculos para exponer documentación así como el propio código al público, permitiéndole a su vez la edición del mismo, así como su propia mejora), están librando una batalla que proteja a todos estos desarrolladores de software de la directiva comunitaria.
Hay proyectos que pueden incluir fragmentos o archivos de código (por ejemplo, un par de scripts escritos en JavaScript) protegidos por derechos de autor (aunque no sea lo habitual como ocurre, por ejemplo, con la biblioteca de funciones jQuery). Bueno, eso consideraba a priori el contenido del artículo 13, dado su enfoque extensivo y global.
Posteriormente, se consiguió añadir una cláusula de excepción que afectase a las “plataformas colaborativas de desarrollo de software de código abierto”. Ahora bien, se advierte de que la directiva apenas está detallada, sin beneficiar a la multitud de plataformas (alternativas como Sourceforge y GitLab inclusive) y proyectos en los que los desarrolladores-miembro de GitHub están actualmente trabajando.
Esto podría considerarse, en parte, como una de las enésimas consecuencias de la incompetencia de esos legisladores que diariamente nos complican la vida. Pero “curiosamente”, una vez más, lo que podría ser un fallo de insuficiencia especificativa falla en contra de las libertades, algo a lo que nos tienen acostumbrados.
El software de código abierto u open source se rige por normas contrarias a la propiedad intelectual (licencias como las de GNU, BSD o el Massachusets Institute of Technology). Permite divulgar y modificar el código de manera constructiva (incluso crear bifurcaciones alternativas) sin necesidad de pagar o pedir autorizaciones, a la vez que el mantenimiento tiene una esencia puramente bottom-up.
Así pues, no es de extrañar que la libertad de difusión y aprendizaje de los desarrolladores de software se vea seriamente amenazada por esta nueva directiva eurosoviética. Como ocurre con muchas otras regulaciones, solo pueden salir “ilesas” las grandes compañías -que, curiosamente, en casos como Microsoft, están dejando de lado el “software privativo”, pero las demás sufrirán más seguramente.
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Por Ángel Manuel García Carmona Este artículo se publicó primero en Ahora Información: ¿Hay una cruzada de la Unión Europea contra el “open source”?
