La Comisión Episcopal de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana y Cáritas de Venezuela, “rechazan categóricamente la violación de derechos y la privación de libertad de los trabajadores humanitarios de la organización Acción Solidaria”, y denuncian el “poco transparente procedimiento aplicado al allanar la sede de esta ONG”, que se dedica a la distribución de medicamentos y asistencia médica a las personas afectadas por la crisis que vive el país desde hace tiempo.

Ayer por la tarde, 7 de septiembre, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), conocidas como la «policía política» del régimen de Maduro, irrumpieron en la sede de la ONG en Caracas y detuvieron a algunos trabajadores humanitarios.

En el texto de la nota, enviada a Fides, se subraya que “estas acciones coartan la libertad operativa de los trabajadores humanitarios en el país y los colocan como objetivos de persecuciones y amedrentamiento». Por tanto, los obispos y Caritas piden al Estado, «responsable de preservar la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad humanitaria en todo el territorio nacional”, que no criminalice “las actividades inspiradas en los principios humanitarios y el derecho internacional humanitario, ni afectar los bienes dirigidos a mitigar las necesidades de auxilio en los ámbitos de salud, alimentación, agua y otros servicios esenciales para la vida de más de 7 millones de personas vulnerables en el país”.

Por último, piden «total claridad» sobre esta situación concreta que afecta a Acción Solidaria y preocupa a todos los defensores de derechos humanos del país.

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