«Ni las Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún caso las funciones judiciales, avocando causas pendientes, ni mandar abrir los juicios fenecidos.»
(Constitución Española de 1812, artº 243)
Hablar de presiones del gobierno a uno de los pilares fundamentales del Estado como es el poder judicial, no es cosa nueva, por desgracia. Padecemos en España un sistema de gobierno que llaman democrático, de una democracia imperfecta que se acerca día a día y cada vez más, a un régimen personalista y autocrático.
«Para que la potestad de aplicar las leyes a los casos particulares no pueda convertirse jamás en instrumento de tiranía, se separan de tal modo las funciones de juez de cualquier otro acto de la autoridad soberana, que, nunca podrán ni las Cortes ni el Rey ejercerlas bajo ningún pretexto. Tal vez podrá convenir, en circunstancias de grande apuro, reunir por tiempo limitado la potestad legislativa y ejecutiva, pero en el momento que ambas autoridades o alguna de ellas reasumiese la autoridad judicial desaparecería para siempre no sólo la libertad política y civil, sino hasta aquella sombra de seguridad personal, que no pueden menos de establecer los mismos tiranos si quieren conservarse en sus Estados.» Esto dice la ley, sin embargo, el poder siempre busca argucias y disimulos para imponer sus criterios.
La Constitución española de 1978, en su Título VI. “Del Poder Judicial” dice que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. No ocurre así con abogados del Estado ni con fiscales.
La Abogacía General del Estado es un órgano de la Administración General del Estado integrado en el Ministerio de Justicia de España y su deber consiste en defender a la Administración, lo que viene a ser, defender al poder. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. La dependencia jerárquica en la organización del Ministerio Fiscal es considerada una de las notas esenciales que le caracterizan al mismo tiempo que lo distingue de otros órganos con los que comparte campo de actuación, como son los jurisdiccionales, pues estos últimos se deben prevenir de toda clase de influencia interna. El Fiscal General, en virtud del cargo que ostenta, cuenta con la potestad de impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio, sin importar que sean de carácter específico o general.
Sin ánimo de ser exhaustivos, recordemos varios casos en los que miembros de gobiernos de distinto signo han forzado situaciones para obtener sentencias favorables a sus intereses, aunque con esas coacciones se perjudicara la conveniencia del Estado español.
Muy llamativo y doloroso fue el caso de quien fuera ejemplar fiscal jefe de la Audiencia, recientemente fallecido, Eduardo Fungairiño Bringas. Su labor concienzuda y tenaz se tradujo en la instrucción de numerosas investigaciones sobre ETA, algunas de las cuales desembocaron en el procesamiento de sanguinarios criminales como Henri Parot, Kantauri o Santi Potros. Representó asimismo al Ministerio Público en procesos como el de la matanza etarra de Hipercor, en la que fueron asesinadas 21 personas y medio centenar más resultaron heridas. Su desempeño en la Audiencia Nacional fue de todo punto admirable, y tuvo especial repercusión en la colaboración judicial con Francia, tradicional refugio de los terroristas vascos que, en buena medida por el empuje de personas como Fungairiño, acabó por implicarse verdaderamente en la lucha contra ETA. Los frutos más provechosos de la colaboración franco-española fueron los sucesivos golpes policiales que acabaron por descabezar a la organización terrorista nacionalista. Ese empeño admirable del heroico fiscal (miembro del grupo de juristas de la Audiencia Nacional conocido como Los Indomables) y su extraordinaria aportación a la lucha antiterrorista le pusieron en el punto de mira de ETA, que trató de asesinarlo con un paquete bomba.
Sin embargo, a pesar de su esfuerzo y dedicación fue defenestrado en 2006. El encargado de orquestar su expulsión de la Audiencia Nacional fue Cándido Conde-Pumpido, aquel fiscal general que afirmó que las togas de los fiscales debían enfangarse con el polvo del camino a la mayor gloria del Gobierno” justificando así el forzado cese de Fungairiño, porque éste, haciendo gala de su pertenencia al grupo de fiscales “Los indomables”, mantuvo su postura de defensa de la ética en el ejercicio de su cargo, contraviniendo así los intereses del entonces presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero quien en aquella época, aunque lo negó reiteradamente, mantenía negociaciones con la banda terrorista ETA.
Dicha negociación[1] que mantuvo la banda con el Gobierno de Gorburu[2]-Zapatero tuvo muchas y variadas consecuencias, además de la exigencia de defenestrar al Fiscal que tanto temían. Según el borrador de las actas de las reuniones, recientemente encontrado, se llegó a avisar a ETA a través de un mediador, de una operación policial que se preparaba en Francia contra la banda terrorista. Con el chivatazo se evitó la desarticulación del aparato de extorsión etarra que se centralizaba en el bar Faisán. No se ha podido esclarecer quién dio la orden política a los dos policías. Iban a ser detenidas diez personas, entre ellas el dirigente del PNV Gorka Aguirre pero, ¿A quién se ha juzgado? Solo a dos personas: al ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y al ex inspector de Policía José María Ballesteros, quienes fueron condenados a penas de un año y medio de prisión y cuatro de inhabilitación que la Audiencia Nacional les impuso por este caso, el conocido “caso Faisán “, por un delito de revelación de secretos por alertar a ETA en 2006 de una operación contra su aparato de extorsión” pero Gorburu se ha ido de rositas.
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La Asociación Profesional de la Magistratura, expresó su «sorpresa» y «desconcierto» por el cese y respaldó a Fungairiño porque su servicio del Estado, «arroja resultados de eficacia incontestable». Y la prensa, se manifestó abrumadoramente a su favor. En su editorial «Desfigurar la Audiencia Nacional», ABC atribuye la renuncia de Fungairiño al deseo del fiscal general del Estado de ponerle fuera de la Audiencia para «neutralizar» la Fiscalía de este tribunal «en un momento político adverso a la firmeza legal contra ETA y sus terminales»; «El Mundo» aseguraba que «Conde-Pumpido depuraba a Fungairiño para facilitar la negociación con ETA». En el editorial, titulado «Una depuración despótica que humilla a todos los demócratas», asegura que una persona que lleva más de 25 años sirviendo al Estado en la lucha antiterrorista no se merecía un trato «tan humillante» y añade que esa dimisión «forzada» revela un «talante despótico» y pone de relieve la «utilización política de una institución que se presta a actuar como correa de transmisión del Gobierno», «La Razón» cuenta que «Pumpido fuerza la marcha del fiscal que arrinconó a ETA y hasta «El País» encabeza su primera página con el titular «Conde-Pumpido obliga a renunciar al fiscal jefe de la Audiencia Nacional». A pesar de tanta unanimidad en las protestas, no se tuvieron en cuenta. Esta vez, los que tanto claman en que hay que escuchar al pueblo, a la sociedad, como no les interesaba para la consecución de sus beneficios personales, o todo lo más, de grupo, obviaron lo que llaman “justicia del pueblo”.
No cejan las intromisiones. El abogado Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo del ex fiscal general del Estado mencionado anteriormente, el de mancharse la toga con el polvo del camino, parece seguir las normas paternas. Según el diario digital “Público” chantajeó a la magistrada De Lara mediante un correo electrónico, al que tuvo acceso en exclusiva Público, el 11 de junio de 2014. En este mensaje, Conde-Pumpido, jr. aconseja a la juez que «intente apartarse» y que «vaya con pies de plomo» en sus investigaciones. Incluso le recomienda un cambio de destino ofreciéndose a hacer las gestiones necesarias para este traslado ante el CGPJ, haciendo alarde de sus influencias en las altas instancias judiciales. «Empieza a sonar un run run en el TS de que hay juezas en Lugo que interfieren demasiado en la vida política«, advierte a De Lara. Haciendo caso omiso de la prueba presentada, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado imponer a la magistrada anticorrupción una sanción de 7 meses y un día, que implica la pérdida de destino.[3] Nada se sabe de lo que haya podido corresponder al autor del intento de coacción; se ve que la influencia era fuerte.
Torres-Dulce fue nombrado tras la llegada de Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia para que se encargara de liderar a la Fiscalía. Los enfrentamientos con este ministro no tardaron en llegar. La defensa de sus fiscales al ingreso en prisión del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, no sentó bien en el Gobierno. Hacía tiempo que corrían los rumores de que Torres-Dulce se encontraba cansado y ya había intentado dar el salto al Tribunal Constitucional. No lo consiguió, pero la tensión por la querella al presidente de Cataluña, Artur Mas, tras la celebración del 9-N ha sido el colofón para que el fiscal general no haya aguantado más las presiones de su cargo y anunció en junta de fiscales su dimisión como fiscal general del Estado, según El Confidencial.
Edmundo Bal Francés, es otro damnificado. Dirigió durante 16 años la acción jurídica del Gobierno como jefe de Penal de la Abogacía del Estado y como tal, fue responsable de acusaciones como la del caso Gurtel. No sólo sus peticiones de condena fueron más duras que las de Anticorrupción, sino que su intervención final quedó muy lejos del tono plomizo en el que es fácil caer en acusaciones tan técnicas: «Les voy a pedir una sentencia ejemplar. No puede ser que vuelvan a pasar las cosas que durante este año y pico hemos oído en esta sala y que se han tomado los acusados con una naturalidad que da miedo. No puede ser. Esta sentencia tiene que servir para que el empresario español que se encuentre en la tentación de sobornar a un cargo público o colaborar en un delito fiscal diga: ‘Jolín, qué miedo me da, fíjate la cantidad de años de cárcel que le ha caído a estas personas’». De su mano vieron también cerca la prisión famosos futbolistas y el banquero Jaime Botín quien por intentar vender un Picasso de contrabando, la Abogacía pedía no sólo prisión, sino que pasara a manos del Estado su bien más preciado, la goleta Alix con la que supuestamente intentó sacar el cuadro del país.
A muchos condenados por fraude fiscal les debió de parecer demasiado tardía la decisión del Gobierno de destituirle y situarlo en el área de contencioso-administrativo en la que se pueden pedir multas, pero no prisiones. Detrás de esa decisión está, una vez más, la diferencia de criterios con los intereses del gobierno (que no de la Nación), respecto al juicio del procés, después de que la Abogacía optara por acusar a los procesados de sedición y de malversación y no de rebelión. Edmundo Bal Francés defendía que se había cometido rebelión; era partidario de seguir la línea marcada por la Fiscalía y acusar por rebelión a los líderes del proceso soberanista, es decir, que se había consumado un delito de mayores implicaciones que el de sedición. Las discrepancias afectaron a la calificación jurídica de sedición por la que se iba a optar, así como al criterio para calcular -a la baja- las penas de la malversación. Pero la clave del desencuentro fue el propio relato de hechos de lo sucedido que finalmente se volcó en el escrito de acusación, profundamente revisado respecto al planteado por el ahora destituido. «Soy el cesado» afirma Bal, «Me cesaron porque quería que mintiera y me negué».
La actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, se ha convertido por votación del Parlamento en el miembro del Gobierno más reprobado de la historia de la democracia. Una primera reprobación del Senado que salió adelante con el voto de la mayoría absoluta del PP, respaldada por Ciudadanos, fue a causa de la indignación que motivó su falta de apoyo al magistrado Pablo Llarena frente a la demanda ante la Justicia belga por parte de Carles Puigdemont con intención de favorecer con ello a los independentistas; después, el pasado 9 de octubre, llegó una censura del Congreso, con petición de dimisión incluida, tras conocerse sus indecorosas conversaciones, indecentes e impúdicas, en compañía de Baltasar Garzón y del comisario José Manuel Villarejo. La tercera llegó, como hemos comentado anteriormente, por intentar forzar desde el Gobierno a la Abogacía del Estado a abandonar su tesis de que en el 1-O se produjo una rebelión y defender que sólo se cometió un menor delito: el de sedición. Al negarse Bal a ese cambio de criterio, fue cesado aunque el Ministerio de Justicia lo justifica diciendo que esa Jefatura es un cargo de «confianza» y que esa confianza «se ha perdido». Lo preocupante es que, al parecer, esa confianza se ha perdido por el solo hecho de no plegarse a los intereses particulares del poder de turno.
Una de las primeras personas que telefoneó al abogado del Estado tras su cese fue Albert Rivera: «Eres un héroe», le dijo. Bal respondió: «No, no se puede llamar héroe a quien quiere cumplir con su obligación». Aquella afirmación le llevó a una reflexión: «Si pensamos que es un héroe quien cumple su obligación es que España está muy vacía de valores». Muy cierto, pero tristemente estamos así: muy faltos de valores especialmente en los poderes que manipulan el futuro de la nación española.
El Supremo, contra las presiones de los Gobiernos ha declarado: «Se está asimilando como normal la destrucción del Estado de derecho». Presionar a los jueces se está convirtiendo en una práctica habitual en la sociedad española que amenaza con pervertir gravemente su independencia, ya muy contaminada por el sistema de elección de la cúpula del poder judicial, ahora en manos de los partidos.
La intervención del Gobierno en torno al proceso judicial contra los independentistas catalanes para satisfacer las demandas de estos está constituyendo un auténtico escándalo que induce a la sociedad a sospechar de manejos turbios y que ha puesto en pie de guerra a los jueces del Supremo. Irrelevante es también el debate sobre si hubo uso de armas para que sea considerado delito sumarísimo. El Código Penal deja bien claro que “declarar la independencia de una parte del territorio español es rebelión (Art. 472) y el uso de la violencia o las armas sólo se considera un agravante, no es el núcleo del delito (Art. 473)”. Basándose en esto, la número dos del Ejecutivo ha afirmado que «hay que adoptar las normas a las situaciones en que en estos momentos nos movemos» porque para hablar de golpe de Estado o de rebelión se requiere el uso de la «fuerza militar y de instrumentos coercitivos». Naturalmente, los portavoces independentistas han expresado gran satisfacción por la opinión manifestada por el Ejecutivo: «Todo el mundo sabe que no tiene ningún sentido fundamentar acusaciones basadas en ese delito; no hubo violencia armada, no hubo militares, tanques en las calles, pistolas, ni civiles armados”.
El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Joan Tardà, ha preferido ignorar la posición del Gobierno, al menos visiblemente, y ha reiterado la posición «muy clara» de ERC en favor de la libertad y absolución de los procesados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2018: «Sólo cabe en nuestra mentalidad que se retiren las acusaciones, que esas personas estén en la calle y que sean absueltas», ha sentenciado. De modo que la vicepresidenta por un lado y el propio presidente en el Congreso de los Diputados defendieron, tratando de minorar la condena, la tesis contraria al delito de rebelión. Al mismo tiempo trascendían las presiones del Ejecutivo de Sánchez a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía para que en sus escritos de acusación eliminaran el delito de rebelión que habían apoyado en sus anteriores escritos. Una ristra de cargos públicos del Gobierno, líderes políticos del independentismo, de Podemos y del nacionalismo, así como numerosos opinadores, se alineaban con Sánchez en su campaña de presión al Supremo hasta exasperar a los jueces que hicieron llegar su malestar a los medios de comunicación.
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Por si fueran pocos los que presionan, Zapatero, como no podía ser de otro modo, también ha echado su cuarto a espadas mostrándose a favor de que se estudie una posible petición de indulto por parte de los líderes independentistas que resulten condenados por el Tribunal Supremo. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado esta actitud y le ha advertido de que “España “no es Venezuela”. “Señor Zapatero: respete el trabajo de los jueces y la separación de poderes. Afortunadamente, ni usted ni los defensores de quienes dieron un golpe a la democracia dictan las sentencias en España. Esto no es Venezuela”, ha escrito en Twitter el presidente del partido naranja, que cree que “este PSOE no tiene remedio”.
Así las cosas, en un ejercicio de esquizofrenia patente, la ministra portavoz, Isabel Celaá, en su comparecencia de los viernes, daba, sin inmutarse, un giro de 180 grados en sus explicaciones sobre el juicio del procés, durante su rueda de prensa en la sala correspondiente de La Moncloa, llegando a negar que el Gobierno ejerza presión alguna sobre la Justicia y, dando una lección magistral sobre el escrupuloso respeto a la separación de poderes, para reforzar su posición de paladín del Estado y contrarrestar el malestar judicial y social que provoca la defensa del independentismo, anuncia un inútil recurso para defender al rey de los ataques del Parlamento catalán.
Es decir, a base de retorcer la ley, de quitar de en medio a quienes estaban dispuestos a cumplir con su obligación defendiendo los intereses generales del pueblo español, se está provocando no ya el indulto, que con ser grave, estaría explícita su culpabilidad; no; se va más allá y se pretende la absolución de los independentistas presos, con lo cual, lo mismo los sufridos españolitos deberán indemnizarles por el “injusto” tiempo pasado en prisión. Y quienes provocan semejante situación demencial, se irán de rositas, seguramente a ese organismo en el que no se sabe lo que hacen sus miembros aunque sí lo que les pagamos, que se llama Consejo de Estado.
En el Tribunal por supuesto, lamentan que se esté pasando de las «presiones implícitas» a las «explícitas», más graves porque propician «los juicios paralelos». Aprovechando el Debate de investidura que se está desarrollando en el Congreso, Asens, de Unión Podem ha aprovechado sus 10´de gloria para, tratando de defender a los independentistas catalanes, acusar al juez Marchena como “ministro territorial” acusándole que con el firme cumplimiento de la ley, estaba sobrepasando sus funciones. Mal asunto; así empezaron en 1936 y verán en el artículo siguiente la masacre que organizaron entre aquellos que con la aplicación firme de la ley, se oponían a sus desmanes.
«Deben respetar la separación de poderes y dejar trabajar a los jueces». Señalan que «no debe de haber nunca influencias en los tribunales, pero si las influencias vienen del Gobierno deben tomarse con mayor preocupación». Y tanto, pero ¿cómo se contrarrestan? Presionar a los jueces se está convirtiendo en una práctica habitual en la sociedad española que amenaza con pervertir gravemente su independencia, ya muy contaminada por el sistema de elección de la cúpula del poder judicial, ahora en manos de los partidos. Pero con ser perversos estos hechos, lo peor es que los miembros del ejecutivo no respeten la independencia del tercer poder, por lo que en consecuencia se perjudican gravemente los intereses de la Nación que, encima, no se ve resarcida de ninguna manera porque esos “autores” siempre quedan impunes.
[1] La copia de las actas que conservaba ETA fue incautada en una operación policial en Burdeos el 20 de mayo de 2008. Se conocieron entonces las condiciones puestas por ETA al Estado para dejar de asesinar: legalización de Batasuna, fin de las detenciones de terroristas, liberación de terroristas presos como De Juana Chaos y Bolinaga, derogación de la doctrina Parot -que establecía que las reducciones de penas se aplicaban al total de la condena y no al máximo permitido de estancia en prisión- y la creación de un “teléfono de seguridad” al que podrían recurrir los terroristas en caso de verse en problemas con la Justicia. En compensación, el PSOE ofreció a ETA la fusión de las provincias vascas y Navarra, que en la actualidad tratan de consumar. Zapatero negó haber admitido los objetivos políticos descritos: mintió. De hecho, ese ofrecimiento de promover la fusión de Navarra y la comunidad autónoma vasca, usando a sus habitantes como simples peones, fue planteado por los representantes del PSOE en aquellas reuniones sólo unos días antes de esa entrevista, unas negociaciones que tuvieron lugar entre el 18 y el 21 de mayo de 2007. A esto hay que añadir que el documento demuestra que Zapatero y el PSOE continuaron su negociación política con ETA incluso después de que los etarras asesinaron a dos personas en el atentado de la T4 de Barajas el 30 de diciembre de 2006
[2] “Gorburu”, (“Corcho”) nombre en clave que el entonces presidente habría utilizado durante la negociación con los etarras. Una de las actas refleja lo siguiente: “Gorburu le dice al mediador que le han dicho fuentes policiales francesas que después de la detención de Alain tenían preparado un golpe operativo importante contra la Organización“. Según apunta Europa Press, “Alain” era el nombre en clave usado por el etarra Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, jefe del aparato internacional de la banda.
[3] https://www.publico.es/politica/corrupcion-aviso-hijo-conde-pumpido-cumplido-jueza-azote-corrupcion-gallega.html
