Desde que el virus Sars-Cov-2, origen de la enfermedad COVID-19, llegó a España a mediados del pasado mes de enero, una sucesión de luctuosos acontecimientos ha venido a entristecernos y ensombrecer el futuro de la mayor parte de los españoles.

Entre los efectos destructivos de la pandemia, para España y sus residentes, destacan dos: los vitales y sanitarios, y los económicos.

En cuanto a los primeros, la desastrosa gestión de nuestro gobierno, extemporánea por una parte e inadecuada por otra, está produciendo un número de lesionados y fallecidos, cuya cuantificación real tardaremos en conocer, y que nos coloca a la cabeza de la estadística comparativa mundial, a pesar de la magnificencia de nuestro sistema sanitario, de entre los mejores del mundo, a decir presuntuosamente por todos los políticos que han participado en tareas de gobierno.

En cuanto a los efectos económicos, visto ello sin apasionamiento político y exclusivamente con criterios de sensatez y racionalidad, las innumerables medidas adoptadas al amparo del estado de alarma decretado, han producido una detención de la actividad productiva y comercial durante dos meses, lo que supone una disminución en los ingresos de las personas y empresas, de cerca de 160.000 millones de euros.

Sin necesidad de sesudos estudios económicos, el resultado final de todo ello será el desembarco de todos nosotros en un escenario dantesco que, en última instancia, nos sumirá a la mayoría de los españoles en un estado de extremada pobreza.

De la misma manera que la actuación del gobierno de España en lo sanitario resulta execrable, las raquíticas medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo, durante el estado de alarma, rayan la ridiculez y además son de imposible cumplimiento.

Ante las desafortunadas actuaciones del Gobierno en la gestión de la crisis sanitaria, surgió un movimiento ciudadano, con la denominación “El día después…”, que busca aglutinar a todas aquellas personas y entidades residentes en España, a fin de fortalecer nuestra participación en la minimización de estas consecuencias sanitarias y económicas.

En cuanto a las consecuencias sanitarias, esta iniciativa ha preparado una querella contra los 23 integrantes del Consejo de Ministros, a los que consideramos autores de miles de homicidios imprudentes, con la presencia como querellantes de un elevadísimo número de familiares de víctimas, cuyo devenir se recoge en una de las páginas del sitio.

En cuanto a lo económico, vista la errática trayectoria del gobierno de España, y los conflictos de intereses que, aparentemente, rigen la de los partidos opositores, esta iniciativa ha convocado una unión de personas, empresas y entidades que, por su magnitud, consiga imponer al gobierno la adopción de medidas adecuadas a la situación real.

Esta unión solamente puede alcanzarse si todos nosotros prescindimos de ideas partidistas y, sencillamente, recurrimos a criterios de sensatez y racionalidad.

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Cada día que transcurre sin adoptar medidas económicas que, a medio y largo plazo, produzcan una inversión en la pendiente descendiente de la situación económica, seguirá produciendose un agravamiento inercial en esta situación.

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