A finales de la jornada laboral de esta semana, hemos podido leer dos noticias, en cierto modo, importantes, con respecto a la institución matrimonial. Por un lado, el Instituto de Política Familiar (IPF) ha vuelto a instar a la derogación de la ley de “divorcio exprés”. Mientras, cierto medio de “artillería marxista televisiva” ha vuelto a recordar unas estadísticas que circulaban por las redes sociales anunciaba que España, en su mayoría, era favorable al matrimonio gay.
Ante lo que no deja de ser sino un par de ideas principales de noticias de actualidad, uno coincide en lo perjudicial que es para la estabilidad familiar la facilitación del divorcio o ruptura matrimonial, al mismo tiempo que, sin discutir ciertas tendencias de sesgo en favor de lo progre, uno es consciente de que España no es una excepción en Europa Occidental en cuanto a relativismo y “suicidio cultural”.
Pero insisto en que no se puede tratar de dar solución a ciertos problemas sin “atacar” a la raíz de los mismos. Conformarse con aplicar “parches” solo tiene sentido bajo una inconveniente visión de la realidad reducida al cortoplacismo. Así pues, habrá que reconocer que el matrimonio (institución base para la formación de una familia así como unión entre un hombre y una mujer) quizá está en peligro a raíz del estatismo.
Con la Revolución Francesa empezó todo
Ciertos acontecimientos que marcaron el fin del siglo décimo-octavo, como la Toma de la Bastilla, y dieron lugar a lo que conocemos como “Revolución Francesa”, supusieron la germinación de esos males que suponen a día de hoy una rotunda amenaza para la libertad: el nacionalismo, el socialismo, el laicismo y todo lo demás que se pudiera englobar como colectivismo.
En nombre de la “libertad, igualdad y fraternidad”, se dieron los primeros pasos para secularizar a la sociedad, para que esta abominara de su depósito de fe en Dios y su bagaje de valores morales, sociales y culturales fundamentados en la religión. Con la intención de fomentar la “filiación” al Estado y sus burócratas de turno, se dio un golpe al “derecho privado”, regulando relaciones como las intrafamiliares y matrimoniales.
A raíz de ello, las cuestiones familiares dependen de la maraña legislativa iuspositivista y modernista mientras que el matrimonio se define a golpe de ley (se está tratando de dar más prevalencia a las normativas estatales que a aquellas que se deriven de instituciones de la sociedad, como podría ser el derecho canónico, relacionado con aquello que dictamine la Iglesia, un cuerpo intermedio muy menospreciado por los estatistas).
Divorcio y matrimonio entre personas del mismo sexo
La esencia real del matrimonio será aquella que le haga definirse como una unión -indisoluble- entre un hombre y una mujer. No se trata de un mero contrato en base al cual se suele obtener una contraprestación, sino de una especie de acuerdo que sienta las bases para el desarrollo de las familias (generando descendencia), las cuales son clave para una sociedad libre, floreciente y fuerte.
En cambio, las legislaciones han ido contribuyendo a la erosión del valor de la institución, conferido por una tradición que sigue la ley natural, en cierto modo, de base deística. En vez de fomentar la resolución de aquellos problemas que pueden dar lugar a una separación, se dan “todas las facilidades habidas y por haber” para poner fin a ese vínculo matrimonial, sin tener en cuenta las consecuencias (hablamos del previamente mencionado “divorcio exprés”).
No es la parte de la cual uno querría separarse aquella más damnificada por la separación. Tampoco la familia de la misma, ni el grupo de amigos en el que ambos pudieran estar integrados. Igual que ante una situación de malos tratos (violencia intrafamiliar), son los descendientes de estos los más perjudicados, máxime si son menores de edad y/o sujetos no independizados: trastornos psíquicos, fracaso escolar o detrimento en el rendimiento, problemas económicos, …
Por otro lado, hay que decir que la ley natural, en sintonía con la biología, define al hombre y a la mujer como aquellos cuya unión es necesaria para procrear y hacer posible la fertilidad de una sociedad. Así pues, no cobra ningún sentido llamar como lo que no es a las uniones entre personas del mismo sexo, entre las cuales, de hecho, es más inviable el desarrollo de “familias artificiales”: problemas psicológicos, promiscuidad, etc.
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Quizá el problema se deba a quienes ejerzan su turno burocrático, ¿no?
No es irreal que un dirigente moralmente conservador (o un legislador con esta orientación) tratará, en la medida de lo posible, de que el “derecho civil” sea lo más respetuoso posible, mientras que el progresista, en base al socialismo de ingeniería social, tratará de desarrollar el proceso de desestructuración de instituciones naturales como la familia y el matrimonio.
Tampoco es falso que nos encontramos ante una crisis de valores, de corte relativista y nihilista, en Europa. Es otro de los grandes problemas de nuestro tiempo, sin ninguna duda. Pero esos problemas traducidos en cortoplacismo, epicureísmo, adultocentrismo, irresponsabilidad y hedonismo tienen un factor causante: la progresiva invasión del Estado sobre la sociedad civil (cuerpos intermedios y familias inclusive).
Al mismo tiempo, cabe recordar que la ingeniería social que practican los laicistas y demás hordas del marxismo cultural es viable gracias a los medios estatales. El socialismo es un sistema que funciona gracias a la planificación centralizada (da igual que hablemos de sectores industriales que de mentes y códigos reguladores de relaciones interpersonales y sociales).
Por ello, claro debería quedar que tratar de conformarse con reformas del derecho positivo orientadas a un mayor respeto hacia los cuerpos naturales son plenamente inviables, aparte de propias de una visión cortoplacista. Además, hablamos de responsabilidades que nunca debieron de ser asumidas por los burócratas de turno (de hecho, como ocurre en la economía y otros aspectos, ir en contra del orden natural y espontáneo no ha repercutido positivamente).
De nuevo, el Estado es el problema
Claro tengo que el Estado es el principal enemigo de las familias, dado que busca destruirlas a fin de convertirnos en “hijos” del tinglado burocrático. Despojar a los padres de los roles de autoridad, de sus libertades para educar a sus hijos y establecer subsidios que fomentan la dependencia estatal han sido algunas modalidades de este grave ataque (me preocupo también ya que la familia es la última unidad de resistencia contra el intervencionismo).
Fomentar su inestabilidad es otra manera de ponerlas en peligro. Por lo tanto, dejemos a las familias organizarse por sí mismas -y ser ayudadas por los cuerpos intermedios- y reivindiquemos la desestatalización del matrimonio y el fin del “derecho civil”. Cada cual es libre de cohabitar con quien quiera y de determinar a quién legarles los bienes, pero la institución matrimonial tiene el significado y el propósito que tiene, mal que les pese a los ingenieros sociales.
Por Ángel Manuel García Carmona Este artículo se publicó primero en Ahora Información: El Derecho Civil, enemigo del matrimonio y la familia
