Las manifestaciones y protestas de parte del sector agrícola (en gran medida, bastante canalizadas por asociaciones y sindicatos que bien son de izquierdas o, sin más, están vinculados al régimen de partidos del 78″) siguen abarcando titulares de actualidad política y económica en España.
Todo hasta el punto de que, el próximo martes día 18 de febrero, habrá cortes de tráfico (con la excepción de los servicios de emergencia) en varios tramos viales de la región de Extremadura (entre estos, dos tramos de la A-66). Hablamos de protestas convocadas por ASAJA (ente vinculado al PP), con el respaldo de COAG y de UPA-UCE (más afín al PSOE).
Mientras tanto, sigue habiendo alguna que otra reacción en el plano político-partidista. El ejecutivo nacional, ese mismo contra cuyo ministro de Agricultura hubo protestas a finales del pasado mes de enero en las inmediaciones de la Institución Ferial de Extremadura -FEVAL-, de Don Benito (Badajoz), cuando se celebraba la feria AGROEXPO).
Este viernes, tras la reunión mantenida por Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, vicepresidente y ministra de Trabajo respectivamente, con sindicatos agrícolas (habiendo excluido a las asociaciones ASAJA, COAG y UPA-UCE), se ha acordado reducir el número de peonadas necesarias para el cobro del subsidio del Plan de Empleo Rural (PER), pasando de 35 a 20.
Hablamos de otro plan estatal de empleo cuyos principales beneficiarios son desempleados extremeños y andaluces (establecido en 1986 por el gobierno de España, cuando gobernaba el socialista Felipe González). En función de las llamadas «peonadas» (parámetro de medida de sesiones de trabajo agrario), se concede un subsidio de desempleo, sin ninguna clase de incentivo para la búsqueda de empleo.
De este modo, observamos cómo se refuerza uno de los factores que convierten a Extremadura y Andalucía en dos de las regiones españolas con mayores tasas de desempleo de España y de Europa (aparte de que los gobiernos autonómicos de estos territorios mantienen una elevada presión burocrática y fiscal, que complica más la creación de nuevos puestos de trabajo).
Por otro lado, en regiones como Castilla y León y Extremadura (según informan diarios como La Vanguardia y Extremadura @ctiva), los grupos parlamentarios vinculados a la formación comunista de Pablo Iglesias están instando al establecimiento, por vía legislativo-normativa, de precios mínimos en las fases de producción-origen y venta de los productos agrícolas.
La medida se saltaría por completo algunas de las fases de la cadena de los productos alimentarios (algo que incluso el mismo Estado español reconoce en sus informes, no siendo, por lo tanto, una apreciación particular de determinadas escuelas económicas), a la que ya se aplican varios tipos impositivos, con alguna que otra repercusión (por ejemplo, el IVA y el IRPF).
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Así pues, con estas consideraciones, quienes ocupan determinadas esferas políticas (ostentando suficiente poder) están dispuestos a no revertir esa clase de políticas que está ahogando al sector agrícola (impidiéndole innovar y prosperar).
