Pedro Sánchez los aborrece y los considera como los custodios de la memoria del odiado «dictador», el general Francisco Franco. ¿A quién nos referimos? A los religiosos del Valle de los Caídos: monjes benedictinos pertenecientes a la Congregación de Solesmes, cuya vocación es pasar el día en oración, trabajo y recibiendo a los peregrinos.
El gobierno español está decidido a expulsar a los religiosos del santuario. Para lograr esto, la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, está trabajando arduamente, y con un celo inusual, en un proyecto de ley cuyo objetivo es derogar todos los decretos que han regido desde 1957 el estatuto de la Abadía de la Santa Cruz de los Caídos.
Pedro Sánchez, por su parte, afirmó que su intención no es limpiar el lugar de toda presencia católica, sino encontrar una «alternativa» a la gestión actual del Valle de los Caídos, en colaboración con el Cardenal Arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro Sierra, un prelado con una actitud bastante complaciente hacia el gobierno.
El poder ejecutivo tiene previsto aprobar la nueva norma antes del verano. Los días de los Benedictinos en el Valle de los Caídos están contados.
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