Las asociaciones Tas-Raíces, El Criterio, Valentia Forum y Somatemps, MANIFIESTAN que la nefasta gestión del gobierno social-podemita de la crisis sanitaria y social provocada por el Covid-19, ha puesto al descubierto una profunda crisis estructural, y no meramente una tragedia coyuntural. A pesar, por parte del Gobierno, de intentos de control mediático, de persecución de las redes sociales y de la conculcación de derechos fundamentales una parte del pueblo español se niega a vivir sometido al totalitarismo y a la ruina moral y económica.
Los momentos dramáticos por los que hemos pasado, han generado un amplio movimiento de protesta social-patriótica en toda España. Cientos de miles de ciudadanos han salido a la calle para exigir la dimisión de este gobierno incompetente, traidor y demagogo. Manifestamos nuestro total apoyo a este movimiento popular, en el cual estamos participando activamente. Pero no queremos que la emergencia de la situación, nos impida descubrir el verdadero problema de España.
Estamos ante una crisis de un Régimen no de un gobierno. Y esta crisis se enmarca en vertiginosos movimientos geopolíticos en los que ni España ni la Unión Europea parecen tener un papel relevante. Consideramos que los movimientos de protesta no deben limitarse a exigir la dimisión de este gobierno. La casta política que rige nuestros destinos -a la par de su manifiesta mediocridad- es la consecuencia de la partitocracia instalada en el Régimen del 78; un sistema que ahogó las formas de representación social y entregó nuestra soberanía política y económica a la Unión Europea.
España ha quedado sumida, repetimos, en una miseria moral y económica que arrastrarán varias generaciones. Este es el fruto de un Régimen que está llegando a sus últimos estertores. Por ello, aunque es imprescindible la dimisión de este gobierno, también lo es el cambio de Régimen. Pues la culminación lógica y última de esta corrupta partitocracia es la disgregación de España y la implementación de un régimen filocomunista; o la venta integral de nuestra nación a los intereses político-económicos mundialistas.
Con la Constitución de 1978, fruto de un consenso entre aquellos que buscaban salvaguardar su estatus antes que sus principios; y los que deseaban la revancha por una guerra que nunca ganaron, se puso en marcha un marco legal y político que ha llevado a España al desastre presente. Muchos españoles de buena fe consideran que la defensa de la Constitución del 78 es la última trinchera para salvar nuestra nación de su descomposición. Pero pocos son los que quieren reconocer que fue precisamente la causa de los males que ahora se quieren evitar.
Desde hace 40 años, amparados por la legalidad vigente, los sucesivos gobiernos de España la han desangrado. El gobierno de la UCD puso en marcha el sistema autonómico que, aparte de ser insostenible económicamente, está poniendo en grave peligro la unidad de España y cualquier forma de consecución del Bien común. El gobierno del PSOE, de Felipe González, privatizó las empresas estratégicas públicas, desmanteló la industria española e introdujo la precariedad laboral y la política de la subvención. Se creaba así una masa de ciudadanos dependientes del Estado.
El gobierno del PP de Aznar entregó nuestra soberanía económica a la Unión Europea, pactó con separatistas, a los que hizo innumerables concesiones, dejó a los sectores agrícolas y pesqueros en la más absoluta labilidad; renunció a una política exterior limitándose al seguidismo de los EEUU, abrió las puertas a la inmigración descontrolada, y, para acabar de reírse de sus entusiastas seguidores, afirmó que su referente político era Manuel Azaña. El gobierno socialista de Zapatero despertó el guerracivilismo, reabriendo heridas que ya estaban cerradas para ganar una guerra que perdieron las izquierdas hace 80 años.
Durante todas estas décadas, lentamente se ha gangrenado la institución familiar, célula básica de la sociedad. La autoridad de los padres ha sido laminada por un sistema y leyes educativas más propias de un sistema soviético que de una sociedad libre. El Estado se ha arrogado el derecho de imponer lo que es bueno y malo moralmente, hasta llegar a una inversión total del Derecho Natural. El aborto masivo ha causado un silencioso genocidio con consecuencias éticas y demográficas irreparables, la ideología de género se ha convertido en un dogmatismo estatal contra la voluntad de los padres. La educación sexual se ha convertido en un instrumento de dominación.
Recientemente el gobierno del PP de Rajoy fue incapaz de responder contundentemente al desafío separatista catalán y abandonó a los catalanes patriotas a su suerte. Envuelto en escándalos, renunció al gobierno de la nación para dejarlo en manos de uno de los más mediocres, perversos e infantilizados políticos que hemos tenido: Pedro Sánchez. Como buen discípulo de Zapatero ha continuado su hoja de ruta que lleva inevitablemente a la destrucción de España.
Es imposible que la casualidad sea la causa de tal retahíla de políticos ineptos. No somos tan ingenuos como para creer que un cambio de gobierno pueda redirigir el barco de la nación a buen puerto. España no necesita solamente otro gobierno. España necesita un cambio de Régimen político. Algunos, ingenuamente, piensan que hay que mantener el actual para que no devenga una república bolivariana. Pero este es precisamente su último e irremediable efecto. Por eso es imprescindible un cambio estructural de nuestra arquitectónica política.
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Es urgente poner fin al Estado de las autonomías, mediante la recuperación de las competencias, por parte del Estado, que atañen al Bien Común. Ello no implica una mera recentralización burocrática, sino que se debe aplicar el principio de subsidiariedad. Ello significa proteger a la familia; que los municipios retomen sus competencias naturales arrebatadas por las Taifas autonómicas y el propio Estado. Hay que simplificar el sistema administrativo territorial y las duplicaciones burocráticas. Las tradicionales Diputaciones pueden cohesionar territorios sin necesidad de macro administraciones autonómicas.
Hay que desarrollar una profunda reforma de los cauces de participación política, donde se tengan en cuenta los cuerpos intermedios de la sociedad y los estamentos que dimanan de la misma (asociaciones, colegios profesionales, sindicatos, representación territorial o grandes instituciones como las universidades). La representación política no pueden acaparar unilateralmente todas las decisiones estratégicas de una nación sin tener en cuenta los funcionarios públicos técnicos y sólo escuchando a los promocionados por egoísmos partidistas. Igualmente es necesaria la participación de los cuerpos sociales implicados en esas decisiones.
España debe urgentemente lograr su reindustrialización, potenciar sectores estratégicos como el sanitario, recuperar la autonomía -frente a la Unión Europea- de nuestra agricultura, ganadería y pesca. Eliminar definitivamente la política de las subvenciones por no producir. Se debe potenciar la centralidad del mercado interior y la defensa de nuestros productos frente a la competencia de países con bajísimos costes laborales por la explotación de sus trabajadores. Se deben llegar a grandes pactos de Estado especialmente en el ámbito de la educación, auténtico eje de vertebración entre generaciones y la verdadera riqueza de un Pueblo.
Hemos de entrar en un nuevo paradigma que nos posicione firmemente contra la Globalización, redefinir la función de las fronteras como mecanismos para impedir la expoliación fruto del libre flujo de economías financieras y no productivas; o frente a la inmigración descontrolada antes de que se convierta en un proceso irreversible que ponga en peligro nuestra identidad cultural y nacional. Con otras palabras, hay que garantizar la unidad no sólo territorial de nuestra Patria, sino también la moral, la cultural y la económica. Y para ello necesitamos un nuevo Régimen no un nuevo gobierno.
¡FRENTE A ESTE RÉGIMEN: LIBERTAD!
En un lugar de España, 13 de junio de 2020
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