Por Erik Encinas

Con la celebración de la fiesta del odio en Alsasua, la autodenomida “Ospa Eguna”, o “Día del Adiós”, una vez más se demuestra que en España quienes quieren cargarse la democracia y el Estado de Derecho tienen vía libre. Los hechos avalan mi criterio, porque ya vimos que se hicieron también impunemente homenajes planificados a los terroristas de ETA en los que se humilla a las víctimas del terrorismo, entre otras tantas veces en las que ha quedado comprobado de diferentes maneras en diversos ámbitos. Así que esto no ha sido por lo tanto una excepción.

Se repite de este modo una aberración inhumana, en la que los proetarras insultan a todos públicamente, incluso a ellos mismos, ya que son también españoles más que les pese. Y no con eso conformes, despojan acusaciones graves sin pruebas sobre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que son falsas, como por ejemplo llegar a afirmar que son torturadores o que los criminales que acorralaron y pegaron a una pareja de guardias civiles son presos políticos, cuando realmente están acusados por un tribunal por la realización de estas acciones violentas. Sin duda, una locura total, que requeriría urgentemente la asistencia psiquiátrica de estos fanáticos y abducidos por unos comedores de coco que todos conocemos, y que les llevan a vivir en una realidad paralela con un odio intrínseco hacia los demás.

Pero todas estas actuaciones contra España no se entenderían tampoco sin saber que los separatistas que acuden a estas mal llamadas fiestas son minoría y cuentan con una gran ignorancia, solitud, rencor, hispanofobia y supremacismo en sus venas. Y es por ello, que todo lo que huele a la patria española les apesta y no dudan en atacarlo. Cuesta por tanto creer que un juez no prohíba lo que realmente es el “Chorri Eguna”, porque considera que “no existe constancia de que se hayan producido o vayan a producir delitos que justifiquen tal restricción de derechos fundamentales con carácter previo”. Una conclusión judicial que costaría mucho imaginar si se diera un caso parecido en países con una democracia más longeva y consolidada como es el caso de Estados Unidos. Pero visto lo que está ocurriendo, en España no se está protegiendo como debe el Estado de Derecho, desde el momento en que atacar a un ciudadano por pensar diferente a un separatista, o también por ser un guardia civil o un policía nacional sale barato o queda impune como es el caso que aquí analizo.
Eso sí, algo están pasando en la nación, porque ya una inmensa mayoría de españoles están hartos de esta situación destructiva y quieren cambios para frenar a los proetarras y los otros separatismos que fustigan a España, gracias a los recursos públicos y la tolerancia estatal en estos tiempos tan delicados que corren. Principio indispensable para el cambio que acontecerá.