Esta semana, el Congreso de los Diputados no solo votará la «supuesta última» prórroga de aplicación del decreto de Estado de Alarma (bajo el pretexto de «combate del virus»), sino una nueva medida, que supone una medida más del asistencialismo del Bienestar del Estado español.

Hablamos del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una «propuesta estrella» de la coalición frentepopulista (cuyo socio morado preferiría ir más allá e implementar una «renta básica universal» sin ningún criterio «discriminatorio») que, complementando algunas prestaciones de gobierno autonómicos, se aprobó, en el Consejo de Ministros, la semana pasada.

La medida, que supondría, como mínimo, unos tres mil millones de euros, concediéndose subsidios de entre 462 y 1015 euros en función de los descendientes a cargo y de los ingresos recibidos en el ejercicio anterior (año 2019). Para ello deberás tener entre 25 y 65 años y no superar la mitad de ingresos de 2019 (o no superar cierto unmbral).

Ahora bien, teniendo en cuenta que el Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, mantenía ciertas cautelas respecto a la medida, también es preciso advertir que la deuda pública española supera el 99% del PIB mientras que la presión fiscal ha vuelto a crecer, superando el 35%.

A su vez, según los datos hoy publicados por el ministerio al que pertenece Escrivá, el total de desempleados ha alcanzado una cifra de 3.857.776 damnificados (pese a que, tras el comienzo progresivo de la llamada «desescalada», la afiliación media a la Seguridad Social habría aumentado en 97.462 personas).

Por lo tanto, a la vista de estas precisiones macroeconómicas, es conveniente alertar sobre la inviabilidad de este enésimo subsidio, parte del estatismo que nos acecha. No obstante, no es propósito de este artículo incurrir en cálculos matemáticos, sino en abordar esa necesaria, pero a veces olvidada, disertación moral.

Lo más digno es permitir prosperar al hombre, no esclavizarlo

Todos podemos estar de acuerdo en que cuando una persona está atravesando diversas dificultades económicas que le impidan llegar a fin de mes y sostener a sus descendientes, conviene ayudarla. No existe ninguna legitimación moral para dejar a nadie abandonado a su suerte, como si no tuviera dignidad alguna.

De hecho, estamos llamados a participar siempre que sea necesario en acciones basadas en la máxima de la entrega al prójimo, a los demás. La solidaridad que hemos de practicar como individuos forma parte tanto de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) como de otras enseñanzas primordiales para cualquier católico.

Pero el problema del IMV no es ni únicamente utilitarista así como tampoco una mera discusión sobre programas políticos de facciones partitocráticas. Nuestra discusión no será, para nada, la misma en la que participan partidos como el PP y VOX respecto a este subsidio (aunque no por ello dejemos de advertir sobre el peligro dictatorial de Moncloa).

La medida tiene unas consecuencias tanto económicas como socio-morales que habrían sido impensables si, en su momento, no se hubiera dado lugar a la progresiva erosión de los cuerpos intermedios (la solidaridad es un corolario de la subsidiariedad, otro principio católico) en beneficio del hipertrofiado y problemático Estado moderno.

Por todo ello, se acaba restando importancia y reconocimiento a la dignidad humana de la persona, en tanto que, bajo cierta ingeniería social político-económica, se le hace ver con buenos ojos cierta sumisión a un entramado burocrático, a la par que se le pone trabas para su desarrollo y contribución al florecimiento de la sociedad (bien común).

El estatismo destaca por el progresivo estrangulamiento de la sociedad

El Bienestar del Estado no deja de estrangular a la sociedad, privándola cada vez de más y más competencias. Esta se ve con un margen de maniobra mucho menor así como con menores oportunidades de prosperar, en tanto que pueda ser fértil y floreciente (por lo tanto, se está atentando contra el «bien común»).

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Al mismo tiempo, la creación de una empresa (por muy benévolos que puedan ser los fines y objetivos de la misma) se enfrenta a una compleja maraña burocrática, habiendo de pagarse elevados costes fiscales (cotizaciones elevadas, impuestos energéticos, IRPF…).

Por esta razón, también, muchas empresas tienen complicaciones para hacer determinadas contrataciones, debido tanto a la carga fiscal como a las regulaciones artificiales del salario (simplemente resultantes del arbitrio de un burócrata que suele vivir alejado de la más absoluta realidad económica).

Recordemos además que, prácticamente, la mitad de nuestras nóminas mensuales es perdida a favor del Estado, lo cual no solo supone una mayor coacción para costear subvenciones y servicios que pueden no convencernos, sino un menoscabo de la capacidad de ahorro y planificación de las propias familias.

Por lo tanto, en pro de una buena causa de entrega al prójimo, habrá que reivindicar dos cosas: reducción drástica del gasto estatal, la presión fiscal y las trabas burocráticas (para facilitar la prosperidad económica), y, por otro lado, importancia de los cuerpos intermedios (comunidades, asociaciones, Iglesia…) y participación en estos para ayudar a desfavorecidos.

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