El actual ejecutivo argentino, comandado por el social-comunista Alberto Fernández (títere de Cristina Fernández de Kirchner), ha anunciado la promoción de una ley que persiga penalmente a quienes cuestionen la narrativa izquierdista acerca de la dictadura militar de Jorge Rafael Videla y determinados sucesores (entre 1976 y 1983).

Según afirman, uno de los motivos de la proposición en cuestión sería la excusa de prevención del negacionismo de los asesinatos que se pudieran haber perpetrado durante la misma. Existe un debate en torno a las cifras de víctimas desaparecidas: hay quienes cuestionan que el total real de víctimas fuera de 30.000 (tal y como estipula la izquierda).

En relación a ello, surgió una polémica de modo que ayer, día 6 de febrero, se suscitó un debate en redes sociales sobre este proyecto (similar a las normativas de Estados como el galo y el teutón, que prohíben la revisión de la versión oficial sobre el Holocausto nazi). En la red social Twitter, durante varias horas, el hashtag #NoFueron30Mil se convirtió en trending topic.

Al debate se sumaron diversas voces activistas e intelectuales de las derechas del otrora Virreinato de Río de la Plata. De todas estas, cabe destacar, por ejemplo, la valoración hecha, a través de un corto vídeo, por el politólogo Agustín Laje, quien expuso unos datos que vienen a ser oficiales (curiosamente) así como más precisos.