La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid tendrá que decidir si prohíbe o no la primera manifestación convocada durante el estado de alarma, precisamente para protestar contra la gestión del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos ante la epidemia de coronavirus, pues La Falange, respetando absolutamente la legalidad actual, ha solicitado como marca la ley autorización para ejercer su derecho constitucional a manifestarse.

La convocatoria de una marcha para el 2 de mayo en la ciudad de Madrid, es ya un hecho, y ahora corresponde a la Delegación de Gobierno respetar o no las libertades civiles

“Concentración 2 de mayo a las 12h. ¡No nos callarán! Por nuestros muertos!”, se puede leer en el cartel de la convocatoria que este partido está haciendo circular ya entre sus simpatizantes, justificando la convocatoria en “el tratamiento a nuestros muertos, la incompetencia y la falta de rigor de este Gobierno merecen una respuesta frontal de la sociedad española”.

La marcha comenzará en el Monumento a los Caídos por España, que se encuentra entre la Plaza de Cánovas del Castillo (Neptuno) y la Plaza de Cibeles, y tras realizar un acto en homenaje a los miles de fallecidos por el coronavirus en España, La Falange pretende manifestarse por el Paseo del Prado hasta llegar ante el Ministerio de Sanidad, para protestar ante el departamento de Salvador Illa precisamente por la gestión que está haciendo de esta emergencia sanitaria.

La consigna de La Falange es acudir con una bandera de España con crespón negro, en señal de luto por los fallecidos.

Ante las dudas que han surgido a razón de la petición la Falange a emitido un comunicado al que ha tenido acceso Tradición Viva en el que manifiestan que la formación política siempre ha actuado conforme a la legalidad vigente a la hora de desarrollar sus actos y manifestaciones, informando a la delegación del gobierno.

En su comunicado igualmente recuerdan que el estado de alarma tal y como está recogido en la ley orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio no permite al gobierno la suspensión del derecho fundamental de reunión recogido en el Art.21 de la Constitución Española.

Reconocen igualmente que es cierto que el apartado segundo del citado artículo prevé que la autoridad competente podrá prohibirlas cuando existan razones que supongan un
riesgo para las personas y bienes, pero que puesto que la posición oficial del gobierno es que la manifestación del día 8 de marzo no supuso un factor determinante para la propagación del virus, no entienden de qué manera puede suponer un riesgo para las personas la concentración en la forma propuesta por La Falange, en la cual, como se indica a la Delegación del Gobierno en la comunicación remitida, se cumplirán todos los requisitos de higiene y prevención de contagio que desde las instituciones se han considerado suficientes para la propagación del virus en lugares públicos (como supermercados, farmacias o transporte público).
La Falange garantiza que su servicio de orden estará encargado únicamente de estas medidas de seguridad a la hora de repartir guantes y mascarillas a todos los asistentes así como de asegurar que se cumpla la distancia de seguridad de 2 metros entre los manifestantes.

Igualmente manifiestan entender la preocupación que pueda producir un acto como
este en la situación que estamos, pero precisamente por ello que comprendiendo la extrema gravedad del momento que atravesamos, tienen que manifestar su rechazo ante la dejación de funciones de este Gobierno, más preocupado por lavar su imagen y minimizar las críticas
que de dotar de equipos de protección individual homologados y efectivos a nuestro personal sanitario así como a todos los trabajadores que siguen en sus puestos de trabajo exponiéndose al virus.

Por tanto manifiestan no poder tolerar que se les impida ejercer su legítimo derecho de crítica a este gobierno que desampara a la población más vulnerable como son en el ámbito de la salud los ancianos y en el ámbito económico la clase trabajadora. En conclusión consideran una obligación manifestarnos contra la pésima gestión del gobierno que desampara sistemáticamente a los ciudadanos ante las consecuencias tanto humanas como económicas de este caos en el que nos han sumido.

Igualmente, manifiestan que en caso de denegación de su derecho, acudirán a los Tribunales, teniendo que resolver sobre la convocatoria el Tribunal Superior de Justicia.

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En su comunicado manifiestan igualmente que «hay que levantar la voz y salir a las calles a decirles que NO NOS CALLARÁN y que NO NOS PARARÁN, por mucho que intenten utilizar el aparato represivo de este nuevo Estado Bolivariano en el que quieren convertir España.
Vamos a reivindicar la LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO DE REUNIÓN DURANTE este ESTADO DE ALARMA, que de hecho se han saltado a la torera para reprimir de forma ilegal a quienes todavía creemos que hay que acabar con este puñetero sistema liberal, burgués y monárquico, cuya máxima expresión es el Estado de las Autonomias que ha mostrado en esta crisis, su verdadera cara egoísta, inútil e insolidaria.»

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