Por Agustín De Beitia

Tras denegarles la prisión domiciliaria ante la pandemia, en las últimas horas se informó de dos muertos y otros 27 casos de Covid-19 entre presos de lesa humanidad alojados en la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo, en lo que amenaza con convertirse en un dolor de cabeza para las autoridades. 

Uno de los fallecidos es Juan Domingo Salerno, suboficial retirado de la Policía bonaerense, de más de 70 años, arrestado en noviembre último. Padecía un severo cuadro de diabetes y delicados problemas cardíacos, por los que había sido internado en un hospital de Bella Vista. El otro es el coronel Edberto González de la Vega. 

Los contagios corresponden al total de reclusos del Pabellón B (que fue vaciado y clausurado) y un tercio de los detenidos en el Pabellón A. Los otros pabellones están aislados. También hay entre 7 y 11 guardia cárceles y un número no precisado de personal de Ejército, que sería trasladado al Hospital Militar Central y al Hospital Militar de Campo de Mayo. 

Los 27 presos contagiados en Campo de Mayo tienen una edad promedio de 74 años, muchos con enfermedades prevalentes, por lo que se encontraban entre la población de riesgo. Los pedidos para que se concediera la prisión domiciliaria a estos detenidos habían sido denegados en más de una oportunidad con el insólito argumento de que estarían mejor en la cárcel que en sus propios hogares. 

Entre los presos que dieron positivo se encuentran Julio Alberto Almada, Hugo Castagno Monge, Rubén Carlos Chávez, Raúl Angel Córdoba, Héctor Raúl Francescangeli, Ricardo Juan García y Jorge Omar Lazarte. 

Además, figuran Carlos Hugo Leguizamón, Orlando Osmar Pérez, Ricardo René Perrin, Juan Nazareno Risso, Miguel Luis Slattery, Eduardo Salvador Ullua y Walter Omar Ale. 

En la lista se encuentran también Héctor Omar Amado, Rubén Osmar Andrade, Bernardo Caballero, Carlos Castillo Novara, Omar Edgardo Di Nápoli, Gerardo Enrique Ferrer, Carlos Alberto Ferreyra y Carlos Jorge Franke. 

La nómina se completa con Jorge Luis Guarrochena, Ramón Abel Recio, Julio Héctor Simón, Eduardo Ramos Campagnolo y Ramón Carlos Velasco. 

Hasta ahora, de 104 pedidos de domiciliaria presentadas por presos de lesa humanidad se habían otorgado solo 17 mientras que otros 41 fueron denegados, según datos de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad. Un beneficio que sí se concedió a otros detenidos por causas de corrupción, como el ex vicepresidente Amado Boudou, que tiene apenas 57 años y ninguna enfermedad grave, y antes de la pandemia, al ex ministro Julio de Vido o a Lázaro Báez, entre otros. 

El martes pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional -Sala 6- resolvió un habeas corpus presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación a favor de más de 40 detenidos en alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires con Covid-19 positivo, según la doctora María Laura Olea, de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia. El citado tribunal ordenó el traslado inmediato de tales detenidos a las unidades carcelarias del Servicio Penitenciario Federal. 

El resultado de esa medida produjo el traslado de 11 ancianos enfermos, todos mayores de 70 años y algunos minusválidos, alojados en el llamado hospital penitenciario al pabellón 6 de la Unidad Penal 31 de Ezeiza, donde carecen de la atención que sus edades y condiciones de salud requieren, añadió la doctora Olea. 

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Uno de ellos se encuentra infectado, y fue internado en el Hospital Muñiz, mientras que los 10 restantes esperan el resultado del hisopado, que se conocería esta misma noche. Mientras tanto comparten baños, pasillos, comedor y un patio, según confirmó uno de los reclusos a este diario. 

Ante esta situación, la defensora oficial de Lomas de Zamora, Julia Coma, presentó un habeas corpus colectivo por estos 10 presos ante el Juzgado Federal N2 de Lomas de Zamora (expediente 18814/2020), para que aquellos que dieran negativo pudieran cumplir el arresto en sus domicilios. 

Todas las advertencias sobre lo que podía ocurrir fueron desoídas. Según la doctora Olea, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura que funciona en el ámbito del Poder Legislativo, había recordado la condición de garante del Estado respecto de las personas detenidas, y recomendado a los magistrados que resolvieran con la mayor celeridad posible las solicitudes de arresto domiciliario para la población de riesgo. 

También la Cámara Federal de Casación Penal había urgido a adoptar un protocolo para la prevención del coronavirus, mientras que el Procurador Penitenciario, Francisco Mugnolo, había solicitado a la Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal que se recomendara a los magistrados que tomen en consideración la aplicación de medidas alternativas a la prisión carcelaria. 

No obstante, indicó la abogada, la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo de Angeles Ramos, siguió oponiéndose a conceder esas prisiones domiciliarias, y los magistrados -salvo pocas excepciones- continuaron negándoselas con argumentos contrarios a las recomendaciones internacionales, al derecho humanitario y al sentido común. 

Fuente: La Prensa

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