Las autoridades marroquíes se negaron a hablar con el personal del Consulado de España en Casablanca cuando se interesó por la abogada española Ana Sebastián Gascón, que viajó a El Aaiún como observadora del Consejo General de la Abogacía Española para asistir al juicio de un activista y preso político saharaui y fue expulsada de la capital del Sáhara Occidental.
La abogada llegó a El Aaiún el 25 de febrero sobre las 20 horas para ir al día siguiente al juicio contra Jatri Farachi Dadda, detenido el 24 de diciembre de 2019 en la ciudad de Smara por participar en una manifestación pacífica por la autodeterminación del Sáhara Occidental; tres días después fue trasladado a la cárcel Negra en El Aaiún y el juicio debía haberse celebrado ante el Tribunal Penal marroquí de El Aaiún, pero fue aplazado.
Ana Sebastián fue interceptada nada más salir del avión en el que llegó a El Aaiún por seis policías, que reclamaron su documentación y obligaron a ir con ellos a la sala de salidas. Después de media hora fue introducida en un avión con destino a Casablanca, desde donde llegó a la capital del Sáhara Occidental.
Según relató la letrada a Contramutis ya en Madrid, en El Aaiún los agentes no se identificaron ni dieron explicación alguna y a sus preguntas respondían que no hablaban español, llegando en una ocasión a gritar, produciéndose una tensa situación.
En el avión de regreso fue situada en la parte trasera y en Casablanca fue recogida por varios policías e introducida en un coche, con nuevas negativas a dar explicaciones.
A pesar de la oposición de la policía, Ana Sebastián llamó por teléfono al Consulado español en Casablanca y una mujer de emergencias consulares quiso hablar con los agentes, a lo que estos se negaron; a través del altavoz del teléfono, se dirigió a ellos en árabe, pero no hicieron el mínino caso.
El Cónsul de España en Casablanca, Alberto Carnero, llamó después a la abogada: “Me dijo que lo sentía mucho, que no se podía desplazar hasta el aeropuerto, que habían llamado a la policía y que no les dieron información, solo confirmaron que estaba allí y que había un problema”.
Ana Sebastián pasó la noche en una habitación sin cerrojo de un hotel situado en el mismo aeropuerto, vigilada por la policía y a las 7 de la mañana los agentes abrieron la puerta sin llamar para preguntar si necesitaba algo; a las 9 fue llevada a un avión con destino a Madrid.
Antes de partir el Cónsul General volvió a llamar a la abogada para preguntar como había pasado la noche y “disculparse por lo que había sucedido y que se alegraba de que estuviese más o menos resuelto con la vuelta a Madrid”.
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Esta es la segunda expulsión del Sahara Occidental padecida por Ana Sebastián; la anterior fue el 30 de agosto de 2018, junto con el abogado Pablo Jiménez, cuando acudieron al juicio contra el activista saharaui El Fak Jalihenna, pero no les permitieron descender del avión en el que llegaron.
En abril de 2019 la letrada acudió a la Capital del Sáhara Occidental a otro juicio y en esa ocasión no tuvo problemas para entrar.
Con motivo de la primera expulsión, Ana Sebastián y Pablo Jiménez, del Colegio de Abogados de Zaragoza, escribieron que impedir las misiones de observación jurídica internacional “constituye una actuación ilegítima” por parte de las autoridades marroquíes al suponer una vulneración del derecho fundamental a un juicio justo, evidenciando la voluntad de “no permitir testigos del modo en que se enjuicia a los activistas saharauis”.
