El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas aplaudió la decisión de Argentina de no deportar a una madre de tres menores de edad que ya había cumplido previamente su sentencia por un delito de tráfico de estupefacientes.
Los expertos indicaron que Argentina decidió priorizar el interés superior de los menores y su decisión ha sentado un precedente que demuestra que el uso del mecanismo de quejas individuales ante el Comité puede prevenir violaciones a los derechos de los niños.
La madre de los menores, Rosario, es una ciudadana peruana que inmigró a Argentina el año 2000 y fue detenida al entrar al país por posesión de estupefacientes, sentenciada a prisión y sujeta a posterior expulsión.
Tras su puesta en libertad el año 2003, la Dirección Nacional de Migraciones Argentina solicitó su deportación al año siguiente. La mujer apeló la decisión hasta llegar a la Corte Suprema.
Durante el proceso judicial, la mujer conoció a su pareja, con quien tuvo dos hijas, y un hijo nacido el año pasado. Rosario notificó a las autoridades del nacimiento de sus hijos y alegó que su deportación violaría los derechos de los menores.
La Corte Suprema rechazó la revisión del caso y confirmó la expulsión de Rosario, por lo que sus tres hijos presentaron una queja ante el Comité en julio del 2019.
El Comité actuó de inmediato y solicitó a Argentina que tomara medidas provisionales para frenar la deportación, recalcando el daño irreparable que causaría a la separación de los menores de su madre. Las autoridades del país suspendieron la deportación y otorgaron residencia permanente a Rosario en julio del año 2020.
La presidenta del Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones Individuales y miembro del Comité, Ann Skelton señaló que “si Rosario hubiera sido deportada, sus hijos habrían tenido que ser separados de su madre u obligados a dejar Argentina, el único país que conocen, su país de nacionalidad y nacimiento”.
Skelton añadió que cualquiera de las dos opciones anteriores habría supuesto un impacto “en la integridad personal, la identidad y el desarrollo de los niños”.
“Encomiamos a Argentina por tomar el interés superior del niño como una consideración primordial para reevaluar la deportación, y por reconocer la naturaleza vinculante de las medidas provisionales solicitadas por el Comité de los Derechos del Niño,” concluyó la experta.
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