Por Fernando Navarro García.
A mí me parece muy bien que a los impostores, a los tramposos y a los mentirosos se les persiga y castigue cuando proceda. Y me parece un buen síntoma que la sociedad no trague prácticas indecentes que, al parecer, hemos venido asumiendo como si fueran inevitables.
Pero me parece igualmente que tal reprobación y preocupación pública debe aplicarse a todos los actores sociales, sin que existan parias ni brahmanes. Todos son todos, como No es No.
Por eso no me parece lógico que ignoremos la gravedad de quien probablemente empleó a funcionarios públicos del Ministerio de Industria para redactar el 90% de su tesis doctoral con una universidad privada (me refiero a Pedro Sánchez, del PSOE y actualmente Presidente del Gobierno), ni me parece coherente que pueda optar al gobierno de la Comunidad de Madrid quien ha sido sancionado por una universidad por malversar una beca publica (me refiero a Errejón, de Podemos), ni me parece decente que tantos políticos nacionalistas y de izquierdas que han falseado escandalosamente sus CV estén hoy rasgándose las vestiduras por los falseamiento -reales o imaginarios – de otros políticos del PP.
La impostura académica en España ha alcanzado cotas inadmisibles y creo que ha llegado el momento de analizar escrupulosamente los cv académicos de nuestros líderes políticos. La ANECA debería implicarse al máximo, pues el prestigio de la universidad le va en ello. Y ese análisis escrupuloso debería hacerse aplicando los mismos criterios para todos. Si hoy se exige ver y estudiar con lupa los cursos de doctorado de Casado, hoy también deberíamos poder escrutar con microscopio la ‘tesis invisible’ de Pedro Sanchez. Y no solo su mera existencia (de la que yo no dudo, aunque no sea consultable) sino su ‘originalidad’ y verdadera autoría, lo que a tenor de ciertos datos publicados parece cuestionable. Recordemos que una de las razones por las que Fernando Suaraz, ex rector de la URJC, tuvo que dimitir fue por plagiar varias páginas de su tesis. Mayor razón si el posible fraude en una tesis ha sido ejecutado por quien hoy es presidente del gobierno y, además, lo hizo recurriendo indebidamente a recursos de la administración publica. Eso, además de plagio, podría ser malversación. Y Pedro Sánchez tenía muy fácil acabar con las sospechas: permitir que su tesis fuera consultada y valorada por expertos. Se ha negado a hacerlo y eso que las tesis doctorales generalmente quedan disponibles para consulta pública y de la comunidad académica. Pero no lo ha hecho y supongo que Pedro Sánchez tendrá sus razones para ocultarla. Deben ser razones de peso.
Lo que no entiendo es qué los mismos medios que se preocupan con razón de los máster exprés de Cifuentes o Casado (un máster es académicamente mucho menos relevante que una tesis) no se inquieten en igual grado por estos otros posibles indicios (caso Pedro Sánchez) o pruebas fehacientes (caso Errejón). Y no lo entiendo porque no se puede entender si se aplican criterios de valoración moral políticamente imparciales.
Si nos fijamos, la mecánica de valoración moral de los medios que pretenden ser la voz de la opinión pública sigue las mismas pautas que cuando critican la corrupción o – por irme a un extremo asaz resbaladizo y peligroso – o cuando juzgan los crímenes durante la Guerra Civil.
Según la mayoría de los medios de comunicación parece que solo hay corrupción en la derecha, aunque los hechos acrediten inapelablemente que la corrupción es un mal endémico allá en donde existan largos periodos de poder y falta de control (véase la Andalucía socialista o la Cataluña nacionalista).
Y esta tramposa vara de tergiversar también vale para los crímenes realizados durante la Guerra Civil pues parece que en las cunetas solo hay fusilados por los franquistas. Franco asesinó y masacró, pero la República a lo sumo ‘ajustició’. Y cuando se ajusticia – aunque esa justicia sea ‘popular’ y por lo tanto injusta – es inevitable concluir que ‘algo habrían hecho las víctimas’, aunque vistieran hábitos, fueran mujeres, niños, escritores o poetas. Porque debo hacer notar que no solo nos quitaron a García Lorca, sino también a Jardiel Poncela. Dos genios asesinados por el odio sectario.
Y que nadie me pretenda tapar la boca con el discurso de la legitimación de unos frente a otros. No hablo de historia, sino de moral. La Historia explica los hechos y de ellos se ocupan los historiadores, incluso con agrias polémicas (también al sagrado templo de la ciencia ha llegado la bronca). La moral trata de dar razones para ciertas acciones u omisiones y no hay razón posible para los millares de crímenes perpetrados contra la población civil, la mitad de los cuales se ocultan sistemáticamente al parecer porque ya el Franquismo los glorificó. Pero si como demócratas execramos del Franquismo, como demócratas queremos igualmente que los crímenes de la República sean claramente criticados desde las instituciones democráticas. Y también los del Franquismo, por supuesto. Pero todos, no solo la mitad. En realidad la llamada Ley de Memoria Histórica es eso lo que propugnaba; cosa distinta es como fue interpretada por los políticos que instrumentalizan la Historia.
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Y así, con este indecente sesgo político al hacer valoraciones morales (las valoraciones jurídicas y el análisis histórico siguen otros caminos, mucho más lentos y rigurosos pues se basan en pruebas y en documentos, no en sentimientos) me temo que estamos desenterrando de sus tumbas malolientes a esas dos Españas, cegadas por el odio y la afiliación a unos colores o a unas siglas, incapaces ambas de asumir la hedionda miseria de los suyos y siempre prestas a rebajarse hasta las simas del odio ciego cuando intuyen la misma podredumbre en sus adversarios políticos.
Todos son todos.
