Por Joaquín L. Ramírez
En la mañana del lunes 13 de enero de este 2020, a las 10 horas, los integrantes de la lista profusa de vicepresidentes y ministros en número de 22 prometieron su cargo en el Palacio de la Zarzuela. No hubo fórmulas rebeldes, no se oyó la palabra república ni el eslogan del imperativo legal apareció en ningún instante y el gesto de una leve inclinación de la cabeza ante el Rey fue invariablemente seguido por todos, la mayoría se estrenaba en tal guisa. El Gobierno, con más ministros que nunca, es el menos homogéneo de nuestra historia reciente, personajes de distintos partidos y muy diferente trayectoria, formación, ideología y peso real de su nueva responsabilidad, vienen a formar equipo en un alarde de desahogo deliberado del presidente Sánchez. No obstante, todos fueron dóciles y convencionales el día de la asunción expresa de su compromiso gubernamental, con corbata o sin ella o con el pin del triángulo rojo invertido de Iglesias y Garzón, que ahora causa furor, según parece. No te hacen ministro todos los días…
El primer gobierno social-comunista de Europa Occidental ha arrancado con sus nombramientos y sus primeras declaraciones y anécdotas. Nada especial salvo quizá la hemeroteca de algún nombrado, como Beatriz Jimeno, ciertamente radical, y la renuncia de una posible responsable que se describió con extravagancia a sí misma como “racializada” por ser blanca. Son sucesos menores que no dejan estupefacto al auditorio porque la expectativa es mucho mayor y es muy posible que no decepcionen a un público, en parte, realmente aterrado. Claro que ciertas polémicas vienen arrastradas por ministros socialistas. A la intervención económica de Andalucía por causas generadas por su anterior gobierno, cuando la ministra Montero era la Consejera de Hacienda, algo éticamente reprobable y hasta vergonzoso, se viene a unir ahora esto del “pin parental”. En la Comunidad Murciana se aprobó una disposición –a instancias de Vox, aunque esto es lo de menos- que, con este nombre curioso, viene a reconocer el derecho a de los padres a poner coto en la enseñanza o divulgación hacia sus hijos de cuestiones o doctrinas ideológicas que no concuerden con sus planteamientos. La ministra Celáa, que ya enseñó la patita en alguna cuestión con la Enseñanza Concertada -dejando un sabor de regodeo algo totalitario-, ha salido hablando de la preminencia del estado y de la supuesta facultad de éste para imponer sus “verdades” y ha anunciado que llevará a los tribunales este asunto. Curiosa manera de desjudicializar la política, claro que el propósito confeso de este gobierno es –por ejemplo- no recurrir las embajadas catalanas y poner al estado en postura genuflexa allá donde lo exija el guion de la negociación secreta que tuvo con Esquerra.
Ante el accidentado nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, cuya principal característica es la ausencia de independencia hasta puramente formal, los analistas se preguntan por cuántos encargos tiene de Pedro Sánchez y cuáles son éstos. Queda mucho que ver, aunque no se trate de horizontes apocalípticos, y Sánchez no suele mantener su palabra ni es famoso por sus límites ni por sus escrúpulos. Ello, entre otras más cuestiones y concursos, da más incertidumbre a las posibles acciones u omisiones de este gobierno que a ningún otro en el pasado. Es doloroso que los acontecimientos y las declaraciones hagan dudar de si en el Parlamento Europeo los socialistas españoles mantendrán su postura favorable a la concesión del suplicatorio para los golpistas Puigdemont y Comin, que ha pedido el Tribunal Supremo español. Si el PSOE votara en contra de que estos huidos de la justicia sean juzgados por los tribunales en España, estaría en contra de las instituciones democráticas españolas y asumiría una responsabilidad política realmente muy grave. En cualquier caso, la actuación de este gobierno y del principal partido que lo sustenta es manifiestamente mejorable, terrible es también el anuncio de una consulta en Cataluña –sólo en Cataluña- sobre la autodeterminación. No existe tal derecho, la soberanía es de toda España, de todos los españoles, y la celebración de este referéndum será un precedente lamentable de consecuencias desconocidas.
Hay mucho por hacer y una parte de ello realmente delicado. Si no se gobierna atendiendo a la democracia y a la ley será un atropello a la inmensa mayoría de los españoles y su reproche público, político, institucional y jurídico, quedará –esto sí- para siempre en la historia, porque esto no es un juego.
