Comienza un nuevo año judicial, esta vez sin gobierno, lo cual es completamente irrelevante porque  si se observan los antecedentes de  las últimas legislaturas poco o nada se ha hecho por la Justicia, ni desde las Cortes ni desde los  gobiernos de la nación incluso con un ministerio en exclusiva, y en esta total desatención el Poder Judicial no ha defendido  su parcela en cuanto a su independencia,  lo cual supone una quiebra del sistema.

El Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de la judicatura se nombra por políticos que realizan una  selección de jueces y “juristas de reconocido prestigio”, los primeros sabemos que lo son, los segundos  no tanto, ya que eso del prestigio a tenor de las credenciales de algún que otro candidato,  no parece muy objetivo, en otro artículo profundizaremos en ello.

El menoscabo de la imparcialidad comienza en el método de nombramiento, porque la independencia gira de inicio a la derecha,  a la izquierda, o vete a saber donde, y con ello pierde completamente su función, su garantía y su  esencia.

Algunos jueces han colgado temporalmente su toga para dedicarse a la política y algunos diputados no jueces han resultado nombrados magistrados del Tribunal Constitucional. Lo primero es lógico,  lo segundo es un atentado a la democracia. Que un juez cuelgue la toga y ostente otro cargo público por vía política es razonable hasta cierto punto, que es precisamente su reincorporación a la judicatura, que debería prohibirse, y ello porque la política suele configurar peajes, favores y beneplácitos, con lo que una vez que se cuelga la toga para estos menesteres, debería perderse para siempre, al menos para volver a impartir justicia. El juez es juez hasta que accede a la política ya que en este ámbito pierde la independencia y aunque pretenda volver a recuperarla con su reingreso, resulta utópico dado que  el justiciable verá un juez con logo, el cual ya lleva de serie el Magistrado del Constitucional que viene de Cortes. En el primer caso el salto no debería tener retorno, el segundo es un auténtico fraude al ciudadano, porque quien acaba decidiendo sobre un derecho fundamental, que puede ser de dignidad y vida  es alguien de imparcialidad dudosa, precisamente por su antecedente político.

La falta de independencia adquiere su máxima expresión cuando el debate jurídico deja de fundarse en derecho, cuando se aparta de la sana crítica y cuando confluyen elementos subjetivos. En las resoluciones  más aberrantes, sobretodo en temas mediáticos o con intereses varios más allá de lo justo  se pueden dar  cita tres partes, la política, la judicatura  y la prensa, la primera nombra,  la segunda dispone y modula y la tercera (al servicio de la primera) lo cuenta, cerrando un círculo que puede resultar demoledor para quien demanda o defiende lo justo  y en su lugar puede encontrar la muerte civil, todos conocemos algún caso.

Cuando la independencia se transforma en injerencia la justicia deja de ser justicia y el estado deja de ser democrático. La solución es dejar a un lado la apariencia y sentar las bases,  con propuestas firmes, con denuncias públicas desde cualquier vertiente y con hechos ciertos, no es suficiente citar reiteradamente normas que no se cumplen.

Traigo a colación el libro titulado “ Al Abordaje. Asalto a la Justicia. Jueces y Política: Amistades Peligrosas”, del Magistrado Don Luis Alfredo De Diego Díez. Su dedicatoria es la síntesis total del problema. “A los jueces independientes, libres de cargas y servidumbres políticas, a los otros no…..”.

Cuando el río suena…..