Las ayudas a los autónomos se gestionan privadamente

El pasado viernes la noticia era que más de 900.000 autónomos recibían la prestación por cese de actividad, sin embargo el Ministerio de Trabajo ocultó que esas ayudas no son gestionadas por funcionarios, ni por la administración pública, sino que son gestionadas por Mutuas de Accidentes de Trabajo, mutuas de gestión privada.

El número de autónomos que recibieron el pasado viernes la prestación extraordinaria por cese de actividad, ascendió a 919.173, por un importe total de 670,9 millones de euros, según anució el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (con datos proporcionados por AMAT, la asociación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo), aunque la cifra no será la definitiva, puesto que a las Mutuas de Accidentes de Trabajo les siguen llegado nuevas solicitudes de prestación que están gestionando debidamente.

La clave del éxito en la gestión de la prestación extraordinaria por cese de actividad se debe a que su gestión ha correspondido íntegramente a las Mutuas de Accidentes de Trabajo, y precisamente la gestión privada de las mismas ha permitido flexibilizar los horarios de los trabajadores de la propia mutua, la alta dedicación de los equipos de gestión de las diferentes mutuas (que no son funcionarios), y la eficiente administración de los recursos humanos por parte de la diferentes direcciones generales de las mutuas, que ha permitido dedicar a la gestión de esta prestación extraordinaria tanto a directivos, como a empleados destinados a otras funciones hasta la irrupción de la pandemia del coronavirus.

Esta prestación extraordinaria, que exclusivamente gestionan las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, tiene una duración de un mes, con la posibilidad de ampliarse hasta el último día del mes que finalice el estado de alarma. El periodo en que se perciba, además, se considera como cotizado de cara a la Seguridad Social y no computará para las prestaciones que se puedan recibir en el futuro.

Hasta la fecha son numerosas las felicitaciones que han recibido las Mutuas por parte de las organizaciones de autónomos, dado que parecía difícil pensar que se pudieran tramitar casi un millón de solicitudes en poco más de 15 días, teniendo en consideración que los trabajadores de las Mutuas sufrieron los recortes salariales del Gobierno de Zapatero (perdida de un 5% de su salario, pérdida de una paga extra, congelación salarial durante años, y limitaciones en la contratación), y que algunos cálculos consideran que los empleados de las mutuas han perdió casi un 20 % de su poder adquisitivo en los últimos diez años debido a las políticas de recortes presupuestarios dirigidas por el Ministerio de Trabajo.

Los ERTE no se pagan, no fluyen los créditos, y las empleadas de hogar esperan sentadas

Sin embargo, la administración pública ha demostrada su incapacidad para adaptarse a las necesidades de los ciudadanos, pues el colapso administrativo por la oleada de solicitudes y la burocracia ralentizan el desembolso de subsidios y liquidez a trabajadores, pymes y autónomos

Este tipo de prestaciones y ayudas son gestionadas directamente por la administración pública, y nuestros gestores públicos han sido incapaces de arbitrar las medidas necesarias para incrementar en un época de crisis la capacidad de gestión de la administración. El «escudo social» contra la crisis que Pablo Iglesias y su Gobierno repiten como un mantra, hace aguas debido a la mala gestión de los ministerios, y muy especialmente debido a la nefasta gestión del Ministerio de Trabajo, encabezado por la podemita Yolanda Díaz.

El vicepresidente segundo decía ayer en el Senado que las medidas puestas en marcha «no tienen precedentes» y que es preciso «blindar» los derechos sociales como cuarto pilar del Estado de Bienestar, sin embargo ocultó que su nefasta gestión retrasará la prestación de dichas ayudas, y que es posible que al final de la pandemia miles de ciudadanos y empresas se queden sin percibir las ayudas, con los negocios cerrados, y el empleo destruido.

Sin que las ayudas actualmente aprobadas estén llegado efectivamente a los ciudadanos ayer el Consejo de Ministros aprobaba una nueva batería de medidas, que aumentarán el colapso de la Administración y la maraña burocrática dado que el gobierno sigue improvisando y en lugar de haber aprobado un gran paquete de medidas económicas y sociales, prefiere ir parcheando dictando nuevas normas todas las semanas, que en multitud de ocasiones modifican las normas ya aprobadas en semanas pasadas. Los juristas han manifestado su descontento, pues el actual gobierno está legislando de forma impulsiva, con continuas rectificaciones, y con grandes deficiencias técnicas.

La realidad cruel de la situación actual es que gran parte de los casi 5 millones de ciudadanos que tenían que haber percibido algún tipo de ayuda siguen esperando por la deficiente gestión administrativa.

Por la visto la gestión privada de las Mutuas si fue capaz de gestionar 900.000 expedientes, pero la administración pública no es capaz de gestionar algo más de 450.000 expedientes temporales que afectan a cerca de tres millones de trabajadores.

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Ya sabemos que los trabajadores incluidos en un ERTE a causa del coronavirus cobrarán (los que cobren) en mayo, cuando tenían que haber cobrado en abril. La idea del Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz es que se pueda percibir tanto lo correspondiente a la segunda mitad de marzo como el paro de abril antes del 10 de mayo, probablemente el mismo día 2, primera fecha laborable del mes, a través de un acuerdo con los bancos, sin embargo, tanto trabajadores como empresas dudan que el Ministerio pueda cumplir con dichos plazos, plazos que además demuestran la mala gestión por parte de la administración pública.

El gobierno sigue empeñado en expropiaciones comunistas

A pesar de la deficiente gestión de la crisis por parte de nuestros representantes políticos, y a pesar de la demostrada incapacidad de la administración pública para gestionar en forma y plazo las ayudas públicas aprobadas, sin embargo, el equipo de Pedro Sánchez sigue en su intención de aplicar medidas comunistas y bolivarianas y hacerse con el poder de empresas e iniciativas privadas.

Tanto Pedro Sánchez, como Pablo Iglesias, están argumentado la necesidad de socializar empresas y sectores estratégicos para poder implantar medidas de apoyo social, sin embargo la realidad nos enseña que la gestión pública ha sido ineficaz, por lo que es necesario trabajar precisamente en la línea contraria: limitar el poder de nuestros gestores públicos, y limitar la expansión de la gestión pública a sectores estratégicos.

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