El Instituto Ordo Iuris (centro jurídico católico polaco) ha presentado esta mañana, en una rueda de prensa de transmisión virtual, la campaña internacional Stop Gender, Stand for the Family.
Las noticias sobre los planes de adopción de la Convención del Consejo de Europa sobre la prevención y el combate de la violencia contra la mujer y la violencia doméstica por parte de toda la Unión Europea son muy preocupantes.
No cabe duda de que este documento extremadamente ideológico no solo contiene herramientas efectivas para combatir la violencia, pero también introduce numerosas regulaciones peligrosas que todos los Estados miembros tendrán que aplicar una vez que la Convención se adopte en la Unión Europea.
La Convención ataca directamente al matrimonio tradicional y su modelo de familia, considerándolo como un origen de violencia. Al mismo tiempo, ignora, completamente, las causas objetivas de este fenómeno, como la adicción al alcohol. Este modelo de combate de la violencia que se ha propuesto en la Convención resultará en una profunda interferencia en la autonomía familiar. En vez de percibirse como la base de una sociedad en funcionamiento, las familias serán consideradas como un potencial hábitat de opresión y violencia.
Además, la Convención impone la ideología de género a los Estado miembros aboliendo la definición biológica del género, reemplazándola por la interpretación del mismo como un constructo socio-cultural, haciendo de manera efectiva que el uso de esa definición sea obligatoria en todos los niveles de la política estatal. Este documento también incluye referencias a la “identidad de género” que, en el lenguaje de los activistas radicales, significa la posibilidad de asignar, subjetivamente, el género, en base a los sentimientos de uno mismo.
Bajo la apariencia del combate de la violencia, la Convención también trata de imponer contenido ideológico a los menores. Llama a la introducción de cursos obligatorios sobre los llamados “roles de género no estereotipados” en el currículo de todos los niveles educativos. Esto significa que las escuelas serán forzadas a intentar convencer a los niños de que hay diferentes géneros, orientaciones sexuales y de que uno puede elegir su “identidad de género” -completamente, sin el permiso de sus padres. Por lo tanto, la Convención vulnera los derechos fundamentales de los padres a criar a sus hijos conforme a sus propias creencias.
Pese a que la adopción de la Convención constituiría una violación de las competencias de la Unión Europea (UE), hay varias indicaciones de que la Comisión Europea lo hará de cualquier manera. Los nuevos miembros de la Comisión Europea (incluyendo a la comisaria Helena Dalli) indican que, de hecho, esa es su prioridad.
Una decisión como tal tendrá graves consecuencias, tales como que incluso los países que aún no hubieran ratificado la Convención serán obligados a cumplir con la misma, siendo prácticamente imposible la denuncia de la misma.
Por ello, se ha lanzado esta campaña internacional, en base a una coalición internacional que, en el caso de España, estará representada por el Centro Jurídico Tomás Moro (CJTM), que emprende a su vez una línea de colaboración con esta prestigiosa institución jurídica polaca, reconocida por su loable y aguerrida acción en defensa de la familia, la tradición católica, la libertad de los católicos y la dignidad humana de toda persona.
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Los comisarios de la Unión Europea deben recibir una señal clara de que introducir soluciones extremadamente ideológicas cuyo objetivo sea el desmantelamiento de la familia tradicional bajo la excusa del combate de la violencia contra la mujer es completamente inaceptable. Solo por medio de la voz decisiva de la disidencia expresada por todas las naciones europeas serán capaces de poner fin a los planes de grupos radicales que buscan destruir las estructuras sociales básicas.
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