Es evidente que el equipo jurídico de Podemos es de la misma categoría intelectual que los líderes de la formación morada, y que la nulidad es la cualidad más generosa que se puede predicar de dicho equipo.

Si ya cometieron un error garrafal en el caso Dina, al querer mantener contra viento y marea una denuncia a sabiendas de su falsedad, en el asunto de la financiación irregular del partido comunista tampoco andan finos.

Por los medios de comunicación sabemos que Pablo Iglesias y sus acólitos han presentado a la desesperada un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la nulidad de la causa en la que se investiga la financiación ilegal de la formación, y que de momento ha determinado la imputación formal del partido, y la de tres altos cargos.

Según los abogados podemitas las pruebas con las que cuente el juez fueron obtenidas de forma «ilícita».

Mala estrategia procesal

En su recurso el equipo jurídico de Podemos llega a afirmar que  el auto de imputación «adolece de nulidad radical y de pleno derecho, en tanto que la documentación aportada por el denunciante habría sido obtenida vulnerando el deber de sigilo y confidencialidad que acarreaba el ejercicio de las funciones de su cargo, en detrimento del derecho fundamental a la intimidad que es predicable tanto de las personas jurídicas así como de los miembros que la componen y de terceras personas afectadas por dicha intromisión injustificada«, es decir, sin atacar el fondo del asunto, pretenden hacer uso de la doctrina del árbol envenenado; si el árbol está envenenado (la documental aportada en instrucción), lo frutos (todas las pesquisas judiciales posteriores) también están envenenados.

Esta táctica procesal, que por lo demás es común en los procesos penales, se usa cuando no se tienen argumentos fuertes en la defensa y se trata de ganar el pleito simplemente por cuestiones formales. Cuando un abogado tiene pruebas que evidencian lo endeble de las pruebas de cargo, combate con rotundidad el fondo, y no se queda únicamente en cuestiones procesales.

Es precisamente la estrategia procesal de Podemos la que está envenenada: si su estrategia triunfa, el pueblo español habrá comprendido que Podemos se financiaba ilegalmente, y que simplemente se ha escapado de la sanción penal, no por ser falso lo denunciado, sino por no haberse seguido el procedimiento correcto. Si la tesis de la nulidad no triunfara, Podemos habrá convertido una prueba más (la documental aportada por el denunciante) en la principal prueba de cargo, y además habrá puesto en preaviso al juez instructor que se cuidara mucho de obtener nuevas pruebas, por nuevos procedimientos de investigación (testificales, documentación intervenida por otros cauces, declaraciones …).

Podemos siempre ha hablado de la justicia popular, y resulta que esa justicia popular ya ha dictado su sentencia: CULPABLES. Ahora no es el momento idóneo para que Pablo Iglesias se acoja a la presunción de inocencia, pues su formación la ha negado sistemáticamente, e incluso recientemente se la han negado al anterior Jefe de Estado, Juan Carlos de Borbón.

El origen de las pruebas

La defensa de Podemos afirma en el escrito de recurso que «como puede comprobarse tanto del texto de su denuncia como de la declaración prestada en sede judicial, resulta obvio que la documental aportada fue obtenida en el ejercicio de sus múltiples cargos y funciones en Podemos. El hecho de que su régimen de contratación fuera por cuenta ajena en absoluto altera ni su prerrogativa ni su obligación de guardar secreto profesional, las cuales permanecen incólumes, conforme reconocen expresamente tanto el artículo 27.4 del Estatuto General de la Abogacía Española como el artículo 46 de los Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona», es decir que Podemos trata de justificar que cualquier empleado de la formación tiene la obligación de guardar silencio, por más que sean testigos de casos de corrupción, o sean conocedores de la perpetración de un delito.

Podemos se opuso a la Ley Anticorrupción de Ciudadanos

Ahora entendemos el motivo por el que el PSOE y Podemos rechazaron el pasado mes de junio la ley anticorrupción de Ciudadanos, que entre otras cosas pretendía blindar a los denunciantes por corrupción, pues de haberse aprobado esta ley difícilmente podrían utilizar ahora como estrategia procesal ese supuesto secreto profesional de Calvente. No obstante, hay que recordar que ningún ciudadano puede abstenerse de su deber de denunciar la posible comisión de un delito.

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Pablo se arrepiente de su chulería

Lo más gracioso de todo el asunto es que por primera vez Pablo Iglesias se arrepiente de su chulería y de sus malos modos, pues hace meses que ante las fundadas sospechas de financiación ilegal Pablo Iglesias reto ante las cámaras a quien tuviese pruebas a presentar las pertinentes denuncias ante los juzgados.

Pues resulta que algunos le cogieron la palabra, y eso es precisamente lo que hicieron, presentar una denuncia que de momento ha prosperado, pero ahora Iglesias y los suyos no ven con buenos ojos la chulería, y se arrepienten de haber lanzado un reto que se ha vuelto contra sus intereses, así según el recurso, «las manifestaciones de representantes del partido por las cuales se advertía que cualquier persona que denunciara actos irregulares o ilícitos tendría que probarlo ante los tribunales no pueden ser entendidas como invitaciones genéricas a vulnerar el secreto profesional ni por supuesto ningún tipo de autorización expresa para divulgar documentación e información que hubiera obtenido en el ejercicio de su cargo, que afectaría no sólo al partido sino a terceras personas que ahora resultan investigadas», es decir, que Pablo pasa por tragarse su chulería y da órdenes a sus abogados para que reconozcan que esa invitación a denunciar era una invitación retórica, que lo único que pretendía era eludir las preguntas de los periodistas.

El golpe de estado, la verdadera estrategia de Podemos

No obstante, la estrategia extraprocesal de Podemos sí que resulta clara. Ante el batacazo en las últimas elecciones gallegas, y vascas, la cada vez más clara perdida de apoyos electorales, y su mermado músculo económico (sus vías de financiación, tanto boliviana, venezolana, como iraní, ya presentan agotamiento), ya solo puede recurrir al golpe de estado para afianzar su posición.

En este golpe de estado moderno (que nadie se imagine asonadas militares como las del siglo XIX, ni el chapucero golpe del 23-F) de momento cuentan con el apoyo de Pedro Sánchez, de parte de la estructura del PSOE, y con el silencio de la gran mayoría de los socialistas. Este golpe de estado comenzó con el apoyo de los nacionalistas para la investidura, continuo con el ataque sistemático a las instituciones (monarquía, justicia, medios de comunicación, Iglesia), y de momento termina con el empobrecimiento general de los españoles, a los que quieren convertir en paniaguados mediante la distribución de subsidios que conviertan a la mayoría del pueblo en dependientes de la administración pública.

Que nadie dude que a partir de septiembre empezará el ataque directo a Felipe de Borbón, y el control del Poder Judicial (con el permiso del Partido Popular), y que la contraofensiva será resucitar los casos de corrupción que todavía tiene pendiente el Partido Popular.

Igualmente, en los próximos meses veremos cómo se ataca sistemáticamente a las grandes empresas, y se les acusa del desempleo, de los bajos salarios, y de la actual situación económica del país, con el claro objetivo de aprobar una subida de impuestos que les permita aprobar nuevos subsidios con los que comprar la voluntad ciudadana. En el próximo escenario no habrá disminución del gasto público, ni bajada de impuestos, sino que la administración seguirá creciendo en poder, y en gasto, y el ciudadano seguirá viéndose expropiado en sus derechos.

Igualmente, en los próximos meses se agitará el peligro del COVID para mantener a toda la población recluida, y se fomentará de forma inhumana el teletrabajo, con el fin de mantener a los ciudadanos desconectados del mundo real, y romper las endebles estructuras sociales que pervivían (familia, amigos, compañeros de trabajo), para aislar al individuo y desincentivar la posibilidad de arbitrar un frente común para tratar de derrocar el nuevo sistema totalitario que quieren imponernos.

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