El pasado 24 de mayo, dos días antes de las elecciones municipales, la concejalía de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, sacó a concurso público el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) municipal, un servicio que hasta la fecha lo presta el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), en colaboración con el Consistorio, con la finalidad de «facilitar asesoramiento jurídico generalista a usuarios de los Centros de Servicios Sociales y a socios de los Centros Municipales de Mayores del Ayuntamiento, y facilitarles asistencia y apoyo en la tramitación de sus solicitudes de asistencia jurídica gratuita».
Según fuentes jurídicas consultadas por TradicionViva.es la convocatoria de este concurso es «contraria a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que establece un principio de exclusividad a favor de los Colegios de Abogados, como corporaciones de Derecho Público, de tal forma que con fondos públicos solo puedan prestar servicios jurídicos gratuitos, incluido el asesoramiento u orientación previa al proceso, dichas Corporaciones, y única y exclusivamente a favor de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar, o a favor de aquellos colectivos a quienes, con independencia de su nivel de recursos, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita les reconozca el derecho».
Por otra parte, la asociación Jurídico Altodo, pone en tela de juicio la legalidad al convocar el concurso dos días antes de las elecciones municipales, cuando el gobierno municipal se encontraba en funciones, considerando igualmente que los términos de la licitación pudieran ser ilegales pues Carmena pretende acercar dicho servicio de asesoría jurídica con independencia de su nivel de recursos, por lo que se podríamos estar presente ante una conducta de competencia desleal, que podría atacar las normas de libre competencia.
Fuentes del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) a las que ha tenido acceso este medio confirman que el Decano José María Alonso, ha interpuesto un recurso especial ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid contra el anuncio de licitación del Ayuntamiento de Madrid para la adjudicación del «Servicio de Orientación Jurídica generalista para personas usuarias de los centros de servicios sociales y para las personas socias de los centros municipales de mayores del Ayuntamiento de Madrid».
Dicho recurso es un recurso especial, que suele resolverse con prontitud y que de estimar las alegaciones del ICAM puede declarar nula la licitación del Ayuntamiento de Madrid.
Según dichas fuentes el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) únicamente puede ser prestado por el ICAM y no puede ser objeto de licitación sino de convenio, dado que el Ayuntamiento de Madrid no ostenta competencia en materia de asistencia jurídica gratuita.
Dichas fuentes afirman que “la amenaza cierta de privatización del SOJ tiene como único responsable al actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid” y afirman que resulta preocupante que en la propia licitación se establezca que el eventual contratista que resulte adjudicatario no podrá asesorar a los usuarios del mismo cuando la intención de éstos fuera actuar precisamente contra el propio Ayuntamiento, lo que es se considera inaceptable por parte de la máxima autoridad de los abogados madrileños.
Por todo ello el ICAM ha solicitado el Tribunal la suspensión cautelar del citado proceso de adjudicación dado que podrían ser irreparables los perjuicios causados a los usuarios, y a los abogados.
Igualmente, el Colegio de Abogados consideran inaceptable que Carmena “haya decidido abrir un proceso de licitación con el objeto de privatizar la prestación de un servicio de orientación jurídica que hasta la fecha venía prestando el ICAM de manera satisfactoria en virtud de convenio suscrito con el mismo Ayuntamiento.”
Mañana sabremos si este es el último capítulo de las fraudulentas maquinaciones de la Carmena como alcaldesa de Madrid, o por el contrario, y con la colaboración de Ciudadanos, este es un capítulo más de los atropellos comentidos por el consistorio podemita.