“El Estado puede definirse como una entidad que ostenta el monopolio de la violencia legítima y los medios de coacción” (Max Weber en La política como vocación)

La Fundación Melior define el poder como la capacidad de producir cambios significativos en el estado de las cosas, directamente o a través de terceros, mediante acciones u omisiones.  En lo que aquí nos importa, el poder público tiene una fuente, la soberanía nacional que se ejerce conforme a la Ley y sirve a un objetivo: el interés general. Así debería ser. Sin embargo, el poder puede ser ilegal, arbitrario y abusivo; en algunas ocasiones estas tres características se suman, fruto de una concepción (política) que admite su servicio a los intereses particulares del gobernante y a los de su partido. Nos encontramos entonces ante un sistema de gobierno cuya autoridad recae sobre una sola persona sin ningún límite: el autócrata, el que gobierna por sí mismo, aunque se rodee de ministros que le ayudan a cumplir sus deseos aunque haya instituciones que se crearon para controlar dicho poder.

Porque quien detenta el poder tiende a reforzar las situaciones que le han permitido alcanzar su posición privilegiada. Protege a capa y espada sus intereses, que a menudo distan mucho de coincidir con el interés general y el bien común. El sociólogo Max Weber[1]  ya advertía de los peligros de la creciente concentración del poder. Y en la misma línea, su discípulo Robert Michels[2] señala que las organizaciones modernas, tanto privadas como públicas, suelen estar bajo el control de reducidos, pero poderosos grupos políticos o financieros. Según Michels, los líderes son elegidos democráticamente pero tienden a integrarse en lo que su colega Charles Wright Mills[3] denominó las “élites del poder”. Estas élites, que se preocupan básicamente de defender sus propios intereses y posiciones, nacen en la sociedad a través de procedimientos legítimos pero entran en un proceso por el cual  se retroalimentan y se vuelven endogámicas. De este modo, el poder se perpetúa a sí mismo y produce, por tanto, más poder. Todo nos indica que, pese a las promesas de democratización de los partidos y de su aparente apertura a la ciudadanía, su voluntad real parece haber consistido en seguir manteniendo el control de las decisiones, pretendiendo, con ese revestimiento participativo, dotarse de mayor legitimidad hacia adentro y hacia afuera.

James Madison, Presidente de los Estados Unidos, escribió: si los hombres fueran ángeles, no serían necesarios ni los controles externos ni los internos, sobre el gobierno (…) Pero como somos humanos, se han  creado una serie de poderes, para intentar controlar los posibles desmanes del que ejerce el poder; como son: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial; sin embargo, estos tres poderes, a menudo, siguen a la larga, controlados por el Gobierno de turno (más o menos, según su respeto a las reglas democráticas). Actualmente, en el Parlamento español se pueden escuchar muy buenos discursos por parte de la oposición, pero no sirven para estimular la votación en conciencia de los diputados, ya que están sujetos a la disciplina de voto que marca el Presidente, el cual lo hace siempre en función de sus propios intereses, no en los de su Partido, mucho menos en los de España, lo que le lleva a pactar hasta con los enemigos de ésta. En cuanto al poder judicial, se ha venido manteniendo un cierto equilibrio entre los dos grandes partidos, pero las últimas decisiones del Ejecutivo han roto el statu quo con el nombramiento de la Fiscal General y la Abogacía, que más parecen ambas Fiscal y Abogado del Gobierno que no del Estado como la ley y su juramento del cargo les obligan.

Algunos españoles tienden a pensar que somos únicos en golfería y podredumbre. En absoluto. El mal de los demás no disminuye el nuestro, pero hay que decir que nada menos que la liberal, igualitaria y fraterna Francia, estuvo inmersa en un claro abuso de poder olvidando todos y cada uno de los tres principios de su lema. Me refiero al escandaloso Affaire Afred Dreyfus, en algunos aspectos comparable al del coronel Pérez de los Cobos. Tampoco es exclusivo de esta época; recordemos brevemente el abuso de poder sufrido durante la II República, denunciado por Niceto Alcalá-Zamora quien ocupara la presidencia del gobierno provisional de la II República y, finalmente, el cargo de presidente de la República Española entre 1931 y 1936.

La Constitución de 1931, concebida por los partidos políticos de izquierda, sin el consenso de un amplio espectro ideológico, bajo la poco democrática premisa de que los republicanos de izquierda siempre controlarían el poder. Algunos artículos buscaban más la revancha que incluir a amplio grupo de españoles en unas reformas, como las agrarias o educativas, que la gran mayoría de la población respaldaba. Niceto Alcalá-Zamora[4] defendía que quitar derechos fundamentales a los cristianos y perseguir a la Iglesia era planear una «Constitución para una guerra civil»: «Han hecho de la República más que una sociedad abierta a la adhesión de todos los españoles, una sociedad estrecha, con número limitado de accionistas y hasta con bonos de privilegio de fundador». Las izquierdas siguen en esta idea.

Para evitar la dispersión de votos a las nuevas elecciones de 1933, la izquierda republicana se presentó en un amplio bloque que incluía al sector mayoritario y revolucionario del PSOE-UGT, el Partido Comunista español, el POUM, el Partido Obrero Unificado Marxista y la república burguesa de Manuel Azaña y compañía. Una alianza «antifascista» (término que entonces –como ahora−hacía referencia a todo tipo de derechas, incluidos partidos de centro) que originalmente se llamó «bloque de izquierdas», pero que pronto asumió el término, acuñado por la Comintern en Moscú, de «Frente Popular», el cualse hizo con el poder en unas elecciones marcadas por la presión en las plazas y las sospechas, confirmadas por el libro «1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular»[5], de las numerosas irregularidades que se produjeron en el recuento de los votos.

En la primera sesión de Cortes posterior, en un gesto a todas luces anticonstitucional, autocrático y traicionero, depusieron a Alcalá-Zamora, acusado de haber disuelto sin justificación las Cortes anteriores. Dos cuestiones a este respecto:

• El Presidente había sido propuesto por el propio Azaña con el fin de neutralizar las primeras reacciones de los católicos, y dar al régimen una apariencia de continuidad moderada, −en palabras del eminente historiador Carlos Seco Serrano, caído recientemente en la “batalla” (Sánchez dixit) del coronavirus−.
• No solo fue un disparate, fue una traición, ya que Azaña y los socialistas habían insistido al presidente para que disolviera el Parlamento.

Pero ya en el 36 la situación se había radicalizado tanto, que no era necesario disimular, ya no necesitaban utilizar a Alcalá-Zamora como coartada. Tres meses después, Largo Caballero, tal como venía proponiendo desde enero, fueron a la guerra civil declarada.[6]

Factor importante en la apropiación del poder absoluto fueron las actuaciones de Max Weber, consultor de la Comisión del Armisticio Alemán para el Tratado de Versalles, encargado de la elaboración del borrador de la Constitución de Weimar (1919) quien, temiendo la propagación de la revolución comunista en Alemania, se decantó a favor de insertar el artículo 48 en la Constitución[7]. Dicho artículo permitía al Presidente del Reich, bajo ciertas circunstancias, adoptar medidas de emergencia. Se entendía que este poder incluía la promulgación de «decretos de emergencia». El texto del artículo no definía exactamente la clase de emergencia que justificaba su uso y no otorgaba al presidente, expresamente, la facultad de dictar legislación, sin embargo, tal poder legislativo estaba implícito. Proyectos rechazados por el Parlamento se convirtieron en ley mediante este procedimiento, algo considerado inadmisible por la doctrina jurídica posterior.

Con estas actuaciones el sistema parlamentario sufrió un severo declive, mientras el Parlamento retrocedía y perdía influencia, el poder ejecutivo aumentaba su poder. Así ocurre en España aunque, naturalmente, no se rige por la Constitución de Weimar, pero el gobierno, en su tendencia al poder autocrático, aquél cuyas acciones y decisiones no están sujetas ni a restricciones legales externas, ni a mecanismos regulativos de control popular (excepto quizás por la amenaza implícita de un golpe de Estado o a una insurrección en masa), aprovechando la pandemia del Covid 19 ha encontrado resortes en nuestra Constitución que le permiten actuar reiteradamente y de manera similar, con el Decreto de Alarma por el que ha tenido a la población secuestrada y amordazada durante tres meses, aún cuando, al decir de muchos juristas, podía haber actuado basándose en disposiciones menos gravosas para el personal y la economía, pero eso sí, no le hubieran permitido gobernar dictatorialmente, es decir, lanzando decreto tras decreto.

Esas acciones dictatoriales se ven reflejadas en los actos abusivos de un poder autocrático, de los que España tiene, de un tiempo a esta parte, muchos ejemplos. Esos actos abusivos son:

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* La persecución por las ideas políticas, culturales y religiosas:

Políticas:

-Se persigue a la oposición[8]  política hasta en el Congreso, se les insulta y amenaza y se anula del Diario de Sesiones, lo que la Presidenta del mismo considere ofensivo o simplemente molesto para el Gobierno, aunque se trate de hechos verídicos constatables en hemerotecas.

Culturales:

-Casi un centenar de periodistas de diversos medios de comunicación han suscrito un manifiesto titulado «La libertad de preguntar» en el que reclaman al Gobierno ruedas de prensa libres y sin control previo, sobre todo en un momento como el actual con la crisis del coronavirus. Y muchos más han perdido su trabajo por no plegarse a ocultar la verdad de cuanto sucede.

Religiosas:

-Se permite que los partidos que conforman el Gobierno de coalición –PSOE, Podemos e Izquierda Unida− ataquen, ante la actitud displicente del poder autocrático, cualquier manifestación religiosa especialmente contra la Iglesia Católica: se ridiculizan las procesiones, se destrozan cruces e imágenes religiosas con gran furia iconoclasta cual talibanes, y se ha perseguido hasta la celebración de Eucaristías aún guardando las normas impuestas, a pesar de que la libertad religiosa es considerada como un derecho fundamental de los ciudadanos.

-Han llegado a presentar en el Congreso una proposición de ley para modificar el artículo 16 de la Ley de la Memoria Histórica para que el Valle de los Caídos en lugar de ser considerado “lugar de culto” sea un “cementerio civil”. Naturalmente, la comunidad religiosa saldría del complejo y la magnífica Basílica, según sus ancestrales costumbres la destruirán.

-La persecución contra la asignatura de religión y los padres que la escogen; la asfixia a los centros de educación concertada, en su mayoría católica, llegando hasta eliminar el criterio de “demanda social”.

-En su abuso de poder, el copresidente que tanto protege su domicilio con multitud de guardias civiles por posibles manifestaciones llegando en su despotismo a prohibir que en ellas se enarbolen banderas nacionales, lanza a sus huestes a hacer un scrache ante el Arzobispado de Valladolid, con megáfono en mano contra la religión, la escuela concertada y a favor del aborto, es decir, los clásicos mensajes insuflados en sus tropas, como ya escribió Orwell en “Rebelión en la granja”.

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-En virtud de ese poder abusivo que ostenta, al tiempo que persigue las celebraciones católicas permite que las de carácter musulmán se celebren hasta en la calle interrumpiendo el tráfico o que puedan desplazarse de su residencia a otra Comunidad para celebrar el Ramadán.

* La coerción política, es otro de los abusos del poder, como bien dijo Max Weber: el Estado es el único que posee la legitimidad de la violencia física legítima, para ello, la usa en infinidad de conflictos sociales, como son las huelgas, manifestaciones, etc.

-Se prohíben manifestaciones, previamente autorizadas, en las que se cumplía con la disposición de distanciamiento y mascarillas, por llevar banderas nacionales, pero se permiten las convocadas desde el Gobierno pidiendo el destronamiento de Felipe VI para protestar por hechos no sucedidos en España, sin percatarse las masas, de la manipulación que sufren. El Gobierno tolera que se incumplan las disposiciones que él mismo ha establecido (quizá solo para los no afines), porque debe obediencia al cártel del Poder absoluto muy interesado en situar a su candidato en lugar preferente de cara a las próximas elecciones presidenciales. Tan dirigidas por el gobierno están las protestas, que teniendo su origen en USA, se termina protestando ante la Comunidad de Madrid, como si ésta fuera culpable o pudiera resolver algo en ese tema, pero mientras, el pueblo deja de preocuparse de los terribles problemas que padece España.

*Discriminación de las Comunidades, para pasar de fase y obtener la compensación económica que le correspondería en una distribución objetiva, temiendo las que dirige la oposición que aquélla se calcule en función de su interés político.

*Las amenazas, la represión, las restricciones de la libertad, impidiendo a los ciudadanos ejercer sus derechos y libertad de expresión, de reunión, manifestación y sindicación (caso de los ciudadanos de uniforme en España),

-Se coarta la libertad de los ciudadanos no afines, impidiéndoles ejercer su derecho a la libertad de expresión, (incluso en lo que parecía disfrutar de mayor libertad, las redes sociales) y de manifestación, incluso las llamadas “caceroladas” desde su propia casa. Últimamente hasta exigen identificación a quienes se manifiestan en la calle del chalet de Iglesias.

-Se aparta y cesa a presentadores de TV, periodistas, escritores y todo aquél que manifieste su disconformidad con la actuación del gobierno.

-Se intenta transmitir la idea de una preparación a un golpe de Estado en el que participan todos aquellos españoles que defendemos la Constitución junto a las fuerzas armadas, policía y guardia civil, cuando el golpe de Estado lo están dando ellos poco a poco, tratando de destruir a España en su camino hacia el comunismo.

* La corrupción política (tan de moda en nuestro país), el afán de lucro, la riqueza, el poder, el nepotismo, la malversación de fondos, los protocolos sin motivo justificado, los regalos, etc. Todo ello causado por una pésima gestión de las compras necesarias por la pandemia, que no sirvieron para facilitar equipos ni a los sanitarios, pero quizás si sirvieron para engrosar algún que otro bolsillo.

-Respecto al nepotismo[9], en tan poco tiempo, han dado muchos ejemplos:

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-El primero, o quizá el más grave, el nombramiento de Fiscal General del Estado a la recientemente cesada como ministra de Justicia con el fin de desjudicializar el conflicto catalán, que se presenta con un perfil diametralmente opuesto al de su antecesora. Segarra, que fue tan respetuosa con las decisiones de sus compañeros que las críticas de algunos sectores le llegaron por no haber conseguido que los fiscales del ‘procés’ incluyeran, siquiera como pena alternativa, la sedición en su acusación contra los líderes independentistas.( La nueva Fiscal, comienza a arreglarlo).

-Sánchez e Iglesias retuercen la ley para enchufar a sus afines como altos cargos sin ser funcionarios, convirtiendo la excepción en norma para acoger sus nombramientos “a dedo”. Hasta 23 directores generales del Gobierno socialcomunista usurpan el puesto que por oposición consiguieron los funcionarios; de ellos, 13 controlados por Unidas Podemos, saltándose la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público del año 2015 que establece de forma taxativa que los nombramientos de directores generales del Gobierno «habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales» y sitúa el nombramiento de no funcionarios como un hecho excepcional. Los cuerpos superiores del Estado ultiman un recurso contra la norma que habilitó dicha excepcionalidad.

-Ábalos coloca a su “guardaespaldas” como consejero de Renfe y a su mujer como ayudante de secretaría con nivel 17 el máximo que podían darle según su formación, ambos en departamentos del Ministerio de Transportes que para eso él es el titular.

-El último episodio de nepotismo conocido es el nombramiento de un amigo de Pedro Sánchez, Ignacio Carnicero, arquitecto y de buen currículum, para una dirección general que el presidente le tenía guardada desde hacía meses. Hay 400 arquitectos del Estado y la asociación que les ampara cree que cumplen los requisitos para la plaza asignada a Iñaki Carnicero, con tan buenos CV como el beneficiado, pero les falta el mayor mérito, ser amigo del líder.

Pero no podemos despistarnos; esto no solo lo hacen por egolatría y abuso de poder,  principal fuente de la maldad y de la corrupción moral, lo hacen por obediencia; obediencia a ese poder superior que busca establecer un solo gobierno mundial[10] al que estarán sometidos todos los estados. Por eso utilizan masas de manifestantes para provocar disturbios y desestabilizar. Aquí, además utilizan, como es propio de los regímenes comunistas, las conocidas “purgas” para desacreditar y anular a personajes a los que presionan para que sus conclusiones no les perjudiquen, como las últimas maniobras de la Fiscal General del Estado[11]. Y sus *purgas van contra miembros importantes de dos pilares fundamentales del Estado: la Judicatura y la Guardia Civil, utilizadas al más puro estilo estalinista. De momento los “purgados”no van a parar a checas ni gulags, solo los destituyen, causando gran polémica por el deshonor que supone la expresión del ministro Grande-Marlaska en la mayoría de los casos: el latiguillo de “pérdida de confianza”. Ejemplos:

-Carmen Tejera, abogada del Estado se negó a suscribir el informe para que el Gobierno en funciones pudiese efectuar las entregas a cuenta de las comunidades autónomas, manifestando así su apoyo a la Fiscalía en la acusación de malversación en el juicio del «procés». El informe lo tuvo que firmar la Abogada General del Estado, Consuelo Castro.

-Edmundo Bal Francés, director del departamento penal de la Abogacía del Estado desde 2002, cargo que con él, adquirió gran reconocimiento entre los miembros de la judicatura. Fue elegido por sus compañeros para presidir la asociación de abogados del Estado, cargo que ocupó hasta hace unos años. Destacaba por su perfil progresista. Fue destituido de abogado del Estado encargado de la causa del ‘procés’ porque  se oponía a la acusación en la causa que conduce el Tribunal Supremo por el delito de sedición, y defendía que debía mantenerse la rebelión en la línea de la Fiscalía. Justicia afirma que el motivo esgrimido ha sido la pérdida de confianza que provocó su negativa a firmar el escrito que se presentó ante el alto tribunal, en el que se descartaba la violencia durante los hechos de hace un año.

Pero si hay un grupo al que tienen interés en desorganizar, es la Guardia Civil pilar básico en el mantenimiento del Estado. Asegura el periodista Carlos Cuesta[12], que el Podemos de Pablo Iglesias está decidido a tumbar el actual esquema de la Guardia Civil, eliminando su ‘naturaleza’ militar y recortando a la vez la independencia que siempre ha tenido el cuerpo con respecto a los políticos. La maniobra, según Cuesta, pasa por unificar la estructura de la Benemérita con la de la Policía Nacional, lo que traería inevitablemente consigo una integración de los mandos. Los oficiales de la Guardia Civil que no optasen por reintegrarse al Ejército, quedarían trufados con los de Policía Nacional. Los puestos clave los  ocuparían policías y no guardias civiles». Sería una reforma tan malhadada como la que Azaña hizo en el ejército en 1931. Saben las tensiones que una reforma así produciría, de ahí la reiteración con que el líder de Podemos, sin fundamento alguno, acusa a VOX de «querer dar un golpe de Estado«. Ellos, paso a paso van provocándolo. Hoy (10/06/2020) hasta en el Parlamento hablan de “justicia patriótica” y de “policía patriótica”. No parece sino que las izquierdas  acusan de lo que añoran: tener una “policía patriótica”, tipo NKVD y sobre todo, a su fuerza política secreta, la Cheká, para lo cual parece postularse algún miembro del grupo como nuevo Dzerhinski.

 Nada más llegar al Ministerio, Grande-Marlaska empezó la demolición destituyendo al

-coronel, Manuel Sánchez Corbí, hijo y nieto de guardia civil. El terrorismo ocupó 30 años de su profesión y tuvo un papel protagonista en la liberación de Ortega Lara. En 2013 accedió a la Unidad Central Operativa (UCO) y puso cara a investigaciones tan mediáticas como la de Diana Quer o el niño Gabriel Cruz. En los últimos años ha ejercido como máximo responsable del instituto armado en las grandes operaciones contra la corrupción, como Taula, Púnica, Lezo o Acuamed. El relevo fulminante de Sánchez Corbí se interpreta como otro paso en esa estrategia de cortocircuitar la independencia de los mandos de la Guardia Civil. Algunas fuentes apuntan que el cese es un pago por los apoyos de Bildu y PNV ya que le tenían ganas después de lo sucedido con el etarra Kepa Urra. Otra “pérdida de confianza” y pase a un puesto “administrativo”.

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-El caso del coronel Pérez de los Cobos Orihuel cesado, según las primeras explicaciones, con la habitual muletilla de la “perdida de confianza”, aunque el motivo real es que el coronel no había informado a sus superiores de los informes que los agentes judiciales habían elevado a la juez del caso, Carmen Rodríguez-Medel[13].

Ante la gran polémica surgida,  se ha dicho que lo fue, debido a una “reestructuración de equipos” tratando de poner sordina al malestar surgido entre los miembros de la Guardia Civil que consideran esto como un cese con deshonor dirigido contra un personaje curtido en la lucha contra el terrorismo en los años más duros, habiendo participado, al parecer, en la liberación de Ortega Lara, episodio todavía recordado con emoción entre los miembros del Cuerpo y que no parecen olvidar tampoco los terroristas seguramente con emoción distinta.

Otros que tampoco olvidan ni perdonan son los catalanes. Fue nombrado coordinador por la Fiscalía para el dispositivo que tenía que impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Entonces era un cargo clave en el Ministerio del Interior que dirigía Juan Ignacio Zoido, donde ocupaba el puesto de director del Gabinete de Coordinación y Estudios, dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad, y para aquellos que le quieren vincular con la derecha, debemos recordar que llegó al Ministerio de la mano de Alfredo Pérez Rubalcaba. De modo que los catalanes no olvidan que su testimonio fue clave para que el Tribunal Supremo condenara a los líderes independentistas, declaración que ratificó en la Audiencia Nacional en el caso contra José Luis Trapero, jefe de los Mossos d’Esquadra durante el 1-O, de quien llegó a decir que lo habría relevado, si además de coordinador hubiera tenido capacidad para ello, debido a la actitud de la policía autonómica a la hora de impedir el referéndum independentista.

Independentistas y etarras se han cobrado la pieza tan deseada a cambio del apoyo a Sánchez para que pueda seguir ocupando la Moncloa, pero éste debe andarse con cuidado, porque ha venido ocurriendo que el comunismo –en el que con tanta seguridad se apoya−, acaba con el socialismo.

De los Cobos queda ahora activo sin destino, a la espera de que se le comunique nuevo desempeño dentro de la Guardia Civil. En el puesto que hasta ahora ocupaba, el Ministerio del Interior ha colocado al teniente coronel David Blanes González. Miembros del Cuerpo se preguntan si no había ningún coronel para sustituirle que han tenido que nombrar para su puesto a un teniente coronel y señalan lo significativo que resulta que el nombrado fuera hasta ahora el máximo responsable de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de la Comunidad, es decir, el jefe que trató de tapar a Ábalos en el Delcygate. ¡Otra factura pagada!

El director adjunto operativo de la Guardia Civil, el teniente general Laurentino Ceña, presentó este martes su dimisión al ministro del Interior tras conocerse la destitución de uno de sus subordinados, el coronel Pérez de los Cobos. El general decidió abandonar su puesto al no ser informado del cese con antelación por sus superiores y entiende el cese de Pérez de los Cobos como una injerencia del poder político en una actuación policial bajo batuta judicial. En el seno de la Guardia Civil se ha recibido esta dimisión con enorme preocupación. No descartan que no sea la única y temen una especie de revuelta contra la postura de Grande-Marlaska.

«Hay gente con mucho poder que actúa por encima del poder»

• [1] Maximilian Karl Emil Weber (Erfurt, 21 de abril de 1864- Munich, 14 de junio de 1920),  fue un filósofo, economista, jurista, historiador, politólogp y sociólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública, con un marcado sentido antipositivista.
• [2] Robert Michels (n. 9  de enero de 1876 en Colonia, m. 2 de mayo de 1936 en Roma) fue unsociólogo y politólogo alemán, especializado en el comportamiento político de las élites intelectuales. Es sobre todo conocido por su libro Los partidos políticos, que contiene una descripción de su «ley de hierro de la oligarquía«: «tanto en autocracia como en democracia siempre gobernará una minoría». La idea básica es que toda organización se vuelve oligárquica.
• [3] Charles Wright Mills (Waco, 1916 – Nyack, 1962) Sociólogo estadounidense. Analizó críticamente la sociedad estadounidense y llegó a ser una de las figuras más eminentes y controvertidas de las ciencias sociales de su país. Trabajó como profesor de Sociología en la Universidad de Maryland (1941-1945), pasando luego a la Columbia University de Nueva York, donde fue nombrado catedrático en 1956.
• [4] (Priego, Córdoba, 1877 – Buenos Aires, 1949) Político español dotado de brillantes dotes oratorias y de una sólida preparación en materias jurídicas y administrativas, destacó muy pronto en el Parlamento». Participó en la política de la Restauración desde las filas del Partido Liberal. Fue subsecretario en el gobierno de Canalejas (1910-1912) y ministro de Fomento (1917) y de la Guerra (1922) en los gobiernos de García Prieto. Tras la proclamación de la Segunda República, ocupó la Presidencia desde 1931 hasta su destitución por las Cortes en 1936. Le sucedió en la presidencia Manuel Azaña.
• [5] Autores: MANUEL ÁLVAREZ TARDIO y  ROBERTO VILLA GARCÍA, Editorial, Espasa.
• [6] En un mitin en Alicante, el Caudillo socialista había proclamado el 19 de enero de 1936:
•    “Quiero decirles a las derechas que si triunfamos colaboraremos con nuestros aliados; pero si triunfan las derechas nuestra labor habrá de ser doble, colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a la guerra civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas, que nosotros lo realizamos” . (El Liberal, de Bilbao, 20 de enero de 1936).  
• [7] Un artículo, el 48 de la Constitución de Weimar, muy facilitador para muchos presidentes, gran instrumento para el poder autocrático, fue utilizado ampliamente. El primer presidente de la República, el socialdemócrata Friedrich Ebert utilizó este poder excepcional en 136 ocasiones, incluso para deponer los gobiernos legítimamente elegidos de Sajonia y Turingia.​  La reforma Emminger de 4 de enero de 1924 abolió el jurado puro en el sistema judicial alemán basándose en dicho artículo; el canciller Heinrich Bruning en 1930 quiso que el Parlamento aprobara la llamada “contribución de emergencia”, pero fue rechazada. La respuesta de Brüning fue acudir a Hindenburg para aprobar su paquete de reformas utilizando un decreto de emergencia. Fue la primera vez que un proyecto rechazado por el parlamento se convirtió en ley mediante este procedimiento.
• [8] Durante la Guerra Civil española (1936-1939) En la jerga popular se hablaba de fascistas y rojos como dos colectivos enfrentados. En los últimos años la palabra facha ha adquirido un nuevo matiz. Así, es un facha todo aquel que es de derechas, liberal o que se proclama como una persona patriota. En la actualidad existen movimientos políticos que se declaran antifascistas y, por lo tanto, los fachas son el enemigo político todos aquellos que disienten de sus ideas.
• [9] El nepotismo es la preferencia que tienen ciertos funcionarios públicos para dar empleos a algunos familiares o amigos, sin importar el mérito para ocupar el cargo, sino su lealtad o alianza.​ En países donde se ejerce el nepotismo, el gobierno es generalmente negativo y su actuación se considera corrupción.
• [10] Robert Hugh Benson:”Señor del Mundo (Lord of the World en el original) es una novela de ciencia ficción distópica, escrita en 1907. Monseñor Benson se centra en el reinado del Anticristo y el fin del mundo. Ha sido recomendada públicamente por personalidades como Joseph Pearce o Benedicto XVI.
• [11] ABC:9/6/2020. Delgado impone a la fiscalía servir al Gobierno rebajando la petición de condena a Trapero y el archivo de la causa contra el Delegado del Gobierno por  su actuación en las concentraciones del 8 M.
• [12] OKdiario, 30/5/2020
• [13] Un informe de la Guardia Civil sobre la posible responsabilidad penal de las autoridades por haber permitido la marcha feminista del 8M aviva el principal argumento contra la presunta imprevisión del Gobierno en la crisis de la COVID-19. El documento, solicitado por la juez que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, señala también al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, por haber tolerado la manifestación mientras desaconsejaron otras concentraciones durante los días previos al estado de alarma. De este último llega a decir que algunas de sus palabras «implican un propio riesgo para la comunidad«.

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