Es cierto que España, como todos los países Europeos, tiene un gran problema de sostenibilidad del sistema de protección social, y que es urgente una reforma integral del sistema de pensiones, no obstante, este problema no sólo afecta a las pensiones de jubilación, sino que es un problema endémico que afecta a todos los aspectos de los sistemas intervencionistas estatales (ya sean de corte liberal, o de corte socialista, que al fin y a la postre viene a ser lo mismo).

Según el informe hecho público por el Banco de España por cada 1.000 euros cotizados a la Seguridad Social durante su vida como trabajadores, los jubilados perciben 1.740 euros de pensión. Ese es el cálculo después de estimar la rentabilidad anual del sistema, que sitúa en un promedio anual del 3,5% tras descontar el efecto de la inflación.

Además, el organismo regulador señala que el ritmo de revalorización de las pensiones ha sido marcadamente superior al crecimiento de la economía, cuya trayectoria durante las últimas cuatro décadas refleja un ascenso medio del 2,3% anual después de la inflación. Tal porcentaje se sitúa un 35% por debajo del 3,5% de rentabilidad real que arroja hoy el sistema.

Este diferencial irá a más si se confirma la desaceleración del crecimiento económico español a medio y largo plazo. El Banco de España cree que, durante las décadas venideras, la capacidad de crecimiento potencial se moverá en torno al 1,3% anual, lo que significa que el ritmo de aumento de las pensiones observado hasta ahora es tres veces mayor a la capacidad de crecimiento que se estima para la economía de nuestro país en los próximos años.

El informe del Banco de España estima el rendimiento financiero que proveería el sistema de pensiones español para una muestra de altas de jubilación del año 2017, calculado a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales. Los resultados señalan que el rendimiento real medio anual —entendido como el factor de descuento que iguala el valor presente de las cotizaciones durante la vida laboral y el de la pensión esperada— alcanzaría el 3,5 %, siendo los percentiles 25 y 75 de la distribución de los rendimientos estimados el 2,5 % y el 4,2 %, respectivamente.

En términos de coste por pensión unitaria, según el Banco de España, el sistema proveería más de un euro de prestación por cada euro de cotización aportado para la mayor parte de los individuos de la muestra. En media, las altas de 2017 recibirían 1,74 euros de prestación por cada euro de cotización, siendo los percentiles 25 y 75 de la distribución 1,25 y 2,03 euros, respectivamente.

Con este informe el Banco de España pretende condicionar los debates del Pacto de Toledo, sin embargo, parece que nadie se está replanteado la necesidad del repliegue de las competencias del Estado, la necesidad de recortar los gastos públicos, no vía prestaciones ciudadanas, sino vía bienestar del Estado y de la clase política. Ha llegado el momento de discutir el estado moderno fruto de la Revolución Francesa, y remodelado con las aportaciones de la social democracia del pasado siglo, y discutir el sistema partitocrático responsable del aumento continuado del gasto público y de la erosión de la cohesión social.

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