Por José Alsina Calvés
El mal llamado “pin parental” está provocando polémica, y muchos nervios entre los pijo- progres que nos gobiernan. Y digo mal llamado porque su auténtico nombre es “patria potestad” que no es la propiedad de los hijos por parte de los padres (como dice esta indocumentada que soportamos como ministra de Educación), sino el derecho y el deber de los padres de velar por la educación de sus hijos, de acuerdo a sus propias ideas y principios (no van a ser los del vecino). Patria potestad, por otra parte, que está reconocida, no solamente en la Constitución, sino también en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por respeto a este principio, la religión católica que se imparte en los centros públicos, es voluntaria.
Algunas “miembras” y “cargas públicas” del recién estrenado gobierno pijo- progre se han puesto muy nerviosas con el tema, y han soltado más tonterías y mentiras que de costumbre. En algunos casos las mentiras son fruto de la ignorancia. En el caso de la ministra Celaá, que ha sido catedrática de instituto, no se puede hablar de ignorancia, sino de mentiras conscientes.
El derecho de control de los padres no se refiere a asignaturas ni a actividades evaluables. Nadie habla de que los padres puedan vetar la asistencia de sus hijos a clases de matemáticas o de historia. Se refiere a actividades complementarias (charlas, talleres) que pueden realizarse en horas de tutoría o con alteraciones puntuales del horario normal del centro.
Es obvio que estas actividades no son siempre adoctrinadoras. Pueden versar sobre drogas, alimentación o seguridad viaria. Pero también es cierto que el adoctrinamiento LGTBI o la ideología de género se cuela en estas actividades. Y lo que también es cierto (y lo avalo con mi experiencia de 32 años en la enseñanza pública) es que estas actividades están siempre externalizadas, no las imparten profesores del centro sino personal externo, y, muchas veces, su nivel académico deja mucho que desear.
La izquierda pijo- progre lleva años destrozando la enseñanza en España (y la derechona liberal lleva años sin hacer nada para evitarlo). Todo empezó con la LOGSE. Han rebajado niveles, despreciado el conocimiento, han humillado al profesorado despojándole de autoridad, se han cargado la libertad de cátedra, han rebajado, hasta lo esperpéntico, las condiciones para ingresar a los cuerpos docentes… y a la enseñanza privada la han controlado con el caramelo envenenado de los conciertos.
Con esta polémica se ponen en evidencia. Lo único que les interesa de los centros docentes es que sean instrumentos de “la lucha contra el machismo” y “la educación en la diversidad”. Cualquier posición contraria es estigmatizada y criminalizada. Se arrogan el derecho a tener la “verdad absoluta” contra la cual no cabe oposición.
De todo ello podemos sacar diversas conclusiones.
La primera es que hay que plantear la batalla en el terreno ideológico y de las ideas.
La segunda es que hay que ir mucho más allá. No hay que conformarse con la patria potestad: hay que expulsar de los centros docentes los discursos adoctrinadores y anticientíficos.
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La tercera es que la recuperación de las competencias en educación por parte del gobierno central no es garantía de nada.
La última se refiera a la posición del PP ¿Apoyaría el “pin parental” si no necesitara los votos de Vox para aprobar los presupuestos? ¿Se acuerdan cuando la cleptómana y compramasters Cifuentes impuso charlas LGTBI en los institutos madrileños? ¿además de la “veleta naranja” tenemos también una “veleta azul”?
