Todavía están en el aire las afirmaciones realizadas por Isabel Celaá cuando la acusaron, con razón, de utilizar el proyecto de ley de educación para atacar la educación concertada; afirmó que dichas acusaciones eran «fake news», y que  «las familias no tienen nada que temer».

Sin embargo, hoy nos enteramos que el Gobierno pretende excluir a la enseñanza concertada de la percepción de los fondos de reconstrucción necesarios para adaptar los centros escolares a los nuevos requerimientos tras la pandemia del COVID-19.

La izquierda sigue empeñada en atacar la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, y la derecha sigue empeñada en guardar un cómplice silencio.

Sin libertad es imposible la educación, y no deja de resultar curioso que la izquierda, favorable en otros temas a la libertad de elección (libertad para elegir la identidad sexual, libertad para elegir la nacionalidad a la que uno pertenece, la libertad para elegir matar al niño concebido, pero no nacido ..,), en materia de educación haya elegido el camino de la imposición, de la imposición de una educación pública, laica, y deshumanizada, es decir, la imposición del adoctrinamiento frente a la verdadera educación.

No es el momento de definir lo que sea la libertad, es suficiente con decir que no hay libertad, sin verdad, y la verdad no acompaña en esta ocasión, como en tantas otras, a los defensores de un liberalismo basado únicamente en el voluntarismo, y en la imposición totalitaria de dogmas ideológicos.

El pueblo español está cansado de escuchar mensajes que tratan de presentar la educación concertada como usurpadora de fondos públicos, que tratan de concebir lo público únicamente ateniendo a su forma de financiación, sin reparar que lo público se define por el servicio social que aporta, independientemente de los cauces de financiación. En este sentido patrimonial son públicos los altos sueldos de nuestros políticos, sin embargo, de poco nos sirve si el disfrute es personal de cada uno de los perceptores de dichos fondos, e igualmente es fácil constatar como la educación (pública, concertada, o privada) es un bien público, pues sus beneficios nos aprovechan a todos como integrantes de la sociedad.

Cuando hablamos de la educación concertada, hablamos de una opción educativa abierta a las clases medias y trabajadoras, por lo que privar a este tipo de educación de los fondos necesarios para su adaptación tras la crisis sanitaria, es privar a las clases medias de unas ayudas de las que deberían ser legítimos perceptores.

La comisión de Reconstrucción constituida en el Congreso de los Diputados está empeñada en ser la comisión del liberticidio, y del avance de un tremendo régimen totalitario que tiene el terreno preparado tras décadas de políticas liberales y socialistas, más preocupadas en el control social, que en el verdadero desarrollo de los pueblos.

La ministra Celáa busca directamente el desmantelamiento de la red concertada, mediante el empobrecimiento de las familias, y el intervencionismo estatal en todos los ámbitos educativos, y per se este intervencionismo no sería un problema si enfrente hubiera un movimiento social estructurado capaz de defender sus derechos. Pero el frente de oposición no existe, pues la Iglesia abandonó hace mucho la defensa de la educación, no como negocio, sino como instrumento idóneo para favorecer el desarrollo espiritual y material de las jóvenes generaciones. Hace años que la iglesia, las asociaciones de padres, y los movimientos civiles han permitido que el gobierno fije los contenidos educativos con total desprecio a la verdad, adoctrinando a nuestros hijos en una cultura hedonista, materialista, y voluntarista. Cansados estamos de denunciar los contenidos pornográficos en la educación, de denunciar la difusión de ideas contra natura representadas por la ideología lgtbi, cansados de denunciar contenidos que enfrentan a los dos únicos sexos que existen, habiendo entregado la educación a ideologías feministas que buscan la destrucción de la familia.

Si algo ha demostrado la pandemia del COVID-19 ha sido el desinterés manifiesto de nuestros políticos por la verdadera educación, nuestros jóvenes llevan cuatro meses sin clases, los aprobados han sido un regalo caído del cielo que no han exigido esfuerzo alguno, los padres obligados a teletrabajar no han tenido posibilidad de cuidar correctamente a sus hijos, que han sido condenados a estar enganchados a Tablet, móviles, y demás instrumentos de enajenación.

Sin libertad no hay educación, pero tampoco hay verdadera sociedad, es hora de levantar a un pueblo adormilado que ha perdido el más elemental sentido común: sin verdad, no podemos construir una sociedad libre, y sin ciudadanos comprometidos, no podemos defender la verdad.

Advertisement. Scroll to continue reading.

TE NECESITAMOS: Google nos ha censurado la publicidad por ser peligrosa nuestra información. Somos un espacio de análisis lejos de los dogmas de la corrección política por lo que puedes  colaborar haciendo una DONACIÓN (pulsando aquí)

COMPARTE: