Aunque nacieron en la provincia 53 del Estado español y tenían DNI, aquellos saharauis y sus descendientes no tienen derecho a la nacionalidad española por decisión del Tribunal Supremo. Ya son más de 4500 los que se han integrado en el “Colectivo de ciudadanos saharauis nacidos bajo soberanía española”, organización que se ha dirigido en busca de apoyo a todos los partidos políticos españoles y al Defensor del Pueblo en su batalla para que se les reconozca el derecho de ciudadanía española.

Anteriormente, el 7 de agosto, el colectivo entregó en la casa de España en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, cartas dirigidas a la Presidencia del Gobierno de España, al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional para denunciar que la sentencia del TS de mayo de 2020 les margina y desconoce la historia de la excolonia española, entregada a Marruecos a finales de 1975, al excluirles de la ciudadanía española.

El Tribunal  Supremo establece que los saharauis nacidos en la excolonia española y sus descendientes antes de 1975, no tienen derecho a la nacionalidad española de origen al establecer que este territorio no se puede considerar España en la etapa en la que fue administrado por Madrid.

Los saharauis están dispuestos a luchar por la nacionalidad española y, según  fuentes del colectivo, diariamente se suman a la organización hasta cien ciudadanos del Sáhara Occidental que estaban censados en 1974 que aportan su documentación española. Al colectivo se han adherido numerosos españoles que vivieron en la que fue la provincia 53.

En la carta que el colectivo saharaui remitió a la Presidencia del Gobierno de España se detallan los sólidos y determinantes vínculos históricos, culturales, políticos y sociales entre el territorio del Sáhara Occidental y sus pobladores con la “patria madre, España”, y  que desde el tratado del 26 de diciembre de 1884 entre España y los pobladores del territorio hasta 1975 hubo acontecimientos que evidencian el profundo vínculo entre España y los nativos.

Se recalca que hasta 1975 el Sáhara Occidental era “provincia española”, no colonia española, y que la presencia española tuvo una primera fase colonial, después otra provincial y al final una de descolonización que no ha concluido ni política ni jurídicamente.

Para el colectivo la sentencia del Supremo es un “error jurídico y constitucional” que va en contra del decreto de Presidencia de 10 de enero de 1958, que declaró el Sáhara Occidental provincia española, tanto “como el resto de las provincias españolas”.

Dice que entre los saharauis censados por la administración española hasta 1974 hay, entre otros, pensionistas del Ministerio de Defensa que sirvieron lealmente al Estado, ciudadanos que trabajaron en la administración española y contratados por empresas que no recibieron su finiquito.

Los saharauis afirman que tienen un sentimiento de desamparo y abandono por parte de la administración española y piden al Gobierno y a los tribunales españoles que retomen esta causa y reconozcan el derecho de un colectivo que “a lo largo de su historia no ostentó ninguna otra nacionalidad que no sea la española, hasta el abandono del territorio por parte de España”.

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